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El absurdo más dañino está implantado en Myanmar, antigua Birmania, desde el golpe de Estado del 1 de febrero en el que el Ejército detuvo a la cúpula de Gobierno electo encabezado por Aung San Suu Kyi, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1991. Mientras el país se asfixia en plena tercera ola de la pandemia, la junta militar está llevando a cabo detenciones de profesionales médicos por su participación en el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), organización que está detrás de las protestas populares donde se denuncia la ilegitimidad del nuevo Gobierno.
Desde que éstas comenzaron, alrededor de 800 manifestantes han perdido la vida y miles han sido detenidos. Durante los últimos meses, los trabajadores sanitarios están en el punto de mira de la junta militar. Según denuncian varias instituciones internacionales como Médicos por los Derechos Humanos (PHR, siglas en inglés), justo en el momento en que más falta le hace al país la presencia de facultativos, éstos son detenidos, apaleados, encarcelados sin que sus familiares sepan dónde o cómo están; también se les confisca su material y, los que aún no han sido detenidos, se ven obligados a atender a pacientes en la clandestinidad.
Entre los arrestados se encuentran dos médicos de perfil alto: la Dra. Htar Htar Lin, antigua directora del Programa de Inmunización Nacional, que dirigió la prometedora puesta en marcha de la campaña de vacunación en Myanmar hasta que se perpetró el golpe de Estado, y el Dr. Maw Maw Oo, jefe de Medicina de Emergencia de la Universidad de Medicina de Yangon.
“La detención arbitraria de la Dra. Htar Htar Lin es una señal más de que la junta militar no se detendrá ante nada en su guerra contra los trabajadores de la salud en Myanmar: ni siquiera la profesional que dirige el despliegue de la vacuna contra el Covid-19 en el país está a salvo”, expresa Jennifer Leigh, epidemióloga e investigadora de PHR Myanmar. “Ha sido falsamente acusada de corrupción por los militares de Myanmar por su participación en el MDC. En lugar de evitar otra oleada de Covid-19 y garantizar que los residentes de Myanmar reciban las vacunas, los militares están atacando a los funcionarios de inmunización del país e incluso a sus hijos”, agrega.
La Dra. Lin fue detenida junto a su marido y a su hijo de siete años de edad y es, junto al Dr. Maw Maw Oo, una de las cabezas visibles del despropósito. No obstante, hay otros sanitarios locales que se encuentran en paradero desconocido tras recibir el alto o la visita a sus hogares por parte de los militares.
El 16 de julio, el Dr. Thet Htay, de 41 años de edad, fue detenido mientras se dirigía a su casa desde el hospital de caridad donde ofrecía sus servicios en la clandestinidad a pacientes de Covid-19. Antes del golpe de Estado, era cirujano en el Hospital General de Mandalay, pero su participación en el MDC le costó su puesto, al principio, y su libertad, después. Sus compañeros fueron testigos de cómo los militares lo llevaron a la clínica para incautarse de todo su material, incluido su ordenador portátil. Según describieron, tenía la cara desfigurada por los golpes.
Tres días antes, un joven médico recién licenciado, el Dr. Kyaw Kyaw Thet, fue detenido en su casa por alrededor de 20 policías y soldados. Al igual que decenas de doctores perseguidos, antes de su arresto se dedicaba a realizar consultas médicas online a contagiados de Covid-19. Esta semana, otros tres doctores voluntarios fueron encarcelados después de que varios militares se hicieran pasar por pacientes que necesitaban tratamiento urgente. Además, según denuncian otros médicos, la junta está difundiendo información errónea y acusando a los sanitarios que participan en el MDC de estar provocando la muerte a pacientes de Covid-19.
“Están asaltando las plantas de oxígeno. Están deteniendo a los médicos. ¿Y luego dicen que los médicos que participan en el MDC están matando a los pacientes? No tiene ningún sentido. Los médicos han estado salvando vidas ofreciéndose como voluntarios en todos los lugares que pueden. Los verdaderos asesinos son los miembros del consejo militar”, afirmó el doctor Soe Thura Zaw, un dentista que en noviembre, antes del golpe de Estado, denunció en redes sociales cómo los militares estaban “lavando el cerebro” a los asistentes a conferencias de salud. El facultativo se encuentra en busca y captura.
De nada están sirviendo los llamamientos de instituciones como la Sociedad de Salud de Mandalay, que a través de un comunicado condenó esta semana las detenciones de médicos en plena crisis de Covid-19 y exigió que fueran liberados de inmediato. Según reporta la agencia Reuters, las detenciones podrían ascender a 73 sanitarios, todo ello en un clima en el que se mezcla la desconfianza y el caos. Se calcula que alrededor de 900 clínicos que formaron parte del MDC están ayudando a pacientes por teléfono de manera gratuita, hecho que ha sido confirmado por varios medios locales. El Ejecutivo militar, por su parte, los acusa de estar cobrando altas sumas de dinero a los enfermos y de estar provocando muertes innecesarias. Mientras tanto, los contagios y las muertes aumentan sin control.
El jueves se registraron 319 fallecimientos y casi 7.000 infecciones por Covid-19. La media de muertes en los últimos siete días es de 255 diarias y, según datos oficiales, durante la pandemia han fallecido alrededor de 6.300 personas y se han registrado 253.000 infecciones de Covid-19. Las cifras están bajo sospecha y se da por hecho que no tienen nada que ver con la realidad. Especialmente porque la detección del virus a través de PCR es lenta y escasa: tan solo se realizan alrededor de 15.000 pruebas diarias en una población de 54 millones de habitantes. El sistema de salud está completamente saturado y la gente que no puede ser admitida perece en la calle, los cadáveres se acumulan en los cementerios y crematorios, la población hace fila durante días para rellenar bombonas de oxígeno para sus familiares enfermos y las historias de desesperación se suceden en redes sociales como sucedió Brasil y en India.
La variante delta se está cebando con Myanmar y la inestabilidad política, unida al sin sentido de las detenciones de sanitarios, están amplificando el drama social de un país que no ha tenido un año sion violencia desde 1948.