Bruselas apuesta por reducir el Fondo anticrisis para lograr un acuerdo

Las instituciones europeas federales (Comisión, Parlamento y Banco Central Europeo) respondieron con relativa celeridad a la peor crisis económica europea desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es la hora del Consejo Europeo, de los gobiernos. Los 27 se reúnen este viernes, y más que probablemente mañana sábado, en Bruselas, por primera vez de forma presencial desde principios de marzo, para desbloquear una partida de casi dos billones de euros: 1,074 billones del Marco Financiero Plurianual o MFP (los presupuestos comunitarios) para el período 2021-2027 y 750.000 millones del Fondo Europeo de Recuperación, que Bruselas quiere bautizar como Next Generation EU.

La credibilidad de la UE ante sus ciudadanos se juega tras las mascarillas de 27 dirigentes nacionales que seguramente no olvidan que la UE lleva en esta pandemia más de 180.000 muertos, millones de empleos perdidos y se arriesga a una recesión del 9% anual, más de tres veces superior al peor año (2009, con un -2,9%) de la última crisis.

Entre esos dirigentes, que deberán hacer un receso para celebrar discretamente el 66 cumpleaños de Angela Merkel, estará el presidente del Consejo Europeo, el ex primer ministro belga Charles Michel, quien deberá forjar un acuerdo que ahora mismo parece muy difícil. Fuentes diplomáticas explicaban el jueves que, aun siendo posible, el acuerdo no está cerca. De fracasar esta cumbre habría más que probablemente otra los días 27 y 28 de julio. Alemania, presidencia semestral de la UE, quiere, como España, un pacto cerrado este mes.

Un fondo ligeramente recortado

Ni los 1.074 billones del MFP ni los 750.000 millones del Fondo anticrisis sobrevivirán a la cumbre sin recortes. Fuentes comunitarias explicaban el jueves que Michel podría proponer, para hacer ceder a los autodenominados frugales, un nuevo recorte que dejaría ambos paquetes en 1,050 billones y 700.000 millones. De este último, el recorte sería en la parte de transferencias a fondo perdido, que pasarían de 500.000 a 450.000 millones. Eso haría que España pasara de recibir unos 140.000 millones a entre 120.000 y 130.000 (según los criterios de reparto que se establecieran finalmente), aproximadamente la mitad en transferencias.

Las mismas fuentes cuentan que Michel, si la cumbre se bloquea por la parte de los montantes de los fondos, podría recortar otros 50.000 millones (esta vez de la parte de préstamos) para dejar el fondo anticrisis en 650.000 millones. Otra idea que Michel podría poner sobre la mesa sería equilibrar ligeramente el Fondo para que el porcentaje de transferencias y préstamos pasara de dos tercios y un tercio a 70% y 30%.

Bronca con la condicionalidad climática y de respeto al Estado de derecho

Las fuentes adelantan más posibles cambios, algunos cosméticos y otros de fondo. Una idea sería reducir la aplicación del Fondo anticrisis a tres años. Tiene una ventaja: apretar el dinero en tres años tendría mayor impacto económico a corto plazo. Y una desventaja: algunos países, España entre ellos, podrían tener problemas en asumir todo el dinero, como muestra que España lleve años sin gastar todos los fondos europeos que tiene asignados.

Michel debe sortear más obstáculos. Debe convencer a la mayoría de que Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia se llevarán un cheque compensatorio a su aportación neta al presupuesto comunitario, una fórmula que nació con el Reino Unido y que se ha ido extendiendo a pesar de que nació de forma provisional.

Algunas condiciones para aprobar los planes de reforma nacionales también pueden ser problemáticas. Varios, países (Rumanía, Grecia, Hungría, Chequia, Estonia o Polonia) se niegan a que los objetivos climáticos estén entre las condiciones. Polonia y Hungría amenazan con bloquear la cumbre si entre esas condiciones aparece, como quiere la mayor parte de los países del norte, algún mecanismo que les obligue a aceptar lo que diga Bruselas en cuanto al respeto al Estado de derecho.

La clave estará en la gobernanza del nuevo fondo

El problema de Michel es que los desacuerdos no se encuentran sólo en las cantidades y modalidades, sino en la gobernanza del nuevo fondo.

Un grupo de países cada vez mayor considera que los planes nacionales de reforma deben ser aprobados por mayoría cualificada (55% de los Estados miembros que representen al 65% de la población de la UE) en el Consejo. Los desembolsos y el seguimiento del cumplimiento de las condiciones los aprobaría la Comisión Europea. Es una solución que podría salir adelante, con permiso del primer ministro holandés.

Rutte, cada vez más solo en su exigencia de derecho de veto

Mark Rutte, que en las últimas semanas ha recibido las visitas del presidente francés Emmanuel Macron, de Pedro Sánchez, del primer ministro portugués António Costa, del presidente del Consejo italiano Giuseppe Conte y del presidente del Consejo Europeo Charles Michel, pretende que todo se apruebe por unanimidad. Es decir, tener derecho de veto personalmente. Tanto sobre los planes nacionales de reforma como sobre cada desembolso.

Rutte está solo en su exigencia. Suecia, Dinamarca, Austria y en parte Finlandia quieren ver cambios en las cantidades y exigen la mayoría cualificada, pero nadie va hasta el punto de pedir unanimidad porque eso haría que cualquier gobierno tuviera derecho a veto. Con los holandeses de camino a las urnas el próximo marzo y la ultraderecha eurófoba acechando a un Rutte que en lugar de combatirla la persigue, dar derecho de veto a Rutte pondría en peligro el Fondo.

Michel tiene una última carta, polémica y que podría provocar una crisis, pero totalmente legal: forzar una votación. El Fondo se articula a partir del artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la UE, por lo que su aprobación se puede hacer por mayoría cualificada. Los reticentes no alcanzan la minoría suficiente para bloquear. Lo que sí necesita unanimidad es el MFP. Vetarlo conllevaría que se prorrogaría el MFP actual pero sin los cheques de compensación que reciben, precisamente, los que amenazan con el veto.

Si no hay acuerdo todos pierden

La crisis financiera desatada en 2008 provocó que en Europa hubiera que rescatar las finanzas públicas de varios países (Grecia, Chipre, Irlanda, Portugal) y al sector financiero español. Las gafas de 2008 están mal graduadas para 2020. Ahora todos necesitan ese dinero en mayor o menor grado, todos están sufriendo la crisis y todos los dirigentes saben que las medidas contra ella deben ser urgentes para ser más eficaces.

La estructura del Fondo es otra. Nadie pone un euro de sus fondos nacionales. Se financia con una emisión de deuda en nombre de la UE que se irá pagando en parte con los propios presupuestos europeos. En caso de quiebra la responsabilidad no es mayor para quienes son contribuyentes netos sino que se reparte en función de cuánto contribuye globalmente cada uno. Así, en el eventual caso de producirse una quiebra España debería 1,6 veces más que los Países Bajos. Si a esos números les restamos los cheques compensatorios que reciben varios de los contribuyentes netos la diferencia es aún mayor.

Otra parte se deberá pagar con recursos nuevos, los que propone Charles Michel a partir de la creación de varios impuestos europeos: el ya existente mercado de carbono, un impuesto al carbono en frontera, otro impuesto (menor al 1% de sus beneficios) a todas las cotizadas del continente y finalmente la conocida como Tasa Google.

Salvar el mercado común

La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y varios gobiernos advierten que esta crisis, inédita por el frenazo de la actividad, podría poner en peligro incluso la mera existencia del mercado común europeo. Y recuerdan que aunque todos los miembros de la UE se benefician de su participación en ese mercado común, no todos lo hacen en el mismo grado. Según los cálculos del Ejecutivo europeo, cada español gana algo más de 1.500 euros anuales por la pertenencia española al mercado común. Cifra muy ligeramente superior a la italiana, pero inferior a la francesa (aproximadamente 2.000 euros), casi la mitad que la alemana (cerca de 3.000 euros), unas tres veces inferior a la holandesa (más de 4.500 euros) y muy lejana a la luxemburguesa (más de 12.000 euros). Esa es una de las explicaciones de por qué Luxemburgo, que es el país que más contribuye al presupuesto europeo en proporción a su población, no pone pega alguna al nuevo fondo y no exige –aunque tendría derecho- un cheque compensatorio por su contribución a los presupuestos.

Armas en el cajón

Los argumentos abundan a ambos lados de la mesa. Si los frugales entienden que desembolsar fondos europeos debe conllevar condicionalidad (como siempre ocurre, la UE nunca ha dado dinero a cambio de nada ni sin controles previos y posteriores, pero no es lo mismo exigir objetivos climáticos que recorte de pensiones), países como Italia recuerdan que en los últimos 30 años su senda fiscal ha sido más ‘frugal’ que la holandesa y que su deuda pública viene principalmente de los años 80.

El dictamen judicial sobre el caso Apple recordaba además esta semana que algunos Estados miembros mantienen unas políticas que atraen artificialmente ingresos fiscales de otros Estados miembros, algo que Bruselas, pese al revés judicial, sigue teniendo entre ceja y ceja. La red de académicos Tax Justice Network calcula que la Hacienda holandesa ingresa así anualmente unos 10.000 millones de euros que ‘succiona’ a otros países europeos: unos 2.500 a Alemania, unos 1.500 a Francia e Italia y unos 900 a España.