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Este viernes se oficializa el certificado verde en Italia. Será necesario para acceder a todos los lugares de trabajo del país, lo que significa, por el volumen de ciudadanos implicados bajo la norma, la práctica obligatoriedad de la vacuna contra el COVID.
De hecho, Italia es el único país de Europa que obliga a tener el pase verde para poder acudir al puesto de trabajo. No existe ningún país en el mundo que haya decretado la obligatoriedad o bien de la vacuna o bien de un pase covid para acceder al puesto de trabajo, con multas incluidas.
Durante los últimos meses el debate de esta medida tan estricta, matriz de la política de recuperación económica de Draghi, ha rebotado en los discursos de todos los partidos. El objetivo del Ejecutivo es llegar al 90% de la población vacunada. La puesta en práctica del certificado verde abre muchas incógnitas en un país ya tenso por las presión de las infiltraciones violentas con origen fascista entre los antivacunas.
En la práctica el decreto que aprobaba Draghi hace un mes establece la necesidad del pasaporte COVID para todos los trabajadores de lo público y de lo privado, también voluntarios, también autónomos.
Para todos los trabajadores que no lo tengan se procederá a notificar una ausencia no justificada y a una suspensión de sueldo hasta que se presente el certificado. Los trabajadores tendrán que llegar a sus puestos de trabajo con los "pases verdes" y será allí en donde se controle si efectivamente lo tienen. Para los que incumplan e intenten acceder habrá multas desde 600 euros a 1500 euros.
Es fácil que mañana la situación sea de desconcierto, especialmente en algunos sectores, tal y como vienen indicando los sindicatos en los últimos días. A los parones por protestas antivacunas se pueden juntar los parones por trabajadores que no pueden acudir a su puesto o que no son capaces de acceder a una prueba que les facilite, al menos unas horas, el certificado verde. Se prevé una saturación ante una demanda tan grande de pruebas de antígenos y PCR.
Así, dependiendo del sector, pueden darse: falta de productos en los supermercados con motivo de la falta de trabajadores en la cadena desde la recogida a la caja del supermercado, retrasos en el transporte público porque no hay conductores suficientes, ausencia de carabinieri en la gestión del orden público (un 20% estaría sin vacunar) o falta de recursos que llegan en los camiones de transportistas de toda Europa que, pudiendo estar vacunados, no tienen una de las vacunas compatibles (por ejemplo la rusa, Sputnik, no lo es) con el certificado verde italiano.
El epicentro de las protestas se prevé en el puerto de Trieste, donde hay un 40% de no vacunados. Es el dato más alto con respecto a otros puertos o centros de trabajo italianos, más fácil de entender si se analiza que en las recientes elecciones administrativas la ciudad ha votado, mucho más que el resto de Italia, una lista abiertamente antivacunas. Amenazan con bloquear el puerto hasta que el Gobierno no cancele el green pass para toda Italia. Los sindicatos tradicionales, de hecho, rechazan esta radicalidad en el discurso y advierten la importancia de dejar ejercer el derecho al trabajo a aquellos que sí tengan el certificado verde.
Las protestas las lideran los sindicatos de base que están, hasta el último momento, en negociaciones con el Gobierno. La solución a corto plazo que parece más factible en este momento, y que ha propuesto el Gobierno, es que las empresas asuman el coste de la prueba COVID, previsto al trabajador. Una propuesta muy polémica que podría sentar precedente. Matteo Salvini, de la Liga Norte, que lleva meses pidiendo pruebas gratis para todos los italianos que deciden no vacunarse, no ha tardado en echarle en cara a Draghi que “apruebe” esta solución solo ahora que puede desatarse una crisis de servicios en el país.
Es un momento difícil para el Gobierno de consenso. No solo mañana, para el fin de semana se prevén nuevas protestas anti-vacunas tan violentas como las de hace una semana. El escenario que se presente en las próximas horas puede, incluso, hacer al primer ministro moverse de una posición que parecía innegociable: hacer pasar la recuperación a través de la vacuna obligatoria.