{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Bolivia continúa en shock por el caso de una niña de 11 años que se quedó embarazada después de que su abuelastro, de 61, abusara sexualmente de ella mientras la menor permanecía bajo su cuidado en el en el municipio de Yapacaní, en la provincia de Ichilo del departamento de Santa Cruz.
Dado que los progenitores de la niña estaban viajando continuamente por motivos de trabajo, era él quien estaba con ella.
La primera en conocer la gravedad de lo que estaba sucediendo fue una prima de la niña, a quien contó que sentía unos extraños movimientos en su vientre. Por eso, nada más conocerlo, informaron de ello también a la tía de la menor, que fue quien, percatándose de la gravedad de lo que estaba ocurriendo, terminó presentando una denuncia, tal y como ha explicado Ana Paola García, directora ejecutiva de la Casa de la Mujer en Bolivia, según recoge EFE.
Violada por el sexagenario y embarazada, la niña, que está en un hospital en las 21 semanas de gestación, pidió abortar, algo que la ley de Bolivia ampara estableciendo que en el caso de las víctimas de violencia sexual se puede abortar sin necesidad de orden judicial y al margen del periodo gestacional en el que esté. Sin embargo, aunque su propia madre reclamó la interrupción del embarazo, posteriormente cambió de idea ante las presiones por parte de una organización católica.
Si bien la niña expresó en una junta médica que “no quiere ser madre”, según ha explicado la directora ejecutiva de la Casa de la Mujer en Bolivia, llegando incluso a suministrarle una primera dosis de un medicamento para interrumpir la gestación, la madre, con una abogada de la organización religiosa, frenó el proceso. Entregó, de hecho, una carta en la que la menor supuestamente expresa que ya no quiere someterse a ese proceso de aborto, tal como informa El Diario de Bolivia.
Entrando de lleno en el debate social desencadenado a raíz del caso en Bolivia, la Iglesia, que se ha pronunciado exhortando a las autoridades “proteger el derecho a la vida”, señala que “un crimen no se puede tapar con otro crimen”.
En declaraciones recogidas por el citado medio nacional, la Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, explicó que la niña ya había tomado la decisión de interrumpir su embarazo, pero grupos de la iglesia entraron en el centro de salud para “conversar y poder generar una suerte de presión en contra de ella y generar una suerte de condicionamiento en relación a la familia”, algo que parece que lograron.
Por eso, Cruz denuncia: “La Iglesia no puede mostrar un romanticismo en un caso de violencia sexual contra una niña de 11 años. No se puede hablar de amor cuando a esta niña la han vejado sexualmente por un familiar cercano y ahora quieren darle una connotación de amor y protección, no corresponde. Estos casos a nivel mundial son conocidos como casos de tortura. Las niñas no pueden ser madres”.
En el mismo sentido, la directora ejecutiva de la Casa de la Mujer expresa: "Es un crimen lo que se está haciendo con esta criatura porque en un país justo las niñas no son madres".
También el ministerio del Interior, Eduardo del Castillo, se ha pronunciado sobre el caso señalando que se debería hacer una evaluación psicológica de la niña y, en el caso de que decida que quiere interrumpir el embarazo, "se le debe generar todas las condiciones materiales para que así lo haga".
"Imagínense una niña de 11 años que todos los días tenga que ver a su hijo o a su hija producto de una violación. No podemos tolerar este tipo de conductas dentro de nuestro país y no podemos destruirle la vida a una niña de 11 años. Debemos generar las condiciones materiales para que se interrumpa este embarazo si así se lo define", ha dicho.
Mientras, la Iglesia se sigue aferrando a un mensaje en el que señalan que brindarán todo el apoyo a la menor y al bebé.
Por su parte, el abuelastro de la niña está ya en la cárcel.