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El abogado eslovaco Robert Fico, en estado de gravedad tras ser tiroteado a la salida de un mitin, regresó en octubre del año pasado a la primera línea de la política nacional tras imponerse en las elecciones parlamentarias de septiembre bajo la promesa de no entregar "ni una sola bala" a las Fuerzas Armadas de Ucrania, una postura claramente contraria a la de la mayoría de dirigentes europeos.
Fico, que ya había ejercido como primer ministro entre 2006 y 2010, y más tarde en otros dos mandatos entre 2012 y 2018, logró en aquellas elecciones de octubre certificar su regreso después su dimisión en 2018 tras una serie de protestas por la muerte de un periodista que investigaba operaciones de la mafia italiana en el país.
Consternación por el suceso de este miércoles:
Destacado por su populismo de izquierdas a la hora de hacer política y por su simpatía con el Kremlin, Fico despertó cierto temor entre la Alianza Atlántica, pues se convirtió en el primer mandatario de un Estado miembro que no cerraba filas contra el presidente ruso, Vladimir Putin, en plena invasión de Ucrania.
Y es que, mientras el hartazgo por la guerra en Ucrania aumentaba en Eslovaquia, Fico centró aquella campaña electoral en la defensa de los intereses nacionales y la estabilidad política interna en detrimento de la relevancia internacional del país, con una política exterior "soberana".
Mientras tanto en el marco de la Unión Europea, Fico ha encontrado en el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, uno de sus más férreos aliados. El dirigente magiar ha obstaculizado en varias ocasiones acuerdos en favor de Ucrania y también ha demorado, junto con Turquía, la adhesión de Suecia a la OTAN.
El mandatario eslovaco se ha desviado así de la línea marcada desde Bruselas y, además de negarse a suministrar armamento o municiones a las Fuerzas Armadas de Ucrania, también ha hecho todo lo posible por bloquear todas las importaciones de grano ucraniano en aras de evitar perjuicios a los pequeños agricultores.
De hecho, este es un asunto que ha provocado tensiones en el este de la Unión Europea, especialmente en Polonia, que ha tenido --y sigue teniendo-- a sus agricultores y transportistas en pie de guerra contra las importaciones ucranianas y los beneficios de los que gozan los productos provenientes del país vecino.
Así, Fico se ha definido siempre como un "hombre de paz" que rechaza el conflicto bélico y ha levantado la voz contra aquellos que le han criticado por no querer apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa. Además, se ha opuesto a las sanciones contra Rusia y a la posible adhesión de Ucrania a la OTAN.
"La paz es la única solución. Me niego a que me critiquen y me etiqueten como belicista solo por hablar de paz, mientras que quienes apoyan la guerra y las matanzas se les llama 'activistas por la paz'", dijo hace meses.
Una de las últimas polémicas que han azotado a Fico y su Gobierno ha sido la de cerrar la cadena de radiotelevisión pública RTVS por su supuesta subjetividad e información no independiente. Este asunto ha generado malestar en la oposición, que ha convocado repetidas manifestaciones en contra de la medida.
La propuesta por el momento ha sido aprobada por el Ejecutivo y tendrá que ser el Parlamento, dominado por las fuerzas de gobierno, el que dé su visto bueno previsiblemente en junio a una medida que también ha provocado críticas entre los profesionales de la información.
El primer ministro Fico y su polémica ministra de Cultura, Martina Simkovicova, fijaron en el centro de su diana a la radiotelevisión pública por supuesta parcialidad en contra de él y su Gobierno, e incluso trataron de destituir al director general de la corporación.
Sin embargo, la legislación eslovaca impidió aquella maniobra, pues el máximo responsable de la radiotelevisión pública fue elegido para una mandato hasta 2027, y por este motivo Fico ha tratado desde entonces de cerrar la RTVS para a continuación impulsar una nueva corporación pública bajo las siglas STVR.
Más allá de un simple cambio de nombre, la propuesta de Fico busca poder nombrar una nuevo director general de la radiotelevisión pública a través de un Consejo formado por varios miembros, incluidos algunos designados por el propio Ministerio de Cultura. También pretende crear un órgano encargado de supervisar la programación.
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