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Una niña de 10 años, que se quedó embarazada después de ser violada de forma sistemática por su tío, se encuentra fuera de peligro tras interrumpirle la gestación de 22 semanas y cuatro días en un hospital de Recife, la capital del Estado brasileño de Pernambuco.
La víctima, que reside en la ciudad de São Mateus, en el Estado de Espírito Santo, fue al hospital el pasado 8 de agosto acompañada de su tía, que, según el informe de la Policía Militar, dijo a los médicos que creía que estaba embarazada. Después de que un análisis de sangre confirmara que estaba de tres meses, la niña les contó a los médicos y a una asistente social que su tío la violaba desde que tenía seis años y que nunca dijo nada por temor a sus amenazas de muerte. La Policía y el Consejo Tutelar investigaron el caso. La niña fue trasladada a un centro de menores mientras los médicos y la Justicia analizaban la interrupción del embarazo, garantizada por la ley en casos como este.
Según la ley brasileña, el aborto está permitido en este país en casos de violación, cuando se pone en riesgo la vida de la madre o cuando el feto presenta anencefalia. Es por esto que el juez Antonio Moreira Fernandes, del Tribunal de Justicia del estado de Espírito Santo, autorizó el aborto. El fallo del juez se basó en una norma técnica para autorizar la interrupción del embarazo, editada en el 2005 por el Ministerio de Salud.
El magistrado afirmó haber tenido en cuenta el deseo de la menor de no proseguir con el ciclo de gestación: "La voluntad de la niña es soberana". El juez señaló que cuando a la menor se le mencionaba el embarazo entraba en "profundo sufrimiento" y "gritaba, lloraba y lo rechazaba en todo momento".
Tras esta autorización de la interrupción inmediata de la gestación, la menor se vio obligada a abandonar Vitoria, en el Estado de Espírito Santo, porque el hospital al que acudió se negó a realizarle el procedimiento. De este modo, viajó a Pernambuco y la niña ingresó el sábado en el hospital de Recife donde le interrumpieron el embarazo y se encuentra recuperándose, aunque afirman que su estado de salud es muy positivo.
El Gobierno de ultraderecha trató de evitar la intervención que se realizó el domingo por la noche en medio de actos de hostigamiento contra los médicos por parte de manifestantes, que quisieron impedir que el director del hospital accediese al centro e incluso intentaron entrar dentro. "Asesinos", le gritaron a los profesionales de la salud que efectuaron la intervención.
Esta manifestación de grupos contrarios al aborto se instalaron frente al centro hospitalario tras una publicación en las redes de Sara Giromini, una militante de extrema derecha, quien divulgó el nombre de la menor y el lugar donde se encontraba. El Estatuto del Menor y el Adolescente prohíbe publicar esas informaciones. El mismo domingo, la Justicia dio un plazo de 24 horas para que Google Brasil, Facebook y Twitter eliminasen las informaciones relacionadas con la menor.
Al mismo tiempo, un grupo de mujeres se congregó en el centro para defender el derecho de la menor a abortar.