El Gobierno español ha avisado el sábado de que la orden emitida ayer por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que Israel detenga su operación en la ciudad gazatí de Rafá tiene carácter vinculante y deben ser adoptadas por el estado receptor de las mismas. Por otro lado, el viernes, el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, anunció haber instruido para cortar la conexión entre la Embajada de España en Tel Aviv y los palestinos; así como prohibir al consulado español en Jerusalén "prestar servicios a los palestinos" después de que España impulsase el reconocimiento de un estado palestino.

Por su parte, la CIJ se pronunció el viernes sobre las medidas adicionales solicitadas por Sudáfrica, que ha acusado a Israel de desentenderse de medidas previas dictadas por el tribunal de Naciones Unidas para evitar un genocidio en Gaza, y de empeorar todavía más la situación humanitaria en el enclave al lanzar una nueva ofensiva sobre Rafá, que ha forzado un nuevo desplazamiento de cientos de miles de personas.

"Las medidas cautelares de la CIJ, incluido el cese de la ofensiva de Israel en Rafá, son obligatorias" ha manifestado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

"Exigimos su aplicación", ha reclamado en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

Asimismo, el ministro también ha recordado que la CIJ ha emitido dictámenes que llaman al "alto el fuego, la liberación de los rehenes" en manos de las milicias palestinas así como al "acceso humanitario" sin restricciones.

"El sufrimiento de los gazatíes y la violencia deben terminar", ha zanjado el ministro en su mensaje.

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