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El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha pospuesto la condena a muerte que se le había impuesto a un preso acusado de matar con arma blanca a una mujer de 85 años en un robo. Rubén Gutiérrez había sido condenado a recibir la inyección letal después de solicitar pruebas de ADN que corroborarían su inocencia.
"No entiendo de qué tienen miedo. Un jurado que va a decidir si va a condenar a alguien a muerte o no seguramente debería saber si esa persona fue el verdadero asesino. En este caso, la Fiscalía argumentó ante el jurado que Rubén era el verdadero asesino, aunque no había ninguna prueba directa de ello", ha lamentado la defensa, el abogado Shawn Nolan.
Entonces, los fiscales argumentaron que, debido a que pudo haber múltiples asesinos, cualquier evidencia analizada que no coincidiera con el ADN de Gutiérrez no probaría su inocencia. También dijeron que bajo la ley de Texas podría ser sentenciado a pena de muerte, independientemente de los resultados de las citadas pruebas, dada su admisión de que había "planeado todo el robo".
Sin embargo, ha mantenido que la declaración que dio sobre la planificación del robo era falsa y que "solo dio su consentimiento después de que los detectives amenazaran con arrestar a su esposa y quitarle a sus hijos", según sus abogados, tal y como recoge el periódico local 'Texas Tribune'.
Gutiérrez, de 47 años, fue sentenciado a muerte en 1999 acusado de apuñalar y golpear a Escolastica Harrison durante un robo en su casa. Los registros judiciales indican que la mujer, que desconfiaba de los bancos, tenía 600.000 dólares escondidos en la vivienda en el momento de su muerte.
El reo ha sostenido que no mató a Harrison, que no estaba dentro de su casa cuando la mataron y que no sabía ni consintió ninguna intención de matarla. En múltiples apelaciones, solicitó la realización de pruebas de ADN a las evidencias recogidas en el lugar de los hechos y que nunca se analizaron. Por ello, ha argumentado que han violado sus derechos al debido proceso.
Su ejecución se ha retrasado varias veces desde que fue condenado hace 25 años. En 2020, el Supremo también detuvo la pena de muerte debido a una apelación en la que denunciaba una violación de sus libertades religiosas al prohibirle la presencia de asesores religiosos. En 2019 y 2018, otros tribunales inferiores suspendieron la fecha por un error administrativo y para darle más tiempo para investigar el caso.
Esta decisión, que permite al acusado solicitar la revisión del fallo de la corte, es la segunda vez que el Supremo detiene su ejecución, puesto que en 2021 los jueces retrasaron la medida para que los tribunales consideraran si se le debía permitir tener un asesor espiritual, informa la agencia de noticias Bloomberg.
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