Hombres, mujeres y niños. Violados, torturados, extorsionados, esclavizados, tiroteados, desaparecidos, abandonados a una muerte segura sin víveres en pleno Sáhara. Sin derecho alguno, muertos anónimos, sin nombre, cuerpos enterrados bajo la arena del desierto. Personas que huyen de guerras sin fin como la de Sudán del Sur, de las matanzas de grupos islamistas como Boko Haram al norte de Nigeria, de la hambruna persistente de Chad o Mali, del terrorismo y la guerra de Somalia, de un sinfín de golpes de Estado.

Personas que según los tratados y convenciones europeas e internacionales deberían tener derecho a protección. Y que la tendrían si los dirigentes políticos de los Estados miembro y de los gobiernos de los 27 pensaran los movimientos migratorios en términos de derechos humanos e incluso de desarrollo económico o de cumplimiento de la legislación europea e internacional vigente y no de cuántos votos voy a perder. Al menos 82.000 de ellos (32.000 sólo en 2021) han sido capturados por los guardacostas libios, financiados, entrenados, protegidos y armados por la Unión Europea, para ser devueltos a Libia y encerrados en mazmorras a cargo de esas mismas milicias.

Un informe de Amnistía Internacional hace un balance de estos últimos cinco años, de 2017 a 2021, y de cómo la Comisión Europea, con el visto bueno y la ayuda de los gobiernos europeos, ha ido ampliando su colaboración con esas milicias libias –oficialmente parte de las estructuras gubernamentales pero en la práctica, en muchas ocasiones, grupos sin control- con el único objetivo de cerrar la vía migratoria que une el norte de África y el sur de Europa. No buscando evitar muertes, porque cuanto más se complica el viaje más muertes se producen, sino el cierre de la ruta migratoria.

La Comisión Europea, buena parte del Parlamento Europeo y los 27 gobiernos de la Unión Europea, de todos los colores políticos, son responsables necesarios de la devolución ilegal de al menos 82.000 personas capturadas en alta mar por guardacostas de las milicias armadas libias (financiadas con cientos de millones de euros durante los últimos años) y devueltas al infierno del país africano que detallan diferentes informes de Naciones Unidas.

El informe de Amnistía Internacional acusa al Gobierno libio de empeorar la situación por ejemplo al nombrar a una persona como Mohamed Al-Khoja como director del Departamento para Combatir la Migración Irregular (DCMI). Al-Khoja fue previamente el hombre al mando del centro de detención de Tariq Al-Sikka, donde se produjeron de forma masiva graves violaciones de derechos humanos. Uno de esos hombres que hacen de guardianes de las fronteras europeas, cedidas al control de terceros países que pueden terminar chantajeando a Europa como hacen Marruecos, Turquía o Bielorrusia.

Matteo de Bellis, investigador sobre migración y asilo en Amnistía Internacional, asegura que “la cooperación de los líderes europeos con las autoridades libias mantiene a personas desesperadas atrapadas en el horror inimaginable de Libia. Durante los últimos cinco años, Italia, Malta y la Unión Europea ayudaron a capturar a decenas de miles de mujeres, hombres y niños en el mar, la mayoría de los cuales acabaron en horribles centros de detención mientras muchos otros fueron desaparecidos”.

Amnistía Internacional exige a la Unión Europea que “deje de ayudar a que se devuelva gente a las condiciones infernales de Libia. Es hora de ponerle fin”, en referencia a la colaboración europea con los guardacostas libios. “Porque”, sigue el informe, “esta política no muestra el mínimo respeto por las vidas y la dignidad de las personas. A cambio se deben ampliar los esfuerzos de rescate para que esas personas sean llevadas a un lugar seguro”. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas recordó hace unos días que legalmente no se puede considerar a Libia como un país seguro para devolver a refugiados.

La Unión Europea empezó a colaborar con los guardacostas libios en 2016 para que interceptaran a quienes intentaban alcanzar Europa a través del Mediterráneo. El 2 de febrero de 2017 se firmó un primer Memorándum de Entendimiento entre Italia y Libia y un año después los 27 líderes europeos firmaron en La Valletta la Declaración de Malta que reforzaba esa política. Un documento lleno de buenas palabras y políticas ilegales.

Bruselas ha retorcido la normativa europea e internacional hasta dejarla sin aire para hacer pasar por legal actuaciones que no caben ni en la Directiva Europea de Asilo ni en la Convención de Refugiados. Los gobiernos europeos no permiten pedir asilo en origen e impiden, violando la normativa internacional y la propia Directiva europea, que esas personas pisen territorio europeo para pedir asilo. Niegan así en la práctica la posibilidad de pedir asilo, pisoteando las leyes que dicen proteger.

La cooperación europea ha consistido en la entrega de material (principalmente patrulleras), pero también entrenamiento y un centro de coordinación marítima. Amnistía Internacional pide a la Unión Europea y a sus Estados miembro que “suspendan cualquier cooperación que lleve al encierro y las violaciones de derechos humanos en Libia y que se centre en abrir urgentemente vías legales para las miles de personas atrapadas en Libia y que necesitan protección internacional”.

Los dirigentes europeos no pueden decir que no sabían porque los informes y las informaciones (como el de las ventas de esclavos) se conocen desde hace años. El pasado 17 de enero Antonio Guterres publicó un informe expresando su “grave preocupación” por las continuas violaciones de derechos humanos contra refugiados y migrantes en Libia. El informe confirmaba una vez más la evidencia legal de que “Libia no es un lugar seguro para desembarcar refugiados y migrantes”.

Guterres pedía a los gobiernos europeos y las instituciones del bloque que “vuelvan a examinar las políticas que apoyan la interceptación en el mar y la devolución de refugiados y migrantes a Libia”. El informe de Naciones Unidas tampoco olvida que los guardacostas libios actúan de forma que ponen en peligro las vidas de los migrantes, incluso tiroteando sus barcazas. También amenazan con usar la fuerza contra buques de ong’s que son testigo de sus actividades.

La Unión Europea no tiene ninguna intención de hacer caso ni a Amnistía ni a Naciones Unidas. Un informe de la Comandancia de la Operación Naval Eunavfor Med Irini, responsable del control migratorio en el Mediterráneo y filtrado por la agencia Associated Press este pasado martes confirma que los planes son de aumentar la cooperación con las milicias libias a pesar de que el mismo informe reconoce que los comandantes de la operación naval europea están al tanto de las violaciones de derechos humanos.