El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, ya ha presentado el proyecto de acuerdo el primer paso del Gobierno para “evaluar” la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con España, en respuesta a la decisión del Congreso español de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia -exiliado en el país europeo- como presidente electo.

El Congreso de los Diputados, el pasado 11 de septiembre, aprobó una proposición no de ley impulsada por el Partido Popular (PP) para presionar al Gobierno a reconocer como presidente de Venezuela a González Urrutia, quien llegó a Madrid el día 8 de este mes y solicitó asilo político ante la persecución que asegura sufrir en su país.

La Asamblea Nacional (AN, Legislativo) venezolana rechaza, según el proyecto de acuerdo, “la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso” del país europeo, y exhorta a los parlamentarios españoles a “respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió, soberanamente”, a Maduro como “presidente reelecto” en los comicios del 28 de julio.

Ese resultado, anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con base en unos resultados que todavía se desconocen de manera desagregada, se rechazó y señaló como “fraudulenta” por la oposición mayoritaria -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- y ampliamente cuestionada por buena parte de la comunidad internacional, que exige la publicación de las actas.

El proyecto de la AN señala la decisión del Congreso español como una “acción que pretende desconocer la institucionalidad democrática” de Venezuela, además de la “voluntad soberana de todo un pueblo”.

“Jamás aceptaremos que ningún Gobierno extranjero o instancia internacional imponga condiciones y se inmiscuya en nuestro asuntos internos”, agrega el documento.

El proyecto se presentó a solicitud del presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, quien, la semana pasada, pidiera redactar una resolución, que espera se apruebe, para instar al Ejecutivo a romper “todas las relaciones” diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España.

Rodríguez exigió que la resolución establezca que “todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato”, en respuesta a lo que consideró como “el atropello más brutal” de España contra Venezuela “desde los tiempos” en que el país caribeño luchó por su independencia, en referencia a la decisión del Congreso de la nación europea.

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