La decisión del candidato presidencial Edmundo González de abandonar Venezuela y poner rumbo a España suma el nombre de este diplomático a una larga lista de políticos obligados a exiliarse para esquivar investigaciones o condenas dictadas por las autoridades chavistas durante estos últimos años.

González podrá permanecer en España en condición de asilado político, tal como ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, que ha explicado que el opositor llevaba varios días en la residencia del embajador. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha explicado que le han concedido un salvoconducto "en aras de la tranquilidad y paz política".

Antes que él, también salió de Venezuela Juan Guaidó, que en enero de 2019 fue reconocido por medio centenar de países, entre ellos España, como legítimo presidente tras las controvertidas elecciones de 2018. Guaidó lideró durante varios años las reivindicaciones opositoras, antes de cruzar a pie la frontera con Colombia en abril de 2023.

Actualmente, reside en Estados Unidos junto a su familia, lo que no ha evitado que siga en el punto de mira de las autoridades venezolanas. Sobre él pesa una orden de arresto emitida a instancias de la Fiscalía, que en octubre del año pasado le acusó entre otros delitos de traición a la patria y usurpación de funciones.

Leopoldo López, compañero de partido de Guaidó y símbolo de las protestas opositoras de 2018, se refugió a finales de abril de 2019 en la Embajada española en Caracas para escapar también de la presión del chavismo: está condenado a más de 13 años de cárcel por incitar a la violencia.

López permaneció en la residencia del embajador hasta octubre de 2020, cuando logró escapar y volar hasta España, en su caso sin la connivencia del Gobierno de Maduro.

En España también residen el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, que burló en noviembre de 2017 el arresto domiciliario, y el expresidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, que inicialmente se había refugiado en Colombia, así como la antigua diputada Dinorah Figuera, breve sustituta de Guaidó al frente del Parlamento opositor.

Las autoridades venezolanas, en particular el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía, han solicitado a las de España la detención y extradición de todos estos dirigentes, en virtud de una serie de delitos a los que no ha dado pábulo la parte española, que no ha adoptado medida alguna contra ellos.

La ONG Foro Penal calcula que hay cerca de 1.800 personas detenidas en Venezuela por razones políticas y la oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha denunciado que las elecciones presidenciales del 28 de julio han derivado en un "clima de miedo" instaurado por el Gobierno de Maduro.

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