El domingo 6 de diciembre Venezuela afronta unas elecciones parlamentarias fundamentales, pero que, por el momento, no están suscitando gran interés entre los venezolanos y el ambiente en el país es de apatía. Los venezolanos están más preocupados por su supervivencia diaria y la subida de precios de los alimentos (la última semana de noviembre subieron un 40%) debido a la hiperinflación, que por los comicios.

Según Datanálisis y Delphos, las principales encuestadoras del país, la abstención se prevé superior al 70%, lo que favorecería principalmente a la bancada del chavismo, porque son los sectores opositores descontentos los que de una manera mayoritaria han declarado que no irán a votar.

Aunque esta abstención refleja un nuevo organigrama en las preferencias del votante venezolano que, por primera vez en las ultimas dos décadas, se despolitiza, rompe la polarización y se declara “Ni-Ni”, ni chavista, ni opositor. Según estas mismas encuestadoras, el 60% de la población de Venezuela se declara independiente, mientras que un 26% dice ser opositor y solo un 12% chavista.

20.710.421 venezolanos y venezolanas están llamados a las urnas el domingo para renovar por cinco años el Parlamento Nacional que, por primera vez, elegirá a 277 diputados. Son 110 diputados más que los que tiene hasta ahora, un cambio implementado por el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y que según los expertos electorales supone un quiebre en el principio de representación poblacional.

Además, por primera vez en la historia del país, se incluyen 48 diputados en una lista nacional desvinculada de los circuitos electorales y que, en contra de lo que dice la Constitución, no se elige de manera directa por los ciudadanos.

14.000 candidatos de un total de 107 organizaciones políticas se presentan a estas elecciones. Se han habilitado más de 30.000 máquinas de votación provenientes de China en cada uno de los más de 14.000 colegios electorales que estarán abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde del domingo; y que estarán custodiados por el Plan República, el despliegue militar y de las Fuerzas Armadas en los alrededores de los centros de votación para velar por la seguridad durante la jornada. El Plan República se instaura siempre que hay un evento electoral en el país.

Los principales partidos en las listas son los siguientes:

- Gran Polo Patriótico: Coalición del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Patria para Todos, Tupamaru, Alianza para el Cambio, Movimiento Somos Venezuela, Movimiento Electoral del Pueblo.

- Alianza Democrática: Coalición de Acción Democrática, Esperanza por el Cambio, Avanzada Progresista, COPEI, Cambiemos, Movimiento Ecológico de Venezuela.

- Venezuela Unida: Coalición de Primero Venezuela y Voluntad Popular.

- Alternativa Popular Revolucionaria: Coalición de Partido Comunista de Venezuela, Izquierda Unida, Tupamaru (escisión), Patria para Todos (escisión).

- Soluciones para Venezuela: Coalición de Soluciones para Venezuela y Redes.

La polémica con los partidos políticos de oposición en Venezuela llegó durante los meses de junio, julio y agosto de este año, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país, de corte chavista, intervino judicialmente las juntas directivas de los principales partidos opositores que habían declarado no presentarse a las elecciones por considerarlas un fraude.

Un total de ocho partidos políticos (los más importantes) han sido intervenidos por la justicia venezolana de manera arbitraria y sin precedentes. Mediante sentencia judicial arrebataron sus logotipos, infraestructura y tarjetas electorales a sus miembros directivos críticos y se los entregaron a otros miembros del partido afines a los comicios y al proceso marcado por el gobierno.

Esta situación inaudita ha provocado la escisión de los principales partidos opositores del país como Primero Justicia (el partido de Henrique Capriles y Julio Borges), Voluntad Popular (Juan Guaidó y Leopoldo López), Acción Democrática o Un Nuevo Tiempo y el cruce de acusaciones de todo tipo entre sus miembros.

El TSJ intervino incluso partidos opositores de izquierdas como el movimiento Tupamaru, Bandera Roja o Compromiso País, que tradicionalmente habían formado parte de la coalición del PSUV (el partido del gobierno de Nicolás Maduro), y que para este año anunciaron una alternativa revolucionaria de izquierdas que no sentó bien en las filas del chavismo por considerar que podrían restarles votos.

La oposición encabezada por Juan Guaidó no participará en las elecciones del 6 de diciembre por considerarlas “un fraude de la dictadura sin garantías”. En contraposición, han convocado una “consulta popular” que comenzará el lunes 7 de diciembre de manera virtual y durará toda la semana hasta el sábado 12, día en el que también han convocado una movilización de protesta en las calles y en el que los ciudadanos podrán responder a la consulta de manera presencial en varios puntos habilitados.

Mediante esta consulta, la oposición mayoritaria pretende legitimar su objetivo prioritario, que continúa siendo sacar a Nicolás Maduro del gobierno, establecer un gobierno de transición y abogar por unas elecciones presidenciales verificables, libres, y con garantías democráticas. A partir de esta consulta en la calle también pretenden aunar esfuerzos y recuperar el apoyo de la sociedad civil venezolana en torno a su postura para aumentar la presión interna y externa de sus aliados internacionales.

La fecha clave será el 5 de enero, cuando según la Constitución de Venezuela, debe tomar posesión la nueva Asamblea Nacional que salga de las urnas. Y es aquí, cuando se espera polémica y confrontación, porque como Juan Guaidó y su grupo no reconocen estas elecciones, alegan su “continuidad administrativa” y que, por lo tanto, ellos seguirán siendo la legitima Asamblea Nacional del país sudamericano.

El pasado 5 de enero de 2020 ya se vivieron escenas de enfrentamiento entre las diferentes facciones que componen el Parlamento venezolano, cuando la nueva Junta Directiva (cada año se renueva) elegida por los diputados chavistas y los opositores díscolos en un cuórum no reconocido por Juan Guaidó y su grupo, no permitieron la entrada a la sede del Palacio Legislativo del líder opositor para tomar posesión de su cargo como presidente de la Asamblea. Se vivieron escenas dantescas de auténtico estupor, en las que Guaidó intentó acceder al hemiciclo saltando la valla del recinto y los militares que lo custodiaban, así como los denominados colectivos chavistas (paramilitares motorizados) se lo impidieron de forma violenta.

La pregunta es si el próximo 5 de enero se vivirán escenas parecidas o incluso peores en los alrededores del Palacio Legislativo.

Como apunte de contexto, conviene mencionar que la Asamblea Nacional electa en 2015 fue de mayoría opositora, pero no ha podido legislar en los cinco años de mandato porque en su momento y tras la elección, el TSJ la anuló y la declaró en desacato al establecer que había habido fraude en la elección de tres diputados del estado Amazonas. La cuestionada y chavista Asamblea Nacional Constituyente ha hecho las veces de parlamento.

EEUU, la UE y varios países de América Latina ya han dicho que no van a reconocer las elecciones de este 6 de diciembre porque consideran que no se cumplen las garantías democráticas necesarias de transparencia y verificación.

Durante los últimos meses, la UE hizo un esfuerzo diplomático por acercarse al gobierno de Venezuela, llegar a un entendimiento y participar en los comicios como observadores internacionales, algo que finalmente no ocurrirá. El pasado mes de septiembre, Josep Borrell, Alto Comisionado de la UE para Asuntos Exteriores, en el marco de las negociaciones donde también participó el líder opositor Henrique Capriles, envió una misión diplomática a Caracas para hablar con todas las partes y llegar a un acuerdo conveniente para todos. No pudo ser.

No hubo acuerdo porque la UE pidió un aplazamiento de los comicios de al menos seis meses, algo a lo que el gobierno de Nicolás Maduro nunca estuvo dispuesto a ceder.

De esta manera, y según datos oficiales del CNE, estas elecciones contarán con un total de 1.500 observadores nacionales y más de 200 internacionales invitados por el gobierno de Maduro, pero se trata de miembros afines a su política e ideología con un tinte muy sesgado en la observación. El no reconocimiento de la comunidad internacional parece no importarle al ejecutivo chavista. Su vicepresidenta Delcy Rodríguez, señaló hace poco en un acto público que les resultaba “indiferente” y porque “existimos mucho mejor sin ustedes”, señaló.

Sin embargo, el aislacionismo no es una opción para un país que debe tener en cuenta al resto de la comunidad internacional para poder pedir una flexibilización de las sanciones y del bloqueo impuesto por EEUU, algo que, por otro lado, creen que ocurrirá con la nueva administración Biden. Las sanciones han agravado una crisis económica que afecta de manera cruel a más del 80% de los venezolanos que, según la última encuesta de condiciones de vida, vive en la pobreza.