Europa, víctima y cómplice de Marruecos

España, y con ella Europa, están al albur de las decisiones que tome la Casa Real marroquí y su Gobierno, gendarmes de la frontera sur española y europea. La política migratoria defendida por Bruselas y por todos los Estados miembros de la Unión Europea desde hace al menos 30 años deja el grueso del control migratorio en manos de países vecinos como Turquía y Marruecos.

El Consejo Europeo de Tampere, a finales de los años 90, ya empezó a idear una política migratoria que cargaba el peso de la gestión en los países vecinos. Los planes aprobados tras la llegada masiva de refugiados en 2015 y el acuerdo firmado el 18 de marzo de 2016 con Turquía van todos en la misma dirección.

España tiene acuerdos bilaterales similares con Marruecos desde 1992, con Mauritania desde 2003 y con Senegal desde 2006. Se llegó incluso a vincular la ayuda al desarrollo al control migratorio.

Marruecos, como Turquía, simplemente usa los mecanismos que tiene a mano para protestar por decisiones españolas o europeas en asuntos varios, que van desde la pesca hasta la cuestión del Sáhara Occidental pasando por la corrupción, o para buscar compensaciones políticas o económicas, que muchas veces van unidas. Esta vez fue por la hospitalización en Logroño de Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y secretario general del Frente Polisario.

Las autoridades marroquíes tienen el ejemplo de Turquía. La guerra en Siria lanzó a millones de refugiados a los caminos y los turcos aprendieron en meses que además de ser país de tránsito podían ser también país de bloqueo a cambio de dinero europeo. De mucho dinero europeo. Bruselas desembolsó desde 2015 más de 3.000 millones de euros que podrían llegar a 6.000 millones.

En principio deben gastarse en ayudar a mejorar la vida de cuatro millones de refugiados sirios acogidos en Turquía. En 2020 Turquía volvió a lanzar a miles de personas hacia el paso fronterizo terrestre que cruza el río Evros, en su linde con Grecia. A cambio recibió la visita de Angela Merkel, más fondos europeos y el silencio europeo ante sus acciones militares en el norte de Siria.

El diario ‘El País’ cuenta este viernes que Bruselas calcula en 13.000 los millones de euros que Marruecos ha recibido desde 2007 en varios “programas de cooperación, incluidos los destinados a mejorar el control de los flujos migratorios”. Pero Rabat sabe que si quiere más obtendrá más a pesar de que Bruselas advierte ahora que puede dejar de transferir fondos.

El italiano Mario Draghi pedía ayer, según cuenta el diario francés ‘Le Figaro’, más fondos europeos. Además, Draghi pedía también la reforma urgente de la Directiva Europea de Asilo y específicamente de los conocidos como Acuerdos de Dublín. En ellos se establece que los eventuales solicitantes de asilo deben hacerlo en el primer Estado miembro que pisan. La inmensa mayoría en los países del sur de Europa. Esa reforma, a pesar de los intentos de Bruselas, lleva años atascada.

Turquía, y en el caso español Marruecos, tienen la palanca del chantaje a mano por esa externalización del control migratorio. Ante la falta de vías legales para migrar, son sus gobiernos los que frenan a los migrantes y solicitantes de asilo candidatos a viajar a Europa. El sistema tiene evidentes ventajas para todos.

A los gobiernos europeos les quita de encima el tener que estar continuamente usando la mano dura y el “problema migratorio”, que llenaría el debate político a beneficio de toda la ultraderecha europea. España, por la situación geográfica de Ceuta y Melilla, vive una situación diferente al tener una frontera terrestre con África, pero países como Italia o Francia sólo ven llegar migrantes por el sur si los gobiernos del Magreb así lo deciden. Bruselas sabe que siempre que han querido han controlado las salidas de barcazas. Los países del sur reciben fondos que oficialmente van en parte a programas de control migratorio pero cuyo destino final es siempre difícil de trazar.

El sistema genera también problemas evidentes. El primero y más grave es la inmensa pérdida de vidas humanas. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), entre 2014 y 2020 murieron 20.550 personas ahogadas cuando intentaban cruzar el Mediterráneo. Los migrantes son usados como objetos de extorsión.

Las violaciones de derechos humanos son gravísimas. En Libia, la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados denunció desde violaciones sistemáticas a mujeres hasta mercados de esclavos. El sistema también fomenta, pese a repetir lo contrario, el negocio de las mafias de traficantes de personas, que se quedarían sin él si hubiera vías legales para migrar. Sin esa solución, son esas mafias las que organizan normalmente los viajes. Y las que cobran por ellos.

Finalmente el sistema otorga a los países del sur, por ahora Marruecos en el caso español –en el pasado, por la ruta canaria, también ocurrió con Mauritania y hasta Senegal-, el poder de decidir cuándo abrir y cuando cerrar “el grifo”.

Funcionarios europeos llevan años repitiendo en privado que la solución es evidente pero políticamente tóxica. Consiste, entienden, en quitar a países como Marruecos y Turquía el poder de decidir cuándo permiten y cuando no permiten salidas. Eso no tendría que significar un aumento o una disminución migratoria (podría crecer el número de llegadas pero también el de deportaciones), pero sí que los gobiernos europeos se tuvieran que hacer cargo de la gestión de sus fronteras.