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El arranque del verano ha confirmado a la ruta del Mediterráneo central, con vía de salida en Túnez y Libia y destino Italia, y la del Atlántico, con punto de origen en las costas del sur de Marruecos y el Sáhara y fin de trayecto en Canarias, como los dos puntos calientes de la migración irregular del momento.
La crisis de los precios de los alimentos, la sequía y la violencia tanto en el Sahel, el África occidental y el Magreb, empujan cada vez más a más personas a tratar de escapar del continente en busca de alcanzar el sueño de alcanzar territorio europeo. Entretanto, las diferencias entre los 27 a la hora de abordar la cuestión migratoria, el pasado 8 de junio alcanzaron un acuerdo inicial para reformar la política de asilo, siguen siendo importantes, como quedó el pasado viernes reflejado. El acuerdo, que tardará más de dos años en entregar en vigor, no bastará para frenar las muertes en mar mientras no se actúe en el origen del problema.
Sin duda el punto más caliente del momento es la ruta migratoria del Mediterráneo central. Miles de personas llegadas de distintos puntos del Magreb, el Sahel y también de Oriente Medio tratan cada semana de lanzarse en embarcaciones de distinto tamaño con el objetivo de alcanzar las costas griegas e italianas desde suelo tunecino, libio y egipcio. Costa de Marfil es la nacionalidad mayoritaria de quienes eligen esta ruta.
El episodio más negro de los últimos meses se produjo el pasado 13 de junio, cuando centenares de personas perdieron la vida al naufragar en aguas internacionales del mar Jónico un barco pesquero que había zarpado de las costas de Egipto con destino a Italia. Las autoridades griegas pudieron rescatar con vida a algo más de un centenar de personas y recuperaron los cadáveres de 78 migrantes más, pero el rastro del resto de tripulantes en el buque siniestrado –más de 750 personas según los cálculos de algunas ONG- se ha perdido para siempre.
Aunque se desconocen en detalle las nacionalidades de los desaparecidos, sí trascendieron las de los rescatados: pakistaníes, egipcios, sirios y palestinos, lo que evidencia que hay varias rutas migratorias con origen en Oriente Medio activas. Las autoridades pakistaníes estiman que viajaban en el pesquero naufragado más de 200 nacionales.
Coincidiendo con el naufragio registrado a unos 75 kilómetros de las costas del Peloponeso, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) arrojaba cifras esclarecedoras: el año pasado, más de 2.400 personas perdieron la vida o desparecieron en aguas del Mediterráneo, lo que marcó un incremento del 16,7% respecto a 2021.
En lo que va de año la organización de la ONU registra ya unos 1.800 muertos y más de 103.500 tentativas de cruzar el Mediterráneo. Camino del récord. Y las estadísticas no recogen estimaciones sobre quienes pierden la vida en las odiseas en que se convierten sus rutas desde los distintos países africanos de origen hacia el norte del continente.
Mientras la ruta del Mediterráneo central se mantiene al alza en los últimos meses, la occidental registra la tendencia opuesta gracias a la cooperación fronteriza entre Marruecos y España, que es también la cooperación con Europa. Tras más de un año de presión marroquí al Ejecutivo español en diferentes frentes –incluido el migratorio, que alcanzó su cénit en la entrada masiva en Melilla de más de 10.000 jóvenes en 48 horas como resultado de la inhibición de las fuerzas de seguridad marroquíes-, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió revertir la situación respaldando la propuesta de “autonomía avanzada” de Rabat para el Sáhara Occidental. Todo cambió radicalmente a partir del 18 de marzo del año pasado, cuando trascendió la carta del jefe del Gobierno español al rey Mohamed VI.
Pero si en el Mediterráneo occidental y Ceuta y Melilla –las fronteras se hallan prácticamente blindadas; recientemente trascendía cómo Rabat construye una tercera valla entre Nador y la ciudad autónoma de Melilla, prácticamente donde se produjo la tentativa masiva en junio del año pasado- la colaboración de Rabat está dando los resultados esperados para el Gobierno de España, la situación no es tan positiva en aguas del océano Atlántico.
Aunque con un menor foco mediático, la ruta migratoria que, con origen en las costas del sur de Marruecos y el Sáhara, en raras ocasiones en Senegal, tiene como destino el archipiélago canario experimenta desde la pasada primavera un repunte que no tiene visos de experimentar cambios en las próximas semanas. Los subsaharianos llegan a las costas atlánticas a través de Mauritania cruzando el Sáhara Occidental o desde Argelia. Provienen, como recogía la agencia EFE recientemente, de países como Mali, Burkina Faso, Costa de Marfil, Senegal, Sudán o Camerún. Según el último informe quincenal del Ministerio del Interior español, de enero a mitad de junio llegaron irregularmente a Canarias 5.914 personas migrantes.
Sólo en los 15 primeros días de junio, alcanzaron territorio canario un total de 1.508 migrantes, lo que representa una media diaria de un centenar en lugar de los 39 que lo hacían hasta el mes precedente. Del 15 al 31 de mayo lo hicieron 911 personas. De acuerdo a datos de la ONG Caminando Fronteras, un total de 2.390 personas fallecieron en 2022 en ruta hacia suelo español.
Mientras tanto Bruselas –la cuestión migratoria marca desde el inicio la presidencia española del Consejo de la Unión- trata de buscar soluciones a contrarreloj. En septiembre de 2020 la Comisión Europea había presentado un Pacto sobre Migración y Asilo: un paquete de reformas que espera adoptar en 2024 y prevén una solidaridad obligatoria pero flexible ente los países en el cuidado de los demandantes de asilo.
El pasado 8 de junio los ministros del Interior alcanzaron un principio de acuerdo para reformar las normas de asilo, que establece que los migrantes llegados a suelo europeo deben solicitar asilo en el primer país al que llegan, aunque los Estados miembros pueden optar por no reubicarlos si pagan 20.000 euros por persona a un fondo comunitario. Pero este viernes Hungría y Polonia, que rechazan el acuerdo, se desmarcaban de las conclusiones del debate migratorio en la cumbre de jefes de Estado y gobierno.
Las ONG hace tiempo que acusan a las autoridades europeas como responsables de la repetición de tragedias en aguas mediterráneas y atlánticas, y señalan de manera concreta la inacción de la agencia comunitaria de fronteras, Frontex, a la hora de llevar a cabo los rescates. Al margen de la reforma del sistema de asilo, las autoridades comunitarias trabajan a día de hoy en una solución cortoplacista, que pasa por apoyar financieramente a los dos socios predilectos de la UE en el norte de África: Marruecos y Túnez. Ambos países magrebíes han dejado claro que no están dispuestos a jugar indefinidamente el ingrato papel de “gendarmes de Europa”.
Tanto Marruecos como Túnez pretenderán sacar tajada financiera y política de su situación estratégica. Para Rabat el apoyo de las principales potencias europeas a su soberanía sobre el Sáhara Occidental es la primera de las prioridades, y las autoridades marroquíes saben además que la UE necesita, antes o después, alcanzar con ellas un acuerdo pesquero -el actual expira el próximo 17 de julio- que afecta, sobre todo, a los barcos españoles. Por su parte, Túnez, cuyo Estado vive un momento financiero límite, confía en que el FMI acabe pronto dando luz verde a un paquete de rescate valorado en casi 2.000 millones de dólares para empezar a aliviar la precaria situación.
Mientras los gobiernos europeos son capaces de hallar soluciones parciales y marcar las líneas de otras fórmulas que puedan servir a largo plazo, parece claro que, a pesar del número de tragedias que se registran tanto en aguas mediterráneas como atlánticas, los jóvenes africanos seguirán arriesgándolo todo en los próximos tiempos con tal de alcanzar suelo europeo. Y las consecuencias de más de dos años de inseguridad alimentaria en el norte y oeste del continente africano no han hecho más que empezar a manifestarse.