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El año 2021 será recordado en el ámbito humanitario por los efectos colaterales de la pandemia de COVID-19, los conflictos enquistados, la virulencia de los desastres naturales o las cifras récord de desplazamiento, pero también por otras noticias que invitan al optimismo y que demuestran la importancia de la buena voluntad, especialmente en el ámbito político.
Así, pese a que cada vez hay más niños y niñas forzados a trabajar --160 millones-- y cada vez más pequeños --la mitad tiene entre cinco y once años--, para el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 2021 será recordado como el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, que se tradujo en septiembre en el primer acuerdo vinculante relativo al sector textil.
Es "otro paso clave para erradicar la explotación en este sector", en palabras de Rocío Vicente Senra, especialista de Derechos de Infancia y Cooperación de UNICEF España, que alerta de la especial vulnerabilidad de las niñas y aboga por la educación como "sólida estrategia preventiva contra el trabajo infantil".
Save the Children coincide con UNICEF en que los centros educativos son clave para la lucha contra ésta y otras lacras, si bien para ello tienen que estar en primer lugar abiertos --la pandemia ha provocado cierres indiscriminados-- y luego ser seguros, un aspecto este último por el que aboga la Declaración sobre Escuelas Seguras, respaldada por 112 países.
Michela Ranieri, experta en política exterior de Save the Children, señala que en 2021 esta declaración "ha tenido un gran protagonismo", tanto por la formación ofrecida por España a una veintena de países como por la celebración de la conferencia internacional sobre este tema en Nigeria. Nunca antes había tenido lugar en un país "fuertemente afectado por los ataques contra la educación".
A finales de octubre, además, "el Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad la primera resolución enfocada en la protección de la educación en conflicto armado, en la que se condenan los ataques contra las escuelas y se urge a los países a proteger el derecho a la educación de todos los niños y las niñas", apunta Ranieri.
Las migraciones han seguido marcando en gran medida las necesidades humanitarias en 2021, con una cifra récord de desplazados y refugiados --de 82,4 millones, según un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) publicado en junio-- y alrededor de 4.500 personas muertes en rutas migratorias, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que asume que la cifra, provisional, es sólo la punta del iceberg.
Sin embargo, el responsable de prensa de OIM España, Oussama El Baradoui, resalta la otra cara de la moneda, la de los migrantes que siguieron enviando dinero a sus países de origen. La pandemia hacía temer que las remesas "disminuirían abruptamente", pero en 2021 el Banco Mundial ha estimado un crecimiento del 7,3 por ciento, hasta los 589.000 millones de dólares.
"Constituye una muy buena noticia", subraya El Baradoui, quien recuerda que esos envíos suponen un "salvavidas" para que las familias satisfagan sus necesidades básicas y, además, estimula los mercados locales, "lo que se refleja positivamente en el PIB de esos países".
La portavoz de ACNUR en España, María Jesús Vega, destaca por su parte el "orgullo" que supone haber visto desfilar un equipo de refugiados en los Juegos Olímpicos de Tokio, así como la "solidaridad de gente de a pie" con la atención de un colectivo especialmente necesitado, a pesar de que sigue habiendo "un déficit grande de financiación" en la mayoría de los proyectos, incluso en emergencias.
La apatridia también se ha reducido, con hitos como el registro de nacimientos de bebés de mujeres sirias en Líbano, mientras que la cifra de jóvenes refugiados inscritos en enseñanzas superiores ha pasado del 1 al 5 por ciento. Aunque "aún estamos lejos del objetivo de tener al 15 por ciento matriculados", Vega llama a seguir por esta senda, teniendo en cuenta que la educación es clave para que estos jóvenes salgan de la marginación y la explotación y puedan, si deciden volver, trabajar en favor del futuro de sus respectivos países.
World Vision, por su parte, destaca un hito en el ámbito científico que podría tener consecuencias para millones de personas en países en desarrollo: La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó en noviembre de la primera vacuna contra la malaria en África, "un avance histórico" en opinión de la ONG.
El responsable de World Vision para el sur de África, Mark Kelly, advierte de que "cada día" siguen muriendo niños menores de cinco años por "una enfermedad prevenible", por lo que la vacuna podría salvar "miles" de vidas. Sólo en Malaui, se registran seis millones de casos de malaria cada año y su Gobierno se ha comprometido a incluir el nuevo fármaco en los planes de vacunación.
Etiopía también ha vivido un año de luces y sombras, ya que mientras en la zona norte se libra una guerra en la que, según la ONU, todas las partes han violado los Derechos Humanos y hay una crisis humanitaria sin precedentes, a nivel general se ha puesto de manifiesto la importancia de recuperar tierras degradadas.
El periodo anual de hambruna se ha reducido de 3,6 a 1,4 meses. El programa de desarrollo de tierras áridas, iniciado en 2013, ha permitido ayudar a 60.000 agricultores y recuperar unas 50.000 hectáreas, con resultados "espectaculares" en opinión de World Vision.
Con un 2022 todavía por escribir, las organizaciones humanitarias coinciden en que será necesario redoblar esfuerzos y no bajar en ningún momento la guardia. No en vano, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU prevé que 274 millones de personas de 63 países necesiten ayuda, un dato sin precedentes históricos.