Movilizaciones y manifestaciones en Italia horas antes de la entrada en vigor del "pase Covid"
El Gobierno de Draghi vive momentos de tensión a las puertas de que entre en vigor la obligatoriedad de la vacuna
Este viernes 15 de octubre, entre en vigor la obligatoriedad de la vacuna para todos los trabajadores
El Ministerio de Interior se reúne este miércoles para analizar la posible amenaza de nuevas manifestaciones violentas en los próximos días en Italia. Se ponen en alerta los servicios de emergencias que se preparan para lo que pueda suceder cuando, este viernes 15 de octubre, entre en vigor la obligatoriedad de la vacuna para todos los trabajadores.
La batalla campal desencadenada en el centro de Roma el pasado sábado, con 12 detenidos y 600 identificaciones que demostraban las infiltraciones fascistas y de ultraderecha entre los anti-vacunas, puede tener réplicas en las próximas horas.
MÁS
El primer ministro de Italia, Mario Draghi, vive momentos de tensión. En algunas de las principales ciudades del país volvieron a salir a la calle grupos de manifestantes en contra del Gobierno de consenso, no necesariamente anti vacunas, pero sí contrarios al pasaporte verde y a su implicación directa en el acceso al trabajo.
Movilizaciones organizadas por algunos sindicatos como Cub, Usb o Cobas que reunieron en Milán unas 2 mil personas, en Génova unas 2.500, mil en Trieste y 2 mil en Turín, donde una organización estudiantil quemaba una gran foto del premier Draghi.
Movilizaciones sindicales
Protestas que pedían desde mejoras en los medios de transporte, a una mayor cobertura laboral por parte del Gobierno o la posibilidad de que las pruebas COVID, para aquellos trabajadores que no se quieren vacunar, fueran gratis. Lo que establece la obligatoriedad del pasaporte verde en Italia es que solo podrás entrar a tu puesto de trabajo si has sido vacunado, has pasado la enfermedad en los últimos seis meses o te has hecho una prueba válida en las últimas 48 horas. Si no es así, se entenderá como falta injustificada y por cada día de ausencia en el trabajo el empleado será suspendido de sueldo, sin incluir esto la suspensión de empleo.
Se distanciaban los organizadores de lo ocurrido el pasado sábado en Roma y repetían que las concentraciones de la jornada del lunes en toda Italia eran en contra de la “discriminación laboral que desencadenará el pasaporte COVID a los trabajadores no vacunados desde este viernes”. No era, insistían, una concentración anti vacunas, sino una manifestación en contra del pasaporte verde, la gran apuesta de Draghi para la reapertura de Italia que se ha convertido en una de las medidas más rígidas en todo el mundo.
Se esperaba que los datos de vacunación aumentasen vertiginosamente desde que se anunció, a principios de septiembre, la polémica medida. Pero ahora mismo en Italia aún hay 8 millones de personas que no se han vacunado -es difícil saber qué porcentaje de estos está en edad laboral, aunque se estima alto-. Inmunizados, con al menos una dosis, son ya 45 millones, un 84% de la población en edad de recibir la vacuna.
Entre los sindicatos, los fascistas y la gente en contra del "pasaporte Covid"
Italia ajusta cuentas aún con la brecha abierta que ha dejado lo ocurrido el sábado y lo que se espera que pase en las próximas horas. Está en marcha la propuesta por parte del Partido Democrático para la disolución de Forza Nuova, una de las organizaciones fascistas encargadas de generar el caos este fin de semana y principal instigadora de los destrozos a la sede del sindicato de izquierdas Cgil.
También la manifestación convocada este sábado para condenar los hechos en la que se pide unidad y se examinará con lupa lo que Matteo Salvini y Giorgia Meloni hagan, acusados de instigar una inestabilidad y odio en la sociedad italiana durante la reciente campaña electoral de las administrativas para preparar el terreno a manifestaciones y revueltas de este calibre. Su tonteo con los anti-vacunas puede ver su principio o su final durante esta semana. Las fuerzas políticas insisten: “Disolver estas organizaciones es una responsabilidad institucional”, declaraba la ministra de Igualdad italiana Elena Bonetti.