{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
La diferencia de peso económico y político en las negociaciones del ‘Brexit’ termina llevando casi siempre al mismo punto. El Gobierno británico amenaza con abandonar las negociaciones, la Unión Europea rechaza el ultimátum y sin que le tiemble el pulso exige a Londres que se mueva. Y Londres, si no quiere saltar al vacío de un ‘Brexit’ a lo bruto que le cierre las puertas del mercado al que va el 49% de sus exportaciones, terminará cediendo.
Esa secuencia, que ha sucedido varias veces desde 2016, se repitió este jueves en Bruselas en la primera jornada de una accidentada cumbre europea que se celebró sin la presidenta de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, que tuvo que abandonar la reunión poco después de llegar tras conocer que una persona de su gabinete había dado positivo por covid-19.
La discusión sobre el ‘Brexit’ siguió durante la cena en presencia del negociador europeo Michel Barnier, pero los líderes habían aprobado ese apartado de las conclusiones de la cumbre sin apenas debatirlo. El texto asegura que el Consejo Europeo “invita al negociador europeo a seguir las negociaciones en las próximas semanas y pide al Reino Unido que haga los movimientos necesarios para hacer posible un acuerdo”. Que Boris se mueva porque los europeos no se van a mover.
Fuentes comunitarias explicaban a media tarde que el documento aprobado por los líderes ni siquiera endurece su lenguaje ante las urgencias del calendario: “Sólo deja constancia de lo obvio”. Boris Johnson había dicho que si este 15 de octubre no había un acuerdo abandonaba la mesa de negociaciones. Nadie en Bruselas se cree la enésima amenaza.
La cumbre también afeó oficialmente al Gobierno británico que hubiera aprobado una norma nacional que contradice el Acuerdo de Retirada alcanzado con los europeos, una clara violación del derecho internacional. Las conclusiones de la cumbre piden a los Estados miembros y a las instituciones de la UE “que aceleren sus trabajos para prepararse a todos los niveles para todos los escenarios”.
La desconfianza europea para con los británicos es tal ahora mismo que el presidente del Consejo Europeo pidió a los líderes que dejaran fuera de la sala sus teléfonos y tablets cuando se discutiera sobre el ‘Brexit’. Los servicios del Consejo Europeo retiraron teléfonos y tablets y los guardaron en unas consignas, entregando después la llave de cada consigna a cada líder. Podían ir a sus consignas si necesitaban usar sus teléfonos, pero no meterlos en la sala donde se celebraba la cumbre.
Los obstáculos siguen siendo los mismos, centrados en asuntos como las ayudas de Estado, los estándares laborales o medioambientales y los derechos de pesca. Bruselas exige a Londres que se alinee normativamente al derecho comunitario en cuanto ayudas de Estado y estándares sociales, laborales y medioambientales para evitar que a orillas del continente le crezca un paraíso fiscal dispuesto a hacer competencia a través del dumping.
La bronca por los derechos de pesca, económicamente mucho menor, es políticamente tóxica. A los brexiters se le prometió que las aguas británicas serían para los pesqueros británicos. Los europeos, con Francia, España, Bélgica y Dinamarca a la cabeza, exigen que sus pesqueros puedan seguir faenando en esas aguas libremente, como si el Reino Unido fuera miembro de la Unión Europea. Londres propone como máximo un sistema de cuotas de pesca negociable anualmente, que Bruselas rechaza.
A los europeos les ha salido otra prioridad después de darse cuenta de que Boris Johnson puede firmar un acuerdo e incumplirlo poco después. ¿Cómo se hace para forzar al Reino Unido a cumplir lo que firme? Bruselas busca ahora qué mecanismos legales pueden servir para resolver disputas en el futuro.
La cumbre decidió, como estaba previsto, dar una patada hacia adelante a la aprobación de los objetivos de reducción de emisiones contaminantes. La decisión debería tomarse en la cumbre ordinaria de diciembre. 11 de los 28 Estados miembros (Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia) emitieron el miércoles un comunicado conjunto en el que piden que esa reducción sea de “al menos el 55%” en 2030 como paso previo a la eliminación de las emisiones contaminantes en 2050, la gran promesa europea.
La cumbre no debía tratar sobre Turquía otra vez (el tema copó la última cumbre), pero los dirigentes griego y chipriota sacaron el asunto a colación porque Turquía ha vuelto esta semana a sus prospecciones petroleras en aguas que Grecia considera suyas.
Así no. La Comisión Europea había pedido hace semanas al Gobierno español que renovara el Consejo General del Poder Judicial, pero la reforma, que reduce la mayoría parlamentaria necesaria, no gusta en Bruselas. La Comisión Europea, según fuentes comunitarias, cree que el sentido de la reforma refuerza la politización de la Justicia en lugar de reducirla.
Bruselas quiere que el Gobierno español vaya a la Comisión de Venecia, un órgano del Consejo de Europa que vigila el respeto al Estado de derecho, para que ese organismo elabore un informe sobre la reforma. También que consulte con todas las partes implicadas, como las organizaciones de jueces.
“España no es Polonia”, dicen en la Comisión Europea, pero advierten, según contó este jueves a primera hora la corresponsal de Tele5 Ana Núñez-Milara, que las dos reformas “van en la dirección contraria a lo que se pide en Europa”.
La reforma también sentó mal en Bruselas porque hace apenas unas semanas que España aprobaba con nota el primer informe sobre respeto al Estado de derecho, un ejercicio novedoso que la Comisión Europea realizaba por primera vez este año. Ese informe era el que señalaba como problemático el retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
La reforma judicial –de seguir adelante en los términos planteados- podría hacer que la Comisión Europea reforzara ese seguimiento y llegara a advertir oficialmente para que el Gobierno rectificara. Lo que difícilmente provocará, como anunciaban este jueves varios eurodiputados del Partido Popular y Ciudadanos, es cambios en el reparto de los fondos europeos, ni en los ordinarios ni en los extraordinarios aprobados para hacer frente a esta crisis.