La Justicia de Argentina ha ordenado la detención del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por crímenes de lesa humanidad en el marco de un caso abierto bajo el denominado principio de jurisdicción universal.

"Un poco de luz entre tanta oscuridad. Un poco de justicia para tantas víctimas", ha señalado en la red social ‘X’, –antes Twitter–, Dario Richarte, el abogado que promueve el caso contra Ortega desde 2022.

En este contexto, ha sido el juez federal argentino Ariel Lijo el que ha solicitado a la Interpol que se pida su captura internacional a través del sistema de alertas rojas y ha citado a declarar a Ortega y a Murillo por violación de Derechos Humanos.

Además, las mismas medidas también se han impuesto contra otros altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, según recoge Europa Press citando información del portal de noticias Infobae.

La decisión ocurre después de que el fiscal Eduardo Taiano abriera una investigación el pasado mes de octubre para determinar si los implicados cometieron crímenes de lesa humanidad como detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada o torturas.

La denuncia, que se basa en el artículo 118 de la Constitución sobre jurisdicción universal, fue presentada por el abogado Richarte y un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ante el clima de represión que se vive en el país desde las protestas antigubernamentales de 2018.

El Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) ha celebrado este lunes la decisión en una publicación en redes sociales. "Desde cada espacio posible sigamos actuando con firmeza para poner fin a la impunidad", ha subrayado.

La Justicia argentina ha aplicado con anterioridad el principio de jurisdicción universal a casos como el de 2010 en el que abrió una investigación penal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante el régimen franquista.

Además, en noviembre de 2021 la Justicia argentina admitió a trámite una denuncia para juzgar los crímenes perpetrados contra la minoría rohingya durante décadas por las autoridades birmanas en el estado de Rajine.

Tras la decisión de la Justicia argentina contra Daniel Ortega y parte de su Gobierno, la opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) ha mostrado su apoyo a la decisión del juez y ha asegurado que "la justicia internacional no se detendrá hasta hacer pagar a todos los responsables de las violaciones de Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad que el régimen ha cometido".

A través de un comunicado, aluden además a los miembros de la Policía y el Ejército que "ejecutan las acciones de los esquemas represivos que los Ortega Murillo promueven contra toda persona u organización que consideran opositor".

En esa nota, publicada a través de las redes sociales, figuran además el resto de representantes nicaragüenses que encaran la detención: cuatro altos cargos de la Policía, además de la exministra de Salud Sonia Castro, el asesor de la Presidencia Néstor Moncada Lau, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Luis Pérez Olivas; la presidenta del Consejo Nacional de Universidades, Ramona Rodríguez; y el secretario general de la alcaldía de Managua, la capital del país, Fidel Moreno.

A este respecto, la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que respalde el proceso judicial abierto contra las autoridades nicaragüenses "ante la falta de mecanismos independientes dentro del país para investigar y sancionar estos delitos" y así "garantizar que las víctimas de los crímenes cometidos por los Ortega Murillo no queden en la impunidad".

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