{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
La Policía de Tailandia, país en el que Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia, fue detenido tras confesar el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga, pide para él la pena de muerte; una condena máxima que sigue vigente en el país, aunque solo se han producido 18 ejecuciones en las últimas dos décadas.
Para las autoridades tailandesas, en lo que se refiere a Daniel Sancho, la decisión es clara: están convencidos de que planificó el solo el asesinato y consideran que hay pruebas suficientes para solicitar la pena máxima. Descartan una muerte accidental y apuntan a que apuñaló al cirujano en el corazón antes de descuartizarlo para, después, arrojar sus restos al mar.
Según indican, había comprado previamente material para ejecutar su plan, y recuerdan que en el caso de un asesinato premeditado la justicia tailandesa normalmente solicita la pena capital.
Tailandia se encuentra entre los noventa países del mundo que todavía mantienen la pena de muerte. Desde 1935 se han dictado en total 326 ejecuciones, siendo principalmente el fusilamiento la forma mayoritaria, aunque antiguamente también practicó otras como quemar vivos a los condenados bajo la conocida como ‘ley de los tres sellos’. No obstante, las últimas ejecuciones han sido por medio de inyección letal.
Concretamente, de las 326 ejecuciones, 319 fueron por fusilamiento, siendo la última en 2002. Las otras siete restantes, –las siete últimas–, fueron por inyección letal.
Fue en 2018, por ese método, como se ejecutó al último condenado a pena de muerte. Se trataba de un condenado por robo y asesinato a un joven de 17 años al que asestó hasta 24 puñaladas. Su ejecución se llevó a cabo en la temida prisión de Bang Kwang.
En esta cárcel, conocida como ‘el Hilton de Bangkok’, es donde se suele aplicar la pena capital, si bien hay otros corredores de la muerte en otras prisiones del país. En total, se puede ordenar por 35 delitos distintos, entre los cuales se incluyen algunos como el tráfico de drogas, el asesinato o la traición.
Las últimas ejecuciones en Tailandia han sido por inyección letal, un método que consiste en inyectar por vía intravenosa un combinado de fármacos que resultan letales para el organismo, como explica Amnistía Internacional, que el pasado mes de mayo denunciaba que “las ejecuciones registradas en 2022 alcanzaron la cifra más alta en cinco años”, con un total de 883 en 20 países, lo que supone un aumento del 53% respecto a 2021.
En el caso de las inyecciones letales, se inyecta bromuro de pancuronio y cloruro de potasio, lo que provoca inconsciencia, parálisis respiratoria y paro cardiaco sucesivamente.
La defensa de Daniel Sancho continúa trabajando para evitar la pena de muerte. Insisten en que quedan muchas incógnitas por resolver y cuestiones por probar.
Ante una condena a pena de muerte, el condenado y sus abogados disponen de un plazo para apelar a dos tribunales más. De resultar en vano, la otra opción pasa por solicitar un indulto del rey, algo de lo que ya se benefició Artur Segarra, el otro español para el que en la historia de Tailandia pidieron pena de muerte. Fue en el año 2016 y, en su caso, como condenado por secuestrar y asesinar a otro compatriota en el país, consiguió conmutar la pena capital por la cadena perpetua.