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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, lanzó el pasado 24 de febrero un ataque a gran escala contra Ucrania que supuso el estallido definitivo del conflicto armado iniciado en 2014 en la región del Donbás entre el Ejército ucraniano y separatistas prorrusos.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado crímenes de guerra en el país, y el conflicto ha alcanzado ya las dimensiones necesarias para situarse en la mesa de los dos grandes tribunales internacionales: la CIJ y el TPI, cuyos dictámenes podrían acarrear graves consecuencias para Rusia y Putin.
Mangas Martín, miembro de la AEPDIRI, explica que a los ojos del Derecho Internacional solo es legal atacar objetivos militares. "Las infraestructuras básicas para la población civil", tales como hospitales, mercados o edificios de viviendas, como los atacados en Járkov, así como las imprescindibles para su supervivencia --puentes para transitar por la ciudad o escapar de ella--, "no se pueden bombardear". "Son intocables y, cuando se tocan, es un suma y sigue de crímenes de guerra", alerta.
La experta advierte además de que "atacar centrales nucleares liberando las fuerzas peligrosas que contienen" podría ser considerado igualmente un crimen de guerra por sus nefastas consecuencias sobre la población civil, un escenario no tan lejano a juzgar por los combates alrededor de la central de Chernóbil y los ataques sobre la de Zaporiyia.
Un total de 202 escuelas, 34 hospitales y más de 1.500 edificios residenciales han resultado dañados o destruidos por las tropas rusas desde el inicio de la invasión, el pasado 24 de febrero, según la Presidencia ucraniana.
"Bárbaros del siglo XXI. Rusia ha dañado o destruido 202 escuelas, 34 hospitales y más de 1.500 edificios residenciales, incluidos edificios de apartamentos", ha asegurado un portavoz presidencial ucraniano, Mihailo Podolak, en un mensaje publicado en Twitter.
"Más de 900 de nuestras localidades están sin suministro de luz, agua ni calefacción. El ejército ruso no sabe cómo luchar contra otros ejércitos, pero sabe cómo matar civiles", ha añadido.
Las autoridades rusas han informado de que están recopilando información sobre violaciones del Derecho Internacional para su posterior presentación en La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el Tribunal Penal Internacional (TPI).
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha negado "categóricamente" que Rusia haya cometido crímenes de guerra en Ucrania, después de que la fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) haya solicitado investigar en esta línea en el marco del conflicto.
De forma paralela, Peskov ha recordado que Rusia no forma parte del TPI, ya que se retiró del Estatuto de Roma, el tratado que rige la corte.
En este sentido, ha apuntado a que los datos sobre bajas civiles en Ucrania pueden ser resultado de las acciones de los "nacionalistas ucranianos" y ha insistido en que los efectivos rusos "no llevan a cabo ningún ataque a la infraestructura civil".
"Esto está fuera de discusión", ha aseverado, remarcando que Moscú busca la "desmilitarización" de Ucrania y que sus acciones se enfocan sobre "instalaciones militares", según ha recogido la agencia de noticias rusa Interfax. Asimismo, ha considerado que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, "puede dar la orden (a las tropas de Ucrania) de que depongan las armas" y "entonces no habrá bajas".