El 1 de mayo de 2017, en mitad de uno de los episodios más violentos que ha vivido Venezuela en los últimos años, cuando las protestas callejeras conocidas como “guarimbas” asolaban a diario el país manifestándose contra la crisis y contra el gobierno, Nicolás Maduro anunció las elecciones para elegir la Asamblea Nacional Constituyente.

“Hoy, 1 de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales de acuerdo al artículo 347 convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo convoque a la Asamblea Nacional Constituyente”.

En aquel momento cogió al país por sorpresa. La última experiencia de Constituyente venezolana fue la que convocó el expresidente Hugo Chávez en 1999. Y fue muy diferente. En aquel momento, Chávez gozaba de gran popularidad y apoyo electoral, acababa de llegar al gobierno y la Constituyente fue aprobada por un referéndum previo en abril de ese año con un 88% de votos a favor. Nada de esto ocurrió en la última ANC de 2017 y Maduro fue duramente criticado por no convocar al pueblo para saber su opinión al respecto, tal y como había hecho su antecesor 18 años antes. El mandatario chavista se amparó en el artículo 347 para otorgar a su decisión amparo como decreto presidencial.

El objetivo de una Asamblea Nacional Constituyente es simple: redactar una nueva Constitución a través de la cual se rija el país. En el caso de la Constituyente de Nicolás Maduro, que fue elegida el 30 de julio de 2017 y otorgó el poder de constituyentes electos a 540 venezolanos y venezolanas provenientes de los diferentes estados de Venezuela, así como de diferentes sectores de la sociedad civil, termina su periodo este viernes 18 de diciembre.

La ANC, que fue elegida, según cifras oficiales muy cuestionadas (Smartmatic, la empresa encargada del software de las máquinas de votación denunció fraude y meses después tuvo que abandonar el país), por más de ocho millones de personas que votaron a favor, se disuelve sin haber redactado ni un solo artículo de la nueva Constitución.

El presidente de la ANC, el número dos del gobierno, Diosdado Cabello, anunció esta semana que este viernes se celebraría la última sesión del órgano “plenipotenciario” y que su existencia ha servido para traer la paz al país en un momento especialmente convulso, pues cuando fue instaurada se acabaron las protestas que llevaban meses azotando a Venezuela y que terminaron con un balance de más de 130 muertos y miles de heridos y detenidos.

“La ANC cierra su ciclo de acción por la patria, cumpliendo la tarea encomendada, entregamos un país en paz”, señaló Cabelló, obviando que no ha cumplido con su principal cometido que era el de redactar una nueva Constitución. La cuestionada Constituyente no ha sido reconocida desde sus inicios por gran parte de la comunidad internacional, incluyendo a los países del Grupo de Lima, EEUU, Canadá y la UE.

Sin embargo, en la práctica e intramuros ha desarrollado un papel importantísimo porque a pesar de su condición de dudosa legalidad ha desempeñado las labores que no ha podido hacer la última Asamblea Nacional electa en 2015 y que resultó de mayoría opositora. El poder legislativo se convirtió entonces en el único de los cinco poderes que hay en Venezuela (hasta las pasadas elecciones del 6 de diciembre en las que se renovó el Parlamento con una muy baja participación de apenas el 31% de los electores) que no controlaba el oficialismo.

Para evitar dar poder a la oposición y que pudiera legislar con mayoría en el Parlamento y tomar decisiones que sin duda irían en contra de los intereses del ejecutivo chavista, la Asamblea Nacional del 2015 fue inmediatamente declarada “en desacato” por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país alegando un presunto fraude en la elección de tres diputados indígenas del Estado Amazonas.

De esta manera, Venezuela ha vivido los últimos cinco años sin un Parlamento útil y anulado por el resto de poderes que controla el gobierno; y la ANC ha hecho las veces de la Asamblea, a pesar de que ninguna ley ampara ese papel. El balance de su gestión tras tres años y medio de funcionamiento, es, según datos oficiales, 14 leyes constitucionales, 98 decretos, 84 acuerdos y 40 “actos de otra naturaleza”.

Considerada como un “supra poder”, la ANC ha estado durante su periodo vigente por encima de cualquier poder público, y de esa manera ha podido legislar y tomar decisiones que no le corresponden a una Constituyente.

Algunas de las más polémicas han sido las siguientes:

1. La convocatoria de las elecciones presidenciales adelantadas para el 20 de mayo de 2018. Unas elecciones a las que la oposición mayoritaria no se presentó por considerarlas ilegítimas y que terminaron con la victoria de Nicolás Maduro y su reelección como presidente del país. La convocatoria y posterior no reconocimiento de estos comicios son el origen del rechazo a la legitimidad de Maduro como presidente de Venezuela por gran parte de la comunidad internacional, y el punto de origen del surgimiento del líder opositor Juan Guaidó y su autoproclamación como presidente interino del país sudamericano.

La ANC también convocó ese año a las elecciones de los Consejos Legislativos y los Concejos Municipales. Es al Consejo Nacional Electoral a quien le compete llamar a comicios y fijar las fechas para los mismos.

2. El allanamiento de la inmunidad parlamentaria de al menos 28 diputados opositores de la Asamblea Nacional para que fuesen sometidos a juicio desde la propia ANC. Solo el parlamento puede retirar la inmunidad parlamentaria según el artículo 200 de la Constitución. De esta manera, a diputados conocidos como el propio Guaidó, Juan Requesens, Henry Ramos Allup, Juan Pablo Guanipa, Gilber Caro o Edgar Zambrano, se les retiró la inmunidad parlamentaria y muchos de ellos, incluso, fueron encarcelados.

3. La destitución de la exfiscal Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio en Colombia, como fiscal de la República al haberse pronunciado contra el gobierno de Nicolás Maduro. La ANC nombró a su sucesor, el actual fiscal, Tarek William Saab, el 5 de agosto de 2017. Es la Asamblea Nacional y no la Constituyente quien tiene la potestad para designar mediante el voto a los miembros de los poderes públicos.

4. La aprobación de varias leyes polémicas entre las que destacan principalmente dos:

En aquel momento, varios miembros de la ANC manifestaron su molestia por no conocer si quiera el borrador del texto. María Alejandra Díaz, presidenta de la Comisión de DDHH, y uno de los rostros más conocidos del órgano plenipotenciario, recordó en el momento de la votación de la Ley Antibloqueo, que habían solicitado el proyecto por varias vías y a “distintos miembros de la ANC y hasta esta hora no hemos tenido acceso al mismo, desconociendo por tanto su contenido, lo cual cercena nuestro derecho a conocer de antemano leyes que serán sometidas a nuestra votación”.

Otro de los constituyentes, en este caso Telémaco Figueroa, miembro además del propio partido de gobierno (PSUV), denunció las tretas que la directiva de la ANC impuso para que los constituyentes díscolos y en desacuerdo con la nueva Ley no acudiesen a la sesión que la terminaría aprobando. Figueroa denunció que no les enviaron el transporte a sus respectivos estados y que debido a la situación de cuarentena y falta de gasolina que sufre el país, era imposible que ellos acudiesen por sus propios medios a Caracas para participar de la votación.

Posteriormente, Diosdado Cabello señaló que la Ley Antibloqueo sería aprobada solo con los votos de los miembros de la ANC que estuvieran presentes en el momento de alzar la mano. A otros constituyentes, incluso, presentes en las inmediaciones de la sede de la ANC en Caracas, ni siquiera les permitieron la entrada por haberse manifestado previamente en contra.

La Ley Antibloqueo ha sido una de las más cuestionadas y polémicas leyes en la historia reciente de la ANC y del mandato de Nicolás Maduro porque le otorga poderes extraordinarios y prácticamente ilimitados al presidente. Además, le permite firmar nuevos acuerdos comerciales (especialmente en los referidos al tema petrolero) con clientes y empresas privadas nacionales y extranjeras sin consultarlo con nadie.

Maduro presentó la Ley como la panacea para vencer a las sanciones impuestas por EEUU al país caribeño.

“El país cree en mí, creen en la ley porque eso lo redacté yo. Hay un gran país que tiene la esperanza de ser renovada, que repudia las sanciones y exige que se levanten. Va mi palabra y va mi vida en la Ley Antibloqueo”, señaló el día de su presentación.

Entre las partes que levantaron más ampollas de la nueva Ley, se encuentra el artículo 19 del texto que señala que el Ejecutivo “procederá a inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente de ser necesario para superar los obstáculos o compensar los daños de las sanciones”.

En la práctica otorga a Maduro poder superior a las leyes que rigen según la Constitución del país y además, La Ley Antibloqueo otorga el carácter de “reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia”, que el presidente venezolano considere pertinente, y se prohíbe el acceso a toda “documentación que haya sido calificada (por él) como confidencial o reservada”.

Sobre el trabajo de la ANC, el polítólogo Juan Manuel Track, señaló a la Voz de América que “no ha sido otro que justificar medidas de gobierno. El ser la simulación parlamentaria de Maduro no le sirvió de mucho, porque no tuvo reconocimiento ni legitimidad por la forma en la que fue convocada”.

Nicolás Maduro anunció el pasado mes de agosto que la ANC se disolvería después de la celebración de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre que elegirían a los nuevos 277 diputados encargados de legislar las leyes de ahora en adelante. Denunció además el “boicot” internacional contra estos comicios que le dieron finalmente el 92% de los curules sin competencia opositora.

Con estos resultados, la ANC ya no es necesaria y se disuelve por fin, con un año y medio de retraso pues en principio estaba previsto que funcionase solo por dos años. En estos momentos, los cinco poderes de Venezuela (el Ejecutivo, el Judicial, Legislativo, Ciudadano y Electoral) están en manos del oficialismo, y el panorama de cara a 2021, en mitad de una crisis económica y una emergencia humanitaria que se profundizan cada día más, requiere de acuerdos, negociación y diálogo urgente entre las partes. Algo a lo que el chavismo siente que no tiene porqué responder, o ceder innecesariamente, teniendo en cuenta su posición de poder evidente, donde no necesitan a nada ni a nadie para conseguir sus objetivos.