La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, ha ordenado investigar a Sara Netanyahu, la mujer del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de que un informe indicara que había tratado de intimidar a un testigo e interferir en el caso de corrupción contra su marido.

El documento, que no menciona a Sara Netanyahu por su nombre, dice que tiene que ser investigada por sospecha de acoso a testigos y obstrucción a la justicia. También cita el informe emitido en el Canal 12, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Horas antes de que se ordenara la investigación, el jefe de Gobierno israelí defendió a su mujer en un discurso en vídeo publicado en su perfil de la red social X en el que acusaba a los medios de comunicación de difundir "libelos de sangre" y de conspirar "con multimillonarios de la izquierda y del extranjero" en un intento de derrocar a su gobierno.

Algunos de los aliados de Netanyahu, como el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, han criticado la medida. Este ha acusado a Bahavar-Miara de persecución política: "Quien persiga políticamente a los ministros del gobierno y a sus familias, no puede seguir sirviendo como fiscal general", ha declarado.

El ministro de Justicia, Yariv Levin, ha descrito la orden de la fiscal como "una aplicación selectiva extrema que ha vuelto a mostrar su fea cabeza" y ha criticado que el organismo "esté ocupado abriendo investigaciones tras los cotilleos en la televisión".

Además de la presunta intimidación de testigos, el informe señaló que Sara Netanyahu había organizado una protesta en las inmediaciones de una familia vecina cuyo hijo había muerto en combate, alentando también a las fuerzas de seguridad a usar la violencia contra los manifestantes antigubernamentales.

El primer ministro está señalado en tres causas por una batería de delitos, entre ellos el de fraude o aceptación de sobornos, si bien ha denunciado que todo forma parte de una persecución política. De hecho, logró volver al poder para un sexto mandato ya con los procesos abiertos, a finales de 2022.

Entre las acusaciones en su contra se encuentra el uso indebido de poder para presionar a los medios de comunicación y que difundan información favorable al Gobierno. Uno de los casos se remonta al año 2000, cuando trató supuestamente de llegar a un acuerdo con el diario 'Yedioth Aharonot' para que hablara de forma positiva de su administración a cambio de impulsar una legislación que perjudicara a su principal competencia, el diario 'Israel Hayom'.

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