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El Gobierno de Daniel Ortega ha dado un paso más para controlar la información y la libertad de expresión en Nicaragua. Lo ha hecho con la entrada en vigor de la Ley Especial de Ciberdelitos que, a partir de ahora, condenará las publicaciones de los medios de comunicación en plataformas digitales y en redes sociales que el ejecutivo considere de contenido falso, con penas que podrían llevar entre uno y diez años de cárcel.
La nueva ley, conocida popularmente como Ley Mordaza o Ley Bozal, ha sido tachada de inconstitucional por las organizaciones de periodismo al atentar contra el ejercicio periodístico independiente, “criminalizando” el periodismo de investigación y dando luz verde al espionaje de las comunicaciones privadas: “La Ley Mordaza representa una de las peores amenazas a las libertades de expresión y de prensa en los últimos años, así como a la independencia en el ejercicio del periodismo y la comunicación en Nicaragua”, ha declarado en un comunicado la Organización de Periodistas Independientes de Nicaragua (PCIN).
Aprobada por mayoría sandinista en la Asamblea Nacional (el Parlamento) el pasado 27 de octubre, según el Ejecutivo esta tiene como objetivo perseguir los “delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.
“La Ley Mordaza es una sentencia previa contra el periodismo. Hacer lo que hace un periodista en cualquier país del mundo ahora es un delito en Nicaragua con la vigencia de esta ley, pues deja en manos de la dictadura (de Ortega) determinar cuál información es verdadera y cuál causa zozobra”, ha declarado el jefe de información del diario La Prensa, Fabián Medina.
Pero la Ley Especial de Ciberdelitos no afecta sólo a los periodistas, sino que también tiene consecuencias para los ciudadanos nicaragüenses en general, por lo que ha provocando gran rechazo de la sociedad del país.
“Es una ley que atenta contra las libertades de pensamiento, de expresión e información de todos lo nicaragüenses”, ha declarado a NIUS el periodista Luis Galeano, exilado en Miami desde hace dos años. “Se aprueba cuando Nicaragua entra en un proceso electoral importante y su intención es reducir las críticas que hace el ciudadano a través de redes sociales o plataformas, y que hasta ahora el gobierno no había podido controlar”, señala haciendo referencia a las elecciones generales convocadas para el 21 de noviembre de 2021.
Galeano era director del programa de radio “Café con Voz” del canal nicaragüense “100% Noticias” que se volvió crítico con la política de gobierno implantada por Daniel Ortega. Perseguido por el régimen sandinista, tras sufrir varias amenazas de muerte, se vio obligado a salir de su país: “Llevaba 20 años ejerciendo el periodismo y desde que comenzaron las represiones, el canal sufrió una censura directa. Había una orden de captura en mi contra”.
Por eso al periodista exiliado con gran pesar no le sorprende que la Ley haya entrado ya en vigor: “Daniel Ortega ha logrado a través de esta Ley y otras, como la reciente Ley de Traidores a la Patria, legalizar los procesos o los actos que estaba haciendo de facto. Está legalizando su dictadura. Hasta el momento el ciudadano nicaragüense había encontrado en las redes sociales la manera de expresarse y denunciar al régimen, con vídeos, comentarios y lives en contra de la dictadura, pero a partir de ahora, con la Ley Mordaza más de uno ya ha empezado a pensar expresarse, criticar, o denunciar públicamente la violación de los derechos y libertades que se viven en mi país. En Nicaragua, si no te reprimen físicamente, lo hacen con el garrote judicial”.
Aunque está compuesta por 48 artículos, la Ley Mordaza contiene algunos vacíos en cuanto a definiciones claras para distinguir si una noticia es falsa o está tergiversada, por lo que el criterio queda en manos de los jueces. “Cualquier información que brinde el periodismo independiente, aunque haya sido comprobada y tenga múltiples fuentes informativas, podrá ser tipificada como quieran los jueces subordinados al orteguismo, de modo que puedan utilizar especialmente cuatro de los artículos de esta ley, expresamente diseñados para reprimir a las mujeres y hombres de prensa independientes”, ha alertado el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua.
Además del PCIN, la controvertida Ley ha sido rechazada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Parlamento Europeo (PE) y Estados Unidos, entre otros.
“Definitivamente, Daniel Ortega con esta Ley, quiere radicalizar más aún el sistema de la dictadura que viola los derechos humanos de los nicaragüenses”, ha dicho a NIUS Roger Castaño, comisionado de la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua en Miami (CPDH).
Al igual que Galeano, Castaño también se marchó de su país después de estar 10 años preso durante la primera dictadura de Daniel Ortega, encontrando el exilio definitivo en Florida donde vive desde 1991: “Yo era estudiante militar, entré en la academia de Nicaragua cuando tenía 18 años y cuando terminó la guerra sandinista, todos los militares fuimos hechos presos por el régimen de Daniel Ortega acusándonos de somocistas. Pasamos toda clase de vicisitudes, torturas por parte de los carceleros, eran una copia del castrismo en Cuba”.
Tampoco él se extraña de la evolución de las leyes de Daniel Ortega, líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quien retornó al poder en enero de 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidir el país de 1985 a 1990.
“Desde 2006 está gobernando con mano dura reprimiendo al pueblo. Las instituciones del Estado están bajo su control, la policía está bajo su control, su consuegro es el jefe de la policía; la mujer de Ortega, Rosario Murillo, es la vicepresidenta de Nicaragua … Se mantienen a base de sembrar el miedo y el terror, controlan las armas, tienen el aparato militar y paramilitar. Y como en toda dictadura, tratan de callar la libertad de expresión y se esfuerzan en destruir todas las libertades de los nicaragüenses”, expone Castaño, quien desde la CPDH de Miami, apoya a la central de Nicaragua divulgando todas las noticias de represión y violación de derechos humanos del pueblo nicaragüense.
Esto se debe a que, las posibilidades de que los medios de comunicación ejerzan con naturalidad la libertad de expresión, se han visto mermadas a pasos agigantados en los últimos años: “Con el cierre de los grandes medios, hay una cantidad de medios digitales que nacieron a raíz de la crisis, que son los que mantiene informada a la gente, pero a los tres canales privados críticos con el régimen que quedan, el Gobierno les impone unos impuestos millonarios para que no puedan sobrevivir. Si publican noticias menos estridentes, les bajan los impuestos. Por otro lado hay varios canales -seis por lo menos-, controlados directamente por el ejecutivo, más otros cuatro o cinco de cable que no son oficiales pero sí oficiosos, no tienen programas críticos con el Gobierno de Ortega, y son los que más alcance tienen”, puntualiza Galeano, quien desde Miami sigue ejerciendo el periodismo dirigiendo y presentando el programa “Café con Voz” que se emite través de las redes sociales que ahora en Nicaragua tendrán un control más riguroso, y desde donde denuncia la corrupción instaurada en su país.
“Cuando estás fuera de tu patria de manera involuntaria, uno sobrevive, no vive. Yo duermo en Florida pero me levanto y duermo con Nicaragua… Ojalá sea por poco tiempo y no porque me vaya mal, sino porque el mal de patria te embarca todos los días. Esta ley supone un riesgo para los que estamos fuera porque es una extradición”, lamenta Galeano.
“El panorama es bien oscuro”, comenta Castaño con pena, pensando en el futuro de su país. “Daniel Ortega está jugando otro papel como Chávez o Maduro en Venezuela, o Castro en Cuba. Con elecciones presidenciales anunciadas, es muy difícil que haya un proceso libre, supervisado y transparente. El sistema corrupto obedece al dictador, tiene un programa de robar las elecciones y no está dispuesto a ceder porque él y toda la cúpula criminal que le rodea, saben que un cambio de gobierno supondría que ellos serían juzgados por delitos y crímenes de violación contra los derechos humanos".
"Nicaragua se está convirtiendo en la Cuba de Centroamérica", advierte Galeano. "Mientras no haya un proceso sincero de negociación de reformas electorales y retorno de libertades públicas, no habrá ni organizaciones ni concentraciones porque está prohibida cualquier manifestación contra el gobierno".
Castaño y Galeano, como tantos periodistas y ciudadanos que no comulgan con el sometimiento del regimen de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, no cesarán en su empeño por trabajar para ver algún día a su país libre de censuras y abusos.
"Desde aquí seguiremos pendientes de lo que suceda en Nicaragua, con vocación por la defensa de los derechos humanos del pueblo nicaragüense”, asevera Castaño.