Donald Trump sigue firmando órdenes ejecutivas contra inmigrantes, personas transgéneros y agencias federales. La última a la que ha puesto su nombre con rotulador negro ha sido la que establece sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) por sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel. Una decisión que responde a la orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra en Gaza, que dictaba por este Tribunal.

El mandatario consideró en ese documento que la CPI ha emprendido "acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos" e Israel, definido como un "aliado estrecho", y ha "abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas" contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Galant.

Para Trump, las recientes acciones de la CPI "sientan un precedente peligroso, poniendo en riesgo directamente al personal actual y anterior de Estados Unidos, incluidos los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, al exponerlos a acoso, abuso y posible arresto".

Esa "conducta maligna", en su opinión, "amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la labor crítica de seguridad nacional y política exterior del Gobierno estadounidense" y de sus aliados.

El documento entiende por aliado el gobierno de un país miembro de la OTAN o de un socio destacado que no pertenezca a esa organización.

Aunque se destaca que Washington sigue comprometido con la rendición de cuentas, se pide que la CPI respete su decisión y la de otros países de no someter a su personal a la jurisdicción de esa corte.

La orden contempla restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI, así como su familia inmediata (pareja e hijos), que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.

Así, la entrada "sin restricciones" de inmigrantes y no inmigrantes que se considere que cumplan los criterios marcados se tacha de perjudicial y se suspende, a menos que desde el Departamento de Estado se determine lo contrario en base a recomendaciones de la fiscal general, Pam Bondi.

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