Las fuerzas de seguridad de Grecia han informado este viernes de que al menos 23 personas han sido detenidas en Atenas durante las protestas para exigir justicia en relación con el trágico accidente de tren que tuvo lugar en febrero de 2023 en la localidad de Tempe, en la zona de Tesalia, y que se saldó con 57 muertos y decenas de heridos.

Los manifestantes se han reunido frente a la Universidad de Atenas, la capital del país, para marchar hasta el Parlamento, donde está previsto que guarden un minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos, según informaciones recogidas por el diario 'Ekathimerini'. Asimismo, las estaciones de metro de Sintagma y Panepistimio permanecen cerradas desde las 10:00 hora local debido a las protestas contra el Gobierno, que tendrá que hacer frente esta tarde a una moción de censura presentada por las fuerzas opositoras, que siguen acusando a las autoridades de haber encubierto pruebas sobre el siniestro de Tempe.

Fuentes cercanas al asunto han indicado que la votación en el Parlamento tendrá lugar a las 21:00 hora local tras el debate entre diferentes partidos en la Cámara Baja. Para que la moción salga adelante debe hacerse con el voto a favor de 151 diputados, la mayoría absoluta. En caso de ser rechazada, los diputados no podrán presentar otra moción hasta pasados seis meses a menos que esta cuente con el visto bueno de la mayoría absoluta del Parlamento.

Las manifestaciones llegan tras varias protestas registradas en Atenas, Larisa, Patra o Salónica durante las últimas semanas. El viernes pasado, miles de personas salieron a la calle en todo el país para exigir "respuestas" a pesar de que el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, sostiene que las autoridades no han obstaculizado las investigaciones sobre lo sucedido aquel día.

El accidente, que se produjo cuando el tren de pasajeros cubría la distancia entre Atenas y Salónica con 350 pasajeros a bordo, ha provocado numerosas protestas durante los últimos meses contra lo que muchos consideraron el resultado de décadas de abandono del sector.

Desde entonces, supervivientes y familiares de las víctimas afirman que los políticos, que no pueden ser imputados y únicamente pueden ser investigados por el Parlamento, están amparándose en la protección que les otorga la legislación griega en vez de "asumir sus responsabilidades" por la falta de sistemas de seguridad adecuados.

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