Reino Unido no quiere trabajadores inmigrantes. Su nueva política pasa por endurecer las leyes de reagrupación familiar hasta elevar la cuota que tiene que pagar un empleador por un visado para un trabajador extranjero. Estas son dos de las principales medidas acordadas por el Ejecutivo de Rishi Sunak para restringir la inmigración legal al país.

Ya la Ley de Inmigración del Ejecutivo de Boris Johnson era dura y exigía a las empresas que querían contratar un trabajador extranjero pagar un salario mínimo anual de más de 30.000 euros. El Gobierno de Sunak pone las cosas más difíciles para sectores de servicios, como la la hostelería, los cuidados a personas dependientes, el transporte o la agricultura al subir este salario y llevarlo hasta los 45.000 euros mensuales.

Así lo ha anunciado el ministro británico de Asuntos Exteriores, James Cleverly: se incrementará hasta las 38.700 libras (45.148 euros, al cambio de hoy) anuales el salario mínimo exigido para conceder un visado de trabajo a los extranjeros que quieran ir al Reino Unido a partir de la próxima primavera.

Cleverly también aclaró que los trabajadores sociales y sanitarios extranjeros, que estarán exentos de ese umbral salarial, ya no podrán traer consigo a familiares dependientes.

El objetivo, según el ministro británico es evitar "que la inmigración socave el salario de los trabajadores británicos. Incrementaremos el umbral de las ganancias de los trabajadores cualificados en un tercio, hasta las 38.700 libras -de unas 26.000 (30.340 euros) actuales- a partir de la primavera en línea con el salario medio para el tipo de trabajo”, dijo el ministro.

El político conservador ha admitido que el Gobierno “reconoce” que los trabajadores extranjeros “hacen un gran trabajo en nuestro NHS -servicio público sanitario del país- y en el sector de atención social” pero también ha justificado que es “importante que los migrantes hagan una contribución suficiente a las finanzas”.

En ese sentido, va la batería de medidas: desde enero de 2024, se retirará el derecho de los estudiantes internacionales a traer a dependientes “a menos que estén en cursos de postgrado designados como un programa de investigación”, explicó Cleverly, que justificó esa medida bajo el argumento de que este país quiere “siempre atraer a los mejores y más brillantes a nivel global”.

Según el ministro, estas medidas que conforman un plan estratégico del Gobierno llevará a “la mayor reducción nunca acometida en la migración neta”, que en 2022 se situó en unas 745.000 personas, muy por encima de los objetivos del Ejecutivo conservador.

“En total, este paquete, además de la reducción en los dependientes de los estudiantes, implicará que alrededor de 300.000 personas menos vendrán en los años futuros”, apuntó Cleverly.