"Si están viendo este vídeo es porque que me encuentro detenido por la dictadura o me encuentro incomunicado, engrosando así la larga lista de presos políticos del régimen de Ortega". El mensaje, difundido ahora, lo dejó grabado Max Jerez, uno de los últimos líderes universitarios detenidos en Nicaragua.

La campaña de represión lanzada desde el Gobierno reafirma, entre opositores y parte de la comunidad internacional, la idea de que el exguerrillero sandinista Daniel Ortega ha acabado convirtiéndose en el dictador somocista al que ayudó a derrocar hace más de cuatro décadas.

El presidente, a sus 75 años, y su esposa Rosario Murillo (de 70, vicepresidenta desde 2017 y poder en la sombra desde mucho antes) se aferran al poder entre críticas por asentar una dinastía en la que se impone el nepotismo y la persecución al opositor. Para sus detractores, el mandatario intenta perpetuarse a toda costa y con métodos inaceptables en la presidencia que ostenta desde 2007.

Una mano dura que se ha acentuado a cuatro meses de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. Para la oposición, esos comicios son clave para buscar soluciones a la crisis sociopolítica que sufre, desde 2018, el país centroamericano.

Entre los últimos arrestos se encuentran los de varios líderes universitarios y campesinos. Como Lesther Alemán, de 23 años, el estudiante que se encaró al presidente, y le pidió su rendición, durante una transmisión televisada al comienzo del malogrado diálogo nacional hace tres años. ¡Ortega y Somoza, son la misma cosa!, gritaban los estudiantes durante el estallido social de entonces.

El lunes también fue detenido, junto a otros dirigentes campesinos, Merardo Mairena. Con él, son ya seis los precandidatos presidenciales arrestados desde junio. Mairena anunció sus aspiraciones presidenciales el pasado siete de abril (con la opositora Coalición Nacional). Previamente, había estado en prisión por las manifestaciones de hace tres años contra el Gobierno sandinista.

Entre los otros cinco precandidatos presidenciales privados de libertad está Cristiana Chamorro, periodista de profesión e hija de la expresidenta Violeta Chamorro (que gobernó el país entre 1990 y 1997). Cristiana está siendo investigada por supuesto delito de lavado dinero. También han sido arrestados los aspirantes Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. Se les acusa de "traición a la patria".

El presidente de Nicaragua ha justificado esas detenciones denominando a los opositores "criminales, golpistas y agentes de Estados Unidos". Una retórica a la que se suma la vicepresidenta Murillo, que ha llegado a calificar a la prensa como "urracas parlanchinas" o "terroristas de la comunicación".

La represión también se ejerce contra numerosos periodistas, empresarios o extrabajadores de una ONG. E, incluso, contra históricos guerrilleros sandinistas disidentes, como Dora María Téllez, excomandante del grupo rebelde sandinista que encabezó un movimiento de ruptura con Ortega en 1990.

Para aplicar esa mano dura, el Gobierno se ampara en una controvertida "ley de traición" que señala a los opositores por, por ejemplo, "incitar la interferencia internacional" o "aplaudir las sanciones".

La presión internacional trata de estrechar el cerco. Hace dos semanas, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ante la ONU el deterioro de la situación en el país centroamericano; un escenario que, dijo, imposibilita que los nicaragüenses puedan elegir libremente en las próximas elecciones presidenciales.

"La crisis de los derechos humanos que afecta a Nicaragua (...), no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante", alertó Bachelet.

59 países (Estados Unidos, España o Brasil, entre ellos) se han sumado a la denuncia y han pedido a las autoridades que liberen a los opositores arrestados. Han firmado además una declaración conjunta en la que piden unos comicios libres en noviembre.

También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a Nicaragua la puesta en libertad y protección de los opositores encarcelados.

A las últimas polémicas, se ha sumado un tuit de uno de los ocho hijos del presidente, Juan Carlos Ortega Murillo, en el que critica al dirigente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por su postura ante Nicaragua. "La historia no nos permite esos actos de cobardía. Asúmase, mi hermano", le decía.

Enseguida llegaba la respuesta del subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga: "La valentía siempre ha estado del lado de la libertad, la cobardía es la aliada de la represión", le recriminaba.

La crisis sociopolítica en Nicaragua estalló en abril de 2018 con protestas de universitarios contra la reforma de la Seguridad Social (se reducían las pensiones y se aumentaban las contribuciones). Después, otros sectores sociales se sumaron a las manifestaciones para exigir la renuncia del mandatario y su esposa y pedir elecciones anticipadas. Para algunos analistas, sin embargo, ese fue solo el detonante de un malestar social que venía gestándose mucho antes.