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Desde que Eskorbuto firmara la letra de este himno a la rebeldía en su Santurce natal en los años 80, hasta hoy, las actuaciones de algunas personas de los cuerpos de Policía de todo el mundo sufren un cuestionamiento acorde con la convulsión histórica actual.
En Estados Unidos, donde hace semanas que se vive un estallido social protagonizado por las protestas antirracistas surgidas a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd, incluso el presidente Trump se ha visto obligado a dar una respuesta política en forma de reforma policial que trata de “incentivar las buenas prácticas”, según sus propias palabras.
La reacción incendiaria surgida en Minnesota, continuada en el resto del país y secundada en el resto del planeta ha dado lugar a que la violencia policial sea cuestionada. Las Naciones Unidas, a través de su Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), publicaron recientemente un comunicado instando a las autoridades a realizar reformas para evitar la discriminación estructural de la Policía en Estados Unidos.
También el partido Demócrata norteamericano propuso una amplia reestructuración de los procedimientos y rendición de cuentas de la Policía a través de la redacción de la Ley de Justicia en Seguridad Pública, incluyendo una base de datos nacional que recogiera todos los incidentes de aplicación abusiva de la fuerza, la prohibición del uso de técnicas de asfixia, revisión de la ley federal de conducta ilegal de agentes involucrados en faltas graves y el cambio de algunas leyes que amparan las demandas a los agentes, limitando la protección legal de la Policía.
Ante esta presión y con un panorama político incierto a corto plazo en mitad de un año electoral, Donald Trump acaba de firmar un decreto que incluye parte de las demandas demócratas. Así, establece la prohibición de los estrangulamientos “excepto en casos de vida o muerte” para los agentes (ya existente en algunos departamentos policiales), la creación de la base de datos de registro de la violencia y abusos policiales, y la necesidad de que los agentes mejoren su entrenamiento.
Además, para que puedan recibir fondos federales deberán pasar por un proceso de certificación que demuestre el compromiso adquirido para ello, aunque el decreto no incluye obligación para ello, sino una simple recomendación, lo que ha provocado protestas por parte del partido Demócrata y algunos sectores de la sociedad.
La fuerza policial profesionalizada en el país norteamericano, como la conocemos actualmente, es relativamente reciente. Desde la primera fuerza policial organizada financiada con fondos públicos, surgida en Boston en 1838, a la existente hoy en día, hay un largo trecho. En estos momentos no hay una sola fuerza policial nacional en Estados Unidos sino que se organiza en distintos niveles conformados por la policía federal, estatal (los conocidos como highway patrols o state troopers), policías con propósitos específicos (para parques, escuelas o tráfico), policía de condado (los famosos sheriffs y alguaciles) y la local.
A estos hay que sumar la Guardia Nacional, que depende del mando de los gobernadores de cada estado. Es un cuerpo de reserva creado para apoyar a las policías locales, equipada de la misma manera que un ejército y que ha sido activada recientemente en las ciudades con toque de queda a raíz de los últimos disturbios raciales. También se moviliza para afrontar catástrofes naturales como terremotos, incendios o huracanes.
Además de las fuerzas policiales federales, hay alrededor de 75 agencias federales para aplicación de la ley que se dividen en dos categorías. Una recoge a las agencias de investigación como el FBI (Oficina Federal de Inteligencia, que se encarga de los delitos interestatales), la CIA (Agencia Central de Inteligencia, responsable de la seguridad nacional), el cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos (llamados Marshals, se centran en garantizar el orden público) y la DEA (Agencia anti Drogas); la otra incluye a las agencias de policía de Seguridad, como el Servicio de Protección Federal, el US Mint Police (policía encargada de la protección del Tesoro y la casa de la Moneda), la policía de Parques de los Estados Unidos y la Patrulla de Fronteras, entre otras.
En total, según un estudio de Naciones Unidas, el país tiene unos 800.000 policías cuyo objetivo es mantener el orden, algo que no es fácil donde la propiedad de un arma se considera un derecho protegido por la constitución. De hecho, para evitar que los cuerpos de seguridad se encuentren en desventaja disponen de una dotación que incluye desde armas semiautomáticas que pueden ser usadas en caso de creencia razonable de estar bajo peligro muerte o grave daño físico, a dispositivos tipo porras, pistolas de descargas eléctricas con un alcance de diez metros para inmovilizar a los delincuentes, chalecos antibalas y, en algunos casos, gas antidisturbios.
Toda este arsenal no siempre es exagerado porque los agentes de policía también suelen ser víctimas de los encuentros violentos. De hecho, entre 100 y 200 policías mueren en EEUU cada año en el desempeño de su trabajo y, según una base de datos realizada por el Washington Post sobre casos de violencia policial, más de la mitad de las personas abatidas por la policía en 2019 portaban armas de fuego.
Hace solo dos años, una abrumadora mayoría de los adultos estadounidenses (el 83% conforme a una encuesta de Pew Research Center) decía comprender los riesgos y desafíos a los que se enfrentan los cuerpos de seguridad. En estos momentos, tal y como se ha visto en las numerosas manifestaciones exigiendo el fin de la violencia policial, la situación parece estar más cerca que nunca del descontento que acabó dando lugar a los movimientos radicales musicales de los años 70 en sus inicios, en Reino Unido y Estados Unidos. Aunque a España esa muestra de rabia no llegó hasta los 80, nos muestra que la historia, cuando confluyen situaciones de crisis, paro y violencia, siempre se repite.