Al avanzar en su tercer día tras arrogarse todo el poder, el presidente de Túnez Kaies Saied consolida su apuesta, que la oposición califica de “golpe de Estado” contra la Constitución de 2014 y la joven democracia brotada de la revolución de los jazmines. El hastío y el respaldo de la sociedad al golpe de timón del mandatario explican la calma tensa que reina en las calles de las urbes tunecinas. Y disipan por ahora los temores a una confrontación civil tras las escenas de tensión del lunes.

Tras una jornada de protestas contra la gestión del Gobierno hasta entonces presidido por Hichem Mechichi, el domingo el presidente Saied decidía retirar la inmunidad parlamentaria de forma inmediata a todos los diputados, echar el cierre a la Asamblea de Representantes del Pueblo –en principio durante 30 días- y relevar al primer ministro. Durante la jornada del lunes el jefe del Estado cerraba el espacio aéreo, adelantaba el toque de queda a las siete de la tarde, suspendía durante dos jornadas la actividad laboral en la administración del Estado y relevaba de su puesto a dos de los ministros más importantes: Defensa y Justicia.

Si bien el principal partido de la oposición –primera fuerza del Parlamento unicameral del país magrebí-, la formación islamista Ennahda, instaba a Ejército, fuerzas de seguridad y población civil a oponerse el lunes al “golpe contra la Constitución, la revolución y la democracia” y animaba a su militancia a concentrarse junto a la Asamblea, al término de la jornada sus dirigentes decidían aplazar el pulso. No habían logrado concentrar a más de dos centenares de partidarios.

Los aledaños del Parlamento –custodiado por los militares, que habían impedido al presidente de Ennahda Rachid Ghannuchi acceder al interior- fueron escenario de choques –por momentos violentos- entre partidarios del presidente y militantes islamistas.

Este martes Ennahda –que tiene 54 de los 217 escaños de la cámara electa en noviembre de 2019- hacía público un comunicado que confirmaba el cambio de tono. En él, el partido islamista llamaba al “diálogo nacional y a la puesta en marcha de opciones colectivas capaces de sacar al país de todas sus crisis”. Una posición prudente que rebaja la tensión en la calle.

Lo cierto es que Túnez sigue tan dividido socialmente como hasta el lunes, pero la brecha entre seculares e islamistas –evidente desde el triunfo de la revolución de 2011- no vaticina de momento enfrentamientos civiles en la calle. Desde hace casi dos años, Túnez vive sumido en una crisis política permanente derivada de las tensiones entre la presidencia de la República y el Gobierno. De fondo, los repetidos enfrentamientos entre el presidente y el islamista Ghannuchi.

Por su parte, el destituido primer ministro aceptaba la situación asegurando que no será “obstáculo” ni elemento que añada “tensión” al momento. Mechichi, que había sido elegido en agosto de 2020 por el propio presidente –del que fue asesor jurídico- y no por el Parlamento, aseguraba estar dispuesto a cooperar con su sucesor.

Además, a última hora del martes, el presidente relevaba al fiscal militar jefe, al secretario general del Gobierno, al jefe de gabinete del primer ministro y también al jefe de la Autoridad General de Mártires y Heridos de la Revolución y Operaciones Terroristas. Se esperan nuevas medidas y nombramientos en las próximas horas.

Especialistas locales e internacionales coinciden mayoritariamente en la inconstitucionalidad de la decisión del presidente –profesor de Derecho Constitucional él mismo-, a pesar de haber apelado al artículo 80 de la Constitución de 2014 –nacida de la revolución. El texto asegura que “en caso de peligro inminente que amenace las instituciones de la nación y la seguridad e independencia del país y ponga en peligro el funcionamiento regular de los poderes públicos, el presidente de la República puede tomar las medidas necesarias en tal situación excepcional”. Pero concreta que “después de consulta al jefe del Gobierno y al presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo y tras haber informado al presidente de la Corte Constitucional”.

La respuesta prudente –y el apoyo implícito a Saied- de la comunidad internacional está siendo clave en la consolidación del nuevo escenario. Ninguna de las grandes potencias ni instituciones multilaterales ha querido calificar de “golpe” lo sucedido en las últimas jornadas en Túnez. Estados Unidos, a través del secretario de Estado Anthony Blinken, instaba al presidente en llamada telefónica a actuar “con arreglo a los principios de la democracia y los derechos humanos”. “Buena llamada telefónica con el presidente Kais Saied hoy para discutir la situación en Túnez. Expresé mi apoyo a la democracia de Túnez”, aseveraba el jefe de la diplomacia estadounidense.

Por su parte, España llamó, en términos semejantes a la UE, a la “calma” y la “estabilidad” en Túnez y apeló “al funcionamiento regular de las instituciones, con el necesario respeto del Estado de Derecho”, según la escueta nota del Ministro de Exteriores.

Solo la Liga Árabe se refería al “golpe” en las primeras horas de la decisión de Saied, aunque lo cierto es que las autoridades tunecinas mantienen contactos directos de manera individual con varios de los miembros de la organización. No en vano, este martes Saied recibió en el Palacio de Cartago este martes tanto al nuevo ministro de Exteriores de Argelia como al de Marruecos –que viven una nueva crisis diplomática.

No menos importante fue la mano tendida del FMI en las horas más críticas para las finanzas del Estado tunecino. El lunes la organización ofrecía su ayuda a Túnez en su tentativa de “crear empleos y restablecer la viabilidad de las finanzas públicas”. Asimismo, en las últimas horas se han sucedido en el ámbito doméstico los apoyos matizados de organizaciones profesionales y agentes económicos y sociales, que exigen al presidente diálogo y respeto a los procedimientos democráticos.

El veterano profesor de Derecho Constitucional Kaies Saied llegó al poder al obtener un amplio apoyo –73% de los sufragios- en la segunda ronda de las elecciones presidenciales en octubre de 2019, en las que se midió al magnate de los medios –y líder del partido socialdemócrata y secular Qalb Tounes- Nabil Karoui (en prisión preventiva desde diciembre de 2020 hasta el pasado junio por evasión fiscal y blanqueo de capitales). Lo hacía como un auténtico desconocido –a pesar de sus puntuales apariciones como comentarista en la televisión-, como outsider no adscrito a ningún partido y, sobre todo, como la esperanza contra la corrupción y la lucha contra la desigualdad.

Profundamente religioso y conservador –abiertamente opuesto a los derechos homosexuales y a la igualdad en la herencia entre hombres y mujeres y partidario de la pena de muerte-, ‘Robocop’ –sus formas impasibles le granjearon el apelativo- opta siempre en sus comparecencias públicas por el árabe clásico y no por el dialecto tunecino. Ello no le impidió obtener en el otoño de 2019 un importante apoyo de las nuevas generaciones de tunecinos, pilar de la revolución de los jazmines. Unas nuevas generaciones que hoy siguen viendo con simpatía lo que la oposición observa como la confirmación de su deriva autocrática.

Lo cierto es que Saied había advertido de sus planes a mediados del mes de junio de este año, cuando defendía la necesidad de un debate para instaurar un nuevo sistema político y modificar la Carta Magna de 2014 que, a su juicio, plantea “obstáculos por todas partes”. Una Constitución para cuya redacción fue asesor parlamentario en su día.

El cansancio, en fin, de una población golpeada económicamente y en el peor momento de la pandemia –Túnez recibe ayuda de la comunidad internacional en las últimas semanas- explica las simpatías por un golpe de timón con el que el presidente supera aparentemente el bloqueo político en el que el país magrebí está instalado desde hace meses. El reto que tiene por delante Saied –nada menos que “recuperar la paz social y salvar al Estado y la sociedad” en sus propias palabras- es ingente y compromete su propio futuro además del porvenir de la otrora esperanza democrática árabe.