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El Gobierno de Israel ha aplazado tres meses su decisión sobre la creación de una comisión de investigación en torno a los fallos de seguridad durante los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.
La reunión concluyó a última hora durante este domingo, en la que se celebró sin la presencia del jefe del Shin Bet, Ronen Bar, quien vio cómo su petición para participar en la misma fue denegada. Según ha recogido la cadena israelí Arutz Sheva, esto se ha producido en medio de las tensiones en el seño del gabinete sobre la investigación.
La mayoría de los ministros presentes estuvieron de acuerdo con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, sobre que sería un error llevar a cabo una investigación en medio de una "guerra". Por su parte, el titular de Exteriores, Gideon Saar, habría apostado por una comisión estatal tras una enmienda legislativa que permita al Gobierno determinar su composición.
Además, la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, argumentó que "una comisión gubernamental de investigación, al contrario que una comisión estatal, recibe su financiación del Gobierno, que podría ejercer una influencia indebida" en las pesquisas sobre los graves errores de seguridad durante los ataques.
Por otro lado, la fiscal general, sostuvo que, a pesar de que la reunión fue aplazada durante un periodo de 90 días, pretenden realizarlo. "Presentamos nuestra posición ante el tribunal en La Haya de que pretendemos establecer una comisión estatal. No podemos dar marcha atrás", aseguró.
Esta sesión fue convocada a causa de que el Tribunal Supremo israelí ordenó el pasado diciembre que el Gobierno celebrara en un plazo de 60 días una reunión para deliberar el establecimiento de una comisión estatal de investigación, tras los continuos retrasos a la hora de abrir pesquisas sobre los ataques.
Asimismo, el pasado 21 de enero, el jefe del Ejército de Israel, Herzi Halevi, comunicó a Netanyahu y al ministro de Defensa, Israel Katz, que dimitirá el 6 de marzo por los fallos de seguridad relacionados con dichos ataques. Según los balances de las autoridades israelíes, causaron un total de 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados.
Tras ello, el ex primer ministro Yair Lapid, ahora uno de los principales líderes opositores, pidieron a Netanyahu y a "todo su desastroso gobierno" que "asuman su responsabilidad y renuncien", siguiendo los pasos de Halevi, en medio de la percibida como negativa de Netanyahu a asumir responsabilidades políticas por los ataques.
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