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España es uno de los países clave en el golpe a la infraestructura en línea de la propaganda yhadista mundial. La operación Almuassasa, liderada por la Guardia Civil y en la que participaron además Alemania, Países Bajos, Estados Unidos e Islandia, logró desmantelar “infraestructura crítica” alojada en internet, permitiendo así a las autoridades “interrumpir” plataformas y páginas web de comunicaciones y propaganda de terrorismo yihadista.
Esta operación llevó al arresto de nueve personas, incluidos menores y personas con problemas mentales. Los servidores detectados apoyaban múltiples medios vinculados al grupo terrorista Estado Islámico (EI) y se usaban para difundir propaganda a nivel mundial y mensajes que incitan al terrorismo, ha informado la agencia policial Europol.
“Las páginas web y canales de comunicación, como estaciones de radio, una agencia de noticias y contenido en redes sociales, tenían un alcance global. Comunicaban directivas y eslóganes del Estado Islámico en más de treinta idiomas, incluyendo español, árabe, inglés, francés, alemán, danés, turco, ruso, indonesio y pastún. Se descubrieron varios terabytes de información”, señala Europol.
Fue la Guardia Civil quien inició en enero de 2022 las investigaciones sobre comunicaciones y propaganda de organizaciones terroristas en internet, lo que permitió dar con información sobre medios vinculados a la Fundación I'LAM, un centro multilingüe vinculado al EI, que operaba en infraestructuras tecnológicas nuevas y sofisticadas, alojadas en los servidores desmantelados esta semana durante este operativo.
La incautación de servidores en Alemania, Países Bajos, Estados Unidos e Islandia también estuvo acompañada de la detención en Canarias, Andalucía y Cataluña de un total de nueve sospechosos -de diferentes nacionales no especificadas por las autoridades- definidos como usuarios de esas plataformas o consumidores del material distribuido en las mismas.
En una rueda de prensa en La Haya, el capitán Alberto Rodríguez Vázquez, responsable de la unidad investigadora del caso Almuasasa, ha señalado que el punto en común entre los arrestados es que “pertenecen a comunidades vulnerables” y advirtió del alto número de menores y personas con problemas mentales, lo que “ha crecido de forma dramática”.
Además, ha subrayado la necesidad de atajar el problema “desde la raíz” y abordar “las causas fundamentales de estas radicalizaciones”, lo que debería conducir a la creación de “espacios seguros en Internet”.
Las acciones llevadas a cabo durante el operativo liderado por España incluyeron la vigilancia constante de la propaganda y las comunicaciones, entre otras vías a través de las redes sociales.
“Se apuntó a herramientas y nodos clave para difundir mensajes radicales centrados en la Fundación I'LAM, que creó, operó o apoyó páginas web y otros canales de comunicación vinculados a la organización terrorista del Estado Islámico”, han señalado Europol y Eurojust, ambos coordinadores a nivel policial y judicial de las investigaciones.
A la par que Almuassasa, tuvo lugar la Operación HOPPER II, que buscó durante el último año la interrupción en todo el espectro ideológico terrorista. Solo esta semana, Europol refirió 13 páginas a los proveedores de servicios de alojamiento de webs para su eliminación, lo que siguió a la incautación de cuatro servidores en Rumanía, Ucrania e Islandia durante la investigación.
En total, diez países se unieron a estas investigaciones, que buscaron “interrumpir las actividades de propaganda en línea de organizaciones terroristas motivadas religiosa y políticamente a lo largo del espectro ideológico” y eliminar páginas de internet operadas por “terroristas, extremistas violentos y sus seguidores”, según la agencia de coordinación policial.
La operación se dirigió contra activos clave en la difusión en línea de propaganda terrorista, incluyendo aquellos del llamado Estado Islámico, Al Qaeda y sus afiliados, y Hayat Tahrir al-Sham.
Además, se centró en concreto en páginas operadas para difundir propaganda terrorista, “limitando así la capacidad de las organizaciones terroristas para reclutar, radicalizar y movilizar reclutadores en internet”.
“Estas páginas web permiten a las organizaciones terroristas y a los extremistas violentos eludir la moderación mejorada y los esfuerzos de eliminación de contenido de los proveedores de servicios en línea convencionales, permitiéndoles mantener una presencia persistente en internet”, explicó Europol.
Además, no solo se usan para difundir propaganda e incitar a la violencia, sino también para reclutar miembros, recaudar fondos y coordinar ataques, así como para compartir material como manuales para crear explosivos y propaganda diseñada para radicalizar y movilizar a individuos.
José de la Mata Amaya, representante de España en Eurojust, advirtió de que esto “no es el final de la historia” y que “la segunda y más importante fase empieza ahora” con el análisis “cuidadoso y profundo” de los terabytes de información conseguidos, lo que llevará a la celebración de procesos judiciales “justos”
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