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"Dinero helicóptero" es una expresión financiera que se ajusta al plan de Estados Unidos para paliar los efectos del coronavirus sobre su economía. Básicamente consiste en un paquete de medidas de estímulo de 2,2 billones de dólares e incluye inyecciones directas al bolsillo de los ciudadanos con el objetivo de reactivar el consumo.
Y es que el impacto económico de la pandemia del Covid-19 en las dos últimas semanas es demoledor. Casi 10 millones de estadounidenses han perdido su empleo y el paro se ha disparado al 4,4 %. La semana anterior, el Congreso de EEUU aprobó un plan de estímulo que contempla dar 1.200 dólares a muchos estadounidenses o aumentar las prestaciones habituales de desempleo, entre otras medidas. En definitiva, se trata del mayor plan de estímulos de la historia del país y representa alrededor del 10 % del producto interior bruto (PIB) de EEUU.
Es una política monetaria o fiscal expansiva que pueden aplicar los gobiernos o los bancos centrales que consiste en dar de forma directa dinero a los ciudadanos con el fin de estimular la economía en un periodo de recesión o cuando los tipos de interés están a cero.
Se trata de un término empleado en los años 70 por el premio Nobel de Economía Milton Friedman que explica qué pasaría si un helicóptero se dedicara a tirar dinero a los ciudadanos. La teoría, que considera que reactivaría el consumo, vuelve a ponerse sobre la mesa en un momento en el que los bancos centrales empiezan a quedarse sin munición.
El paquete de estímulo fiscal aprobado por el Congreso de EEUU es el triple del que se puso en 2009 tras el estallido de la crisis financiera y que entonces ascendió a 700.000 millones de dólares. Incluye una partida de cerca de 250.000 millones de dólares que se reservarán para efectuar pagos directos a individuos y familias de 1.200 dólares para quienes tengan una renta de menos de 75.000 dólares al año, a lo que se añadirá 500 dólares por cada menor de 17 años.
Dispone otros 350.000 millones en préstamos para pequeñas empresas y 250.000 millones más para ampliar los beneficios por seguro de desempleo. Otorga, además, 150.000 millones de dólares para el apoyo a las autoridades locales y estatales, y otros 130.000 millones para reforzar el sistema sanitario, que en algunos lugares, como el estado de Nueva York, comienza a estar saturado.
Si existe una capacidad productiva suficiente y la población no ahorra el dinero recibido, estimula el consumo, lo cual reactivaría la economía. Además, frenaría la caída de precios en momentos de deflación.
El primero es la distorsión del mercado, ya que los ciudadanos podrían comenzar a consumir bienes y servicios que antes no consumían. Además, supondría una devaluación de la moneda, lo que encarece las importaciones, algo que no favorece a países como España -muy dependiente del gas y el petroleo exterior- y que puede generar inflación.
Existen diferentes criterios entre los estados miembros sobre qué tipo de medidas a aplicar para combatir la crisis económica provocada por el Covid-19, por lo que parece difícil una acción coordinada en este sentido.
Sin embargo, los distintos Gobiernos pueden aplicar una bajada de impuestos generalizada a autónomos, pymes y empresas que permita reactivar la capacidad del tejido productivo y a los ciudadanos, lo que permitiría aumentar la demanda.
Sin embargo, en un país como España, con un problema de déficit, debería ir acompañado de una reducción del gasto público. Algunos expertos apuntan a que podría ser el momento de acabar con duplicidades administrativas y otros gastos improductivos que no tiran de la economía.