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Han perdido casi toda la esperanza, pero están dispuestos a seguir batallando hasta el final por lo suyo. Los empresarios españoles afectados por el veto argelino a España tras el giro diplomático español en el Sáhara Occidental han pasado a la acción: un grupo de ellos se acaba de constituir en asociación con el objetivo último de presentar una demanda patrimonial contra el Estado español.
Se sienten abandonados por el Gobierno de Pedro Sánchez y víctimas de un embrollo de naturaleza política sobre el que nadie les consultó y que nunca imaginaron. Saben que en la actual circunstancia, con el Ejecutivo de Pedro Sánchez del lado de Marruecos –en marzo de 2022 el presidente español defendió por medio de una carta dirigida a Mohamed VI la propuesta de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental- y Argelia igual de ofuscada que cuando supo por la prensa del cambio de postura español, “hay poco que hacer”.
“No veo solución a corto plazo sigan los de ahora o entren los nuevos. Las empresas pensaron en un principio que se produciría una solución diplomática, pero lejos de la realidad”, admite a NIUS el empresario aragonés Julio Lebrero, gerente de Aecomhel –una empresa duramente afectada por el veto- y presidente del nuevo colectivo, la Asociación de Empresas Afectadas por la Crisis de Argelia (AECA). “Hemos entrado en un círculo vicioso”, lamenta.
El 9 de mayo de 2022, hace ahora un año y una semana, el régimen argelino comenzaba un boicot a las empresas españolas que servía frío cuando no se habían cumplido tres meses desde que trascendiera la noticia que ha marcado indeleblemente las relaciones de España con sus dos vecinos del norte de África. Jugando al despiste, el régimen argelino cerraba las puertas a los exportadores e inversores españoles a través de una circular de la Abef, la Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros argelina, que ordenaba la congelación de las domiciliaciones bancarias en las operaciones en que estuvieran implicadas firmas españolas. El 8 de junio, un día antes, las autoridades argelinas habían suspendido el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, que ambos Estados habían suscrito en 2002.
Las pérdidas son millonarias. Según el presidente de la Asociación de Empresas Afectadas por la Crisis de Argelia globalmente las empresas españolas con actividad exportadora habitual en el país magrebí han dejado de ganar al menos 3.000 millones de euros. En porcentajes, el comercio bilateral ha caído más de un 90%. “Las cifras pueden ser muy superiores respecto a las primeras estimaciones que hemos hecho, porque es muy difícil cuantificarlas”, confiesa a este medio Lebrero.
Además de las pérdidas sufridas por las operaciones que nunca se llevaron a cabo en el año transcurrido desde el inicio del veto, los empresarios lamentan que las sociedades argelinas que ya adquirieron bienes y servicios españoles no están cumpliendo tampoco con los pagos. Un problema añadido que no puede desvincularse del boicot y que comienzan los empresarios a asumir en las últimas semanas.
El drama del boicot ha obligado a los empresarios españoles a tratar de explorar todas las vías posibles para proseguir con sus negocios. Varias han sido las formas en que las firmas españolas han tratado en los últimos doce meses de salir adelante: explorar otros mercados y olvidarse de Argelia, como les recomendaron miembros del Gobierno; tratar de vender sus productos a través de empresas de otros países europeos –competidores directos como Francia, Italia o Portugal- para sortear el veto; o deslocalizando sus estructuras empresariales e industriales, sin duda la más compleja y costosa para las sociedades españolas. Varias empresas de nuestro país trabajan ya conjuntamente en el proceso.
“Para nuestra empresa ha sido una hecatombe. En el Gobierno no son conscientes de la situación en que nos hemos quedado. Estamos atados de pies y manos”, explica Lebrero, cuya empresa, especializada en la fabricación de equipamiento para obras públicas, tenía una gran parte de su negocio en el país norteafricano.
En los últimos días, en paralelo a la preparación de su presentación pública ante la sociedad española -que prevén en los próximos días-, la nueva entidad de empresas afectadas trabaja en la preparación de la demanda patrimonial contra el Estado. El nuevo colectivo empresarial no pierde la esperanza de que tras presentar la demanda –la administración tendrá seis meses para responder- el nuevo Gobierno que salga del 23-J y las autoridades comunitarias se avengan a trabajar con ellos para tratar de buscar una solución al problema.
Ningún miembro del Gobierno de Pedro Sánchez ha contactado con ellos en las últimas semanas. Desde hace meses el ministro de Exteriores José Manuel Albares dejó de referirse en público al problema argelino; concretamente en enero lo hizo por última vez, y fue para admitir contactos entre las autoridades argelinas y la UE. El Gobierno sabe perfectamente que sus buenas palabras hacia la amistad hispano-argelina y la importancia de la relación con el vecino norteafricano provocan, cuando menos, la indiferencia de las autoridades argelinas.
A los empresarios no se les escapa que aun en el caso de que tras las elecciones del 23 de julio el candidato Alberto Núñez Feijóo pueda acabar formado gobierno y convirtiéndose en el nuevo inquilino de la Moncloa será muy difícil que el presidente del PP esté en condiciones de satisfacer las expectativas de Argelia, que pasan por rectificar expresamente el apoyo a Rabat en la cuestión saharaui. A pesar del rechazo al apoyo español a Marruecos en la cuestión del Sáhara de los potenciales aliados del candidato socialista para una posible investidura, los empresarios dudan de que Sánchez pueda cambiar de posición.
El horizonte es más que oscuro para los empresarios. La esperanza de los empresarios españoles, la inmensa mayoría pymes y sociedades familiares, es que el Estado les compense económicamente de algún modo aunque asumen que tendrán que empezar a olvidarse de lo ocurrido como de una enfermedad o una maldición; de las pérdidas económicas, del tiempo invertido en vano. De las oportunidades perdidas, en fin, en un país que financieramente se encuentra hoy como pocos gracias a las revalorizadas exportaciones de los hidrocarburos a Europa tras la guerra en Ucrania y cargado de oportunidades de negocio.