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La Casa Blanca ha anunciado que no cooperará con la investigación de la Cámara de Representantes hacia un juicio político contra el presidente de Estados Unidos. En una carta de ocho páginas, aseguran que se trata de un esfuerzo ilegítimo y partidista para “anular los resultados de las elecciones de 2016“ y que “viola la Constitución“.
Concluyen por lo tanto que ningún miembro del poder ejecutivo participará en la investigación. No habrá comparecencias ante los comités, ni se entregarán los documentos solicitados.
La carta, firmada por el abogado de la Casa Blanca Pat Cipollone en nombre del presidente estadounidense, se interpreta en Washington como una declaración de guerra al poder legislativo.
Argumenta que la investigación no proporciona a Trump los derechos establecidos en el proceso. Y que no va a permitir que se distraiga al poder ejecutivo por una batalla política. “El presidente tiene un país que liderar“. Trump constantemente se defiende con el argumento de que los Demócratas "quieren destruir al partido Republicano y al Presidente"
La presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, respondió asegurando que Trump no está por encima de la ley y tendrá que “rendir cuentas“. Acusa a la Casa Blanca de emprender un último intento de “encubrir su traición“ y sugiere que habrá consecuencias. "Los esfuerzos continuos por esconder la verdad sobre los abusos de poder del presidente frente a los estadounidenses serán considerados como nuevas pruebas de obstrucción", advierte el comunicado de Pelosi.
Los demócratas de la Cámara de Representantes insisten desde el principio del proceso en que no cumplir con las citaciones enviadas por el Congreso puede ser una ofensa grave que justifique en sí misma un proceso de destitución.
La decisión de la Casa Blanca deja ahora a Pelosi en una situación difícil. Solo tiene dos opciones: continuar la investigación sin la colaboración de la Casa Blanca o empezar una batalla judicial que puede durar meses. Esto llega horas después de que la administración Trump bloqueara la comparecencia del embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland.
Los demócratas advirtieron entonces que el presidente estaba obstaculizando el proceso. Consideran a Sondland una figura clave en las gestiones previas y posteriores a la polémica conversación telefónica entre Trump y el presidente de Ucrania del pasado 25 de julio, después de que se hayan publicado comprometedores mensajes de texto con otros diplomáticos estadounidenses.
El contenido de esta llamada salió a la luz en septiembre y dio pie a la decisión de los demócratas de dar un primer paso hacia un proceso de destitución contra el presidente Trump por solicitar a un gobierno extranjero que investigara al exvicepresidente de Estados Unidos y potencial rival electoral, Joe Biden.
Trump ha cargado insistentemente contra la investigación desde su apertura formal. Con mucha mayor intensidad en los últimos días. Considera que es una “caza de brujas“ y “acoso presidencial“ de los demócratas. Les acusa también de falta de transparencia y graves irregularidades en el proceso. La Casa Blanca argumenta como punto central de la carta que la Cámara de Representantes no ha convocado una votación para autorizar formalmente la apertura de la investigación. Algo que Pelosi ha descartado hacer de momento.
La Constitución da el poder al Congreso para “determinar las reglas de sus procedimientos“, pero no establece los detalles de cómo debe transcurrir el proceso de “impeachment“, ni hay reglas preestablecidas. Se adaptan a cada caso. El excongresista republicano Bob Barr, que formó parte del juicio político a Bill Clinton, definió el “impeachment“ como “una criatura en sí misma“. El texto y estructura constitucional, además de los precedentes judiciales y prácticas previas, revelan que se trata de un proceso y no se basa únicamente en una votación individual.
El proceso ha empezado en otras ocasiones por investigaciones en los comités parlamentarios. La mayoría de estadounidenses está a favor de esta investigación abierta por la Cámara de Representantes. Según la última encuesta de Quinnipiac, el apoyo se sitúa en torno a un 58%, casi diez puntos por encima que hace un mes. Un 45% cree que el presidente debería ser destituido, frente a un 49% que considera que no. Esta cifra se dispara hasta el 94% entre republicanos, mayoritariamente en contra de un juicio político al presidente de Estados Unidos.