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La Justicia francesa ha abierto una investigación contra la exministra de Sanidad Agnes Buzyn, que ha sido imputada por presuntamente poner en peligro "la vida ajena" en relación con su gestión de la pandemia de coronavirus.
Se trata de uno de los primeros casos a nivel mundial de imputación de un alto cargo del Gobierno por las decisiones tomadas en relación con la pandemia, según informaciones de la cadena BFMTV.
Buzyn, que permaneció en el cargo entre mayo de 2017 y febrero de 2020, presentó su dimisión al inicio de la pandemia tras ser presionada por el presidente, Emmanuel Macron, para que reemplazara a Benjamin Griveaux como candidato de La República en Marcha a la Alcaldía de París. Griveaux retiró su candidatura debido a un escándalo sexual.
Sin embargo, Buzyn perdió las elecciones locales y pasó a estar a cargo de la supervisión de asuntos multilaterales en la Organización Mundial de la Salud (OMS). La exministra había afirmado tras los comicios que era consciente del alcance de la pandemia y de la peligrosidad del virus. "Cuando dejé el Ministerio estaba llorando porque sabía lo que se nos venía encima", dijo.
Durante su comparecencia ante una comisión parlamentaria ha defendido que alertó al Ejecutivo con antelación suficiente de los riesgos de la pandemia, que ha dejado en el país más de 6,8 millones de casos y unos 115.000 muertos.
La Justicia abre diligencias contra el que fuese ministro de Sanidadministro de Sanidad en los peores momentos de la pandemia, Salvador Illa, con motivo de la querella presentada previamente por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) tras conocerse el uso de mascarillas defectuosas durante los primeros momentos de la emergencia sanitaria.
Concretamente, ha sido el juzgado de Instrucción número 14 de Madrid el que ha abierto diligencias previas contra el exministro.
Según informa CESM, el auto del juez señala que se deben incoar Diligencias Previas por el presunto delito contra los derechos de los trabajadores contra Salvador Illa Roca, para lo que exige que se dé traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la competencia de este órgano o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, habida cuenta del carácter de aforado del querellado.