El Gobierno de Alemania reacciona. Realizará la primera deportación de "criminales" afganos con condenas dictadas por los tribunales germanos y con una orden de expulsión. Es la primera medida de este tipo desde que los talibanes volvieron al poder en agosto de 2021 y apenas una semana después del atentado de Solingen, cometido por un ciudadano sirio sobre el que pesaba una orden de expulsión del país.
"Alemania ha llevado a cabo esta mañana una repatriación de ciudadanos afganos a su país de origen por primera vez desde agosto de 2021", ha informado el gobierno, a través de un comunicado que firma el portavoz del Ejecutivo, Steffen Hebestreit.
En este ha subrayado que "se trata de afganos que son criminales condenados y que no tenían derecho a seguir en Alemania y sobre los que pesaban órdenes de expulsión".
Se trata de un total de 28 criminales, según declarado la ministra del Interior, Nancy Faeser. "Nuestra seguridad importa, nuestro Estado de Derecho actúa”, ha reivindicado.
El Gobierno ha explicado de sus "grandes esfuerzos durante los últimos meses para lograr el reinicio de las repatriaciones en estos casos y ha apoyado a los países responsables con este objetivo" en "un contexto muy difícil, Alemania pidió apoyo a socios regionales clave para lograr que las repatriaciones fueran posibles", ha explicado.
"El Gobierno federal está muy agradecido por este apoyo", ha dicho Hebestreit, quien ha adelantado que las autoridades alemanas "están comprometidas a continuar con este tipo de repatriaciones". "Los intereses de seguridad de Alemania tienen claramente un mayor peso que el interés a la hora de proteger a criminales y personas peligrosas", ha zanjado.
El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha explicado a través de su cuenta en la red social X que, tras el atentado perpetrado el viernes pasado con un cuchillo en la ciudad de Solingen, que se saldó con tres muertos, las autoridades "adoptarían las acciones necesarias", incluida una reducción de las trabas para las deportaciones.
Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Faeser, anunció un endurecimiento de la actual normativa sobre armas tras el atentado, perpetrado por un ciudadano de origen sirio sobre quien pesaba una orden de deportación y que fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico.
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