El fiscal especial Jack Smith ha presentado este lunes una solicitud para retirar los cuatro cargos federales contra el presidente electo, Donald Trump, en el marco de la investigación abierta por sus intentos de revocar el resultado de las elecciones de 2020.

"La posición del Departamento de Justicia es que la Constitución exige que este caso sea desestimado antes de que el acusado tome posesión", ha subrayado el fiscal en un documento de seis páginas recogido por la cadena estadounidense CNN.

El magnate se enfrenta a cuatro cargos por conspirar contra Estados Unidos; por impedir que el Congreso certifique los resultados recogidos en las urnas; por conspirar contra el derecho al voto, así como por su intento de obstruir la certificación de las actas.

El magnate fue imputado en agosto por un gran jurado de Washington. La acusación defendió que Trump manipuló a los manifestantes al hacerles creer que el entonces vicepresidente Mike Pence podría cambiar los resultados de las elecciones. Tras su negativa, sus simpatizantes asaltaron el Capitolio el 6 de enero.

El texto que el fiscal Smith ha remitido a la jueza federal estadounidense Tanya Chutkan alega que la decisión de desestimar el caso de interferencial electoral, por el que Trump se enfrenta a cuatro cargos federales, "no depende de la gravedad de los delitos imputados, de la solidez de las pruebas del Gobierno ni de los méritos de la acusación".

"La posición del Departamento de Justicia es que la Constitución exige que este caso sea desestimado antes de que el acusado tome posesión", ha subrayado el fiscal en un documento de seis páginas recogido por la cadena estadounidense CNN.

En respuesta, el portavoz de la campaña electoral del magnate, Steven Cheung, ha asegurado que esto supone "una victoria decisiva" para el expresidente y ha reiterado que tanto el pueblo como el magnate buscan el "fin de la utilización" del sistema de justicia como "arma política".

La decisión se produce después de que el Tribunal Supremo dictaminara a principios de julio que Trump gozaba de una cierta inmunidad como presidente, pero descartó que esta fuese total, lo que obligó a la Fiscalía a corregir su imputación.

El expresidente se enfrenta a cuatro cargos por conspirar contra Estados Unidos; por impedir que el Congreso certifique los resultados recogidos en las urnas; por conspirar contra el derecho al voto, así como por su intento de obstruir la certificación de las actas.

Trump fue imputado en agosto y se declaró no culpable de los cargos. Los fiscales defienden que manipuló a los manifestantes al hacerles creer que el entonces vicepresidente Mike Pence podía cambiar los resultados de las elecciones, lo que finalmente derivó en el asalto al Capitolio del 6 de enero.

La histórica petición de desestimar el caso se produce además después de que el juez que debe establecer la sentencia contra Trump por la falsificación de documentos para ocultar un pago a la exactriz porno 'Stormy Daniels' haya anunciado un aplazamiento de la vista en la que se conocerá si finalmente es condenado a pena de cárcel.

En paralelo, el fiscal ha presentado otra solicitud ante un tribunal federal de apelaciones para desestimar el caso de los documentos clasificados contra Trump después de que la jueza Aileen Cannon desestimara la acusación en julio alegando que el nombramiento de Smith fue inconstitucional.

El fiscal, que apeló la decisión de Cannon, asegura ahora que Trump tendrá inmunidad presidencial "temporal" debido a su mandato al frente de la Casa Blanca. No obstante, ha mantenido la acusación contra dos trabajadores del magnate.

El expresidente estadounidense se declaró no culpable de más de una treintena de cargos después de que fueran hallados numerosos documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, tras su salida de la Casa Blanca.

Los cargos contra Trump iban desde la retención deliberada de información de defensa nacional hasta la conspiración para obstruir a la justicia. El magnate almacenó cajas con documentos en varios lugares de su residencia, como su dormitorio o una de sus oficinas, aunque también se llegaron a encontrar en el baño y en la ducha.

Según la ley estadounidense, aprobada después de que el expresidente Richard Nixon intentara destruir documentos de la Casa Blanca durante el escándalo Watergate, todos los documentos deben ser entregados a los Archivos Nacionales al final de cada mandato presidencial.

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