La pesca siempre ha sido un tema emocional en la relación del Reino Unido con la Unión Europea. Los defensores del Brexit lo ven como un símbolo de la soberanía que quieren recuperar, así que no es de extrañar que, a poco más de dos meses para que acabe el periodo de transición y el país salga definitivamente del club comunitario, el acceso a las ricas aguas británicas sea uno de los temas que mantiene encalladas las negociaciones.

El sector de la pesca aporta unos 1.500 millones de euros a la economía británica. Representa solamente entre un 0.12 y un 0.5 % del Producto Interior Bruto del Reino Unido (los expertos no acaban de ponerse de acuerdo sobre la cifra). ¿Cómo tiene entonces la capacidad para echar por tierra la negociación?

En algunas comunidades costeras del país la pesca sigue siendo una gran fuente de empleo. Y esta industria todavía tiene poder político, aunque con los años se han reducido el número de barcos y pescadores. Se calcula que ahora da trabajo a la mitad de personas que en 1978, cinco años después de que el Reino Unido ingresase en la UE.

De hecho, para entender la postura de este sector hay que remontarse a esos años. Cuando preguntas en los importantes puertos de Peterhead y Fraserburgh (noreste de Escocia) se quejan de que el Reino Unido aceptase en su día un mal acuerdo, que permitió la llegada de barcos de otros países que “redujeron las reservas de pescado y deterioraron el entorno marino”. Vivir del mar se hizo más complicado, algunos perdieron su forma de vida y esas comunidades se empobrecieron.

Por volumen, el país con más interés en mantener el acceso a las aguas del Reino Unido es Dinamarca, seguido de Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Suecia e Irlanda. La flota española, la octava afectada, captura 9.000 toneladas de pescado al año, valorado en 27 millones de euros.

Estas embarcaciones, con base en los puertos de Vigo, Celeiro, Burela, Coruña, Ondárroa y Santander, pescan especialmente merluza, gallo y rape en el caladero de Gran Sol, que está situado en el Atlántico Norte, entre los paralelos 48 y 60, al oeste de las islas británicas

Son 88 barcos de bandera española (incluidos los 33 de pabellón británico y capital español). Dan empleo a 2.150 tripulantes y generan alrededor de 10.750 puestos de trabajo indirectos.

Si se produjese una salida a las bravas, sin acuerdo, los barcos españoles no podrían seguir pescando en aguas del Reino Unido, que los trataría como embarcaciones de terceros países. La Confederación Española de Pesca (Cepesca) está “muy preocupada” por ello.

La idea del Gobierno británico es seguir la línea de Noruega: que se negocien de forma anual las cuotas y el acceso a sus aguas. Esta es la principal reclamación de aquellas zonas del país que dependen de la pesca y que apoyaron el Brexit en el referéndum de 2016. Bruselas rechaza este modelo.

La Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores del Reino Unido ha pedido al Primer Ministro, Boris Johnson, que “se mantenga firme y cumpla las promesas que ha hecho a los pescadores”.

Acceso a los mercados

Pero mientras Londres quiere preservar la entrada en sus aguas, necesita a la vez acceder a los mercados para vender su pescado. De hecho, la mayoría de lo que capturan los pescadores británicos acaba exportándose. Y tres cuartas partes de ello se vende a países de la UE.

Quien se dedica al marisco, por ejemplo, depende totalmente de esas exportaciones y su negocio se iría a pique si de repente tuviese que pagar aranceles o impuestos sobre sus productos. En concreto, España importa del Reino Unido una media anual de 43.000 toneladas de productos pesqueros.

Para esta es importante también el mercado británico porque en los últimos años ha exportado una media anual de 21.000 toneladas de pescado y productos de la pesca, valorados en 95 millones de euros.

Las negociaciones se han vuelto a intensificar estos últimos días. Los equipos liderados por David Frost y Michel Barnier se han visto las caras en Londres, incluido este fin de semana y, si no hay sorpresas, está previsto que este lunes continúen las conversaciones en la capital británica.

Está por ver si la postura inicial de Bruselas (sin un acuerdo sobre pesca, el Reino Unido no tendrá acceso especial al mercado único europeo) se flexibiliza o si Londres acaba aceptándolo a cambio de alguna otra ventaja.

“Cepesca considera que vincular el acuerdo de pesca al acuerdo comercial ha sido un punto fundamental para la negociación”. Para su Secretario General, Javier Garat, “si bien este vínculo ha servido para alejar al Reino Unido de sus pretensiones más maximalistas, no ha sido usado para compensar alguna de las muchas concesiones que la UE hará, con buen tino, al Reino Unido en otros ámbitos como el financiero”.

Hace unos días la prensa británica publicó que el Gobierno de Boris Johnson había reconocido que la flota británica, que en 2019 estaba formada por 5.911 barcos, “no tenía capacidad para capturar ni procesar todo el pescado” y que estaría preparado para conceder “tres años de transición a la flota europea para que se adapte a los cambios”.

Para Cepesca es el momento de “mantenerse firmes”. Según Garat, “no es momento de escuchar cantos de sirena como los que llegan desde Gran Bretaña, tales como la posibilidad de un periodo transitorio o la posibilidad de acuerdos sobre acceso y cuotas plurianuales”.