El debate sobre la nacionalidad de los bebés nacidos en territorio extranjero de padres inmigrantes ha resurgido como uno de los temas más controvertidos en el panorama político de Estados Unidos, especialmente en campaña electoral.

Durante su mandato anterior y ahora de regreso en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump reavivó la polémica al proponer la eliminación del derecho de ciudadanía por nacimiento, un principio fundamental consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución.

Este concepto, conocido como ius soli, otorga automáticamente la ciudadanía a cualquier bebé nacido en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus progenitores, lo que lo convierte en un pilar clave del sistema legal estadounidense.

La propuesta de Trump, considerada por muchos como un intento de endurecer las políticas migratorias, ha generado un amplio debate constitucional y social, destacando las tensiones entre el reconocimiento de derechos fundamentales y las prioridades de seguridad fronteriza.

En contraste, España no reconoce el ius soli de forma plena, ya que se basa principalmente en el ius sanguinis o derecho de sangre. Sin embargo, ambas realidades reflejan tensiones similares: el equilibrio entre la soberanía nacional, los derechos humanos y las políticas migratorias.

La idea de Trump de modificar el acceso a la ciudadanía a través de una orden ejecutiva desató un intenso debate legal y político. En teoría, esta decisión contradice la Constitución de los Estados Unidos, lo que haría necesario un proceso de enmienda constitucional para implementarla. Sin embargo, la propuesta apuntaba a redefinir el alcance del ius soli, argumentando que la enmienda no debería aplicarse a hijos de inmigrantes indocumentados.

En palabras de expertos, esta medida enfrentaría innumerables desafíos legales, ya que el ius soli ha sido un pilar del sistema estadounidense desde finales del siglo XIX. Además, el impacto de una medida así podría desencadenar un incremento en los casos de apatridia, algo que preocupa a organismos internacionales como Naciones Unidas.

España, por su parte, adopta un enfoque basado en el ius sanguinis, otorgando la nacionalidad a los hijos de al menos un progenitor español, independientemente del lugar de nacimiento. Sin embargo, en casos de bebés nacidos en territorio español de padres extranjeros, el proceso para adquirir la nacionalidad es mucho más complejo.

Rocío Mora Díaz, abogada experta en derecho de extranjería, explica que "en España, la nacionalidad no se adquiere automáticamente por el mero hecho de nacer aquí. Los hijos de padres extranjeros deben seguir trámites específicos, y la posibilidad de obtener la nacionalidad española depende de múltiples factores legales y administrativos".

Para los hijos de inmigrantes nacidos en España, el acceso a la nacionalidad está condicionado por el origen de los padres y su situación legal. “En España, la nacionalidad por nacimiento se rige por el ius sanguinis. Si los padres son extranjeros, el bebé no es español por defecto, salvo excepciones como los casos en que el país de origen de los padres no reconoce la nacionalidad de los hijos nacidos fuera de su territorio”, explica Mora.

Por ejemplo, si un bebé nace en España de padres colombianos, estos deben obtener una certificación negativa del consulado colombiano que confirme que el niño no tiene derecho a la ciudadanía colombiana. Solo entonces se puede iniciar el proceso de nacionalidad española por presunción, evitando que el bebé quede apátrida. Este proceso, aunque garantista, es complejo y requiere de una documentación exhaustiva.

Otro caso relevante en el contexto español son los bebés que llegan al país junto con sus madres a través de pateras u otros medios irregulares. Según la abogada Rocío Mora Díaz, “los bebés que llegan en patera no adquieren automáticamente la nacionalidad española, ya que no han nacido en España y se asume que tienen una nacionalidad de origen, aunque no muestren documentación para evitar la deportación”.

Sin embargo, estos menores no pueden ser expulsados del territorio, lo que también protege a sus madres de una deportación inmediata. Aunque esta situación no otorga la nacionalidad, garantiza ciertos derechos básicos mientras se regula su situación.

España no niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes, pero tampoco la concede automáticamente en la mayoría de los casos. Según la legislación vigente, el proceso de adquisición de nacionalidad puede iniciarse solo si se cumplen requisitos específicos, como la certificación de apatridia o, en otros casos, la residencia continuada de al menos un año para los niños nacidos en España.

"Hay que analizar cada caso en detalle", señala Mora Díaz. "Decir que un bebé nacido en estas circunstancias será automáticamente español no es correcto. La ley está diseñada para evitar apátridas, pero no contempla la nacionalidad automática, y en la mayoría de los casos, los bebés deben acogerse al régimen de sus padres".

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