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A las mismas puertas del verano, la Unión Europea parece, ahora sí que sí, haber tomado consciencia de la gravedad de la situación de Túnez, el hombre enfermo del Mediterráneo. El país que ilusionó en universidades y cancillerías de todo el mundo al desmentir el oxímoron de una democracia árabe con su revolución de los jazmines y modélico proceso de transición es hoy un Estado autocrático y en quiebra. La situación de caos que vive el país se ve reforzada por haberse convertido en los últimos meses en la principal vía de salida de decenas de miles de migrantes subsaharianos que se lanzan a las aguas del Mediterráneo en su desesperada huida con destino a Europa.
Con el fin de expresar su apoyo a las autoridades tunecinas ante la actual situación y con millonarias promesas bajo el brazo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los primeros ministros de Italia y Países Bajos, Giorgia Meloni y Mark Rutte, visitaron el domingo y lunes pasado el país magrebí. En la capital tunecina fueron recibidos por el presidente Kais Saied, a quien las urnas lo auparon en las presidenciales de octubre de 2019 pero gobierna de manera autocrática desde su autogolpe de julio de 2021.
Aunque el Parlamento Europeo y las cancillerías occidentales han manifestado su preocupación por la deriva autoritaria del nuevo régimen cincelado a imagen y semejanza de Saied –nueva Constitución, eliminación del Parlamento democrático, persecución a los jueces, detenciones de periodistas y cierre de medios, etc.-, Europa sabe que poco han impresionado sus críticas al veterano profesor de Derecho y que tendrá que aprender a lidiar con un nuevo dictador en la región. La sociedad tunecina está cansada de años de experimentos políticos y quiere soluciones a sus problemas concretos y la creciente oposición –y descontento- no inquietan, por ahora, a Saied.
El respaldo al Gobierno tunecino por parte de Bruselas es, a día de hoy, con todo, más simbólico que concreto, puesto que una gran parte de las ayudas financieras prometidas siguen condicionadas a que el pequeño país magrebí lleve a cabo las reformas que le pide el FMI desde hace año y medio. Las autoridades comunitarias, atrapadas entre el pragmatismo y los principios, no acaban de fiarse de Saied porque, a pesar de tener ya manos libres para gobernar Túnez, ha sido incapaz de enderezar el rumbo económico del país e intuyen que utilizará la inmigración, ahí están los casos de Marruecos o Turquía, como arma de presión contra Bruselas.
Si la relación entre la presidenta de la Comisión Europea y el jefe del Estado tunecino es hoy pura desconfianza, no puede decirse lo mismo de la que Saied y la primera ministra italiana parecen estar forjando a juzgar por sus dos recientes encuentros. En apenas una semana Meloni se entrevistó en dos ocasiones con Saied en Túnez y en su primera visita la jefa del Gobierno italiano manifestó su sintonía con el mandatario norteafricano en la cuestión migratoria y aseguró haber aceptado la propuesta tunecina de celebrar una conferencia internacional en Roma sobre la materia.
Las autoridades comunitarias anunciaron una ayuda de 100 millones de asistencia para rescate en el Mediterráneo. “Ambos tenemos un amplio interés en romper el cínico modelo de negocio de contrabando y traficantes, que deliberadamente ponen en riesgo las vidas humanas por beneficios y trabajaremos en un operación asociativa antitráfico”, afirmó dijo Von der Leyen en Túnez.
Además, y esa es la parte más suculenta de la ayuda prometida por la presidenta de la Comisión, Bruselas estudia conceder un “paquete integral de asistencia financiera” por valor de 900 millones de euros dividido en cinco áreas –digitalización, energía, migración, intercambio humano y desarrollo-, además de 150 millones más en apoyo presupuestario. Pero este paquete global está condicionado al préstamo por valor de 1.900 millones de dólares que el FMI negocia con Túnez desde hace año y medio.
Siempre al quite con los países del área de influencia de la francofonía –y ante la evidente pérdida de influencia francesa en Marruecos y la región del Sahel-, el presidente Emmanuel Macron ofreció en noviembre pasado una ayuda de 200 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo al Estado tunecino. Más tarde, y apenas dos días antes de la visita de la presidenta de la Comisión y los primeros ministros de Países Bajos e Italia, era Japón el que anunciaba la concesión del primer tramo de un crédito de 92 millones de dólares para garantizar la protección social.
En momentos de mayor zozobra, los vecinos del Magreb han sacado pecho con orgullo. Si en plena crisis diplomática con España, el episodio de los miles de jóvenes magrebíes y subsaharianos que entrabaron irregularmente en Ceuta en la retina hace algo más de dos años, el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, aseguraba que su país no tenía “vocación de ser el gendarme de Europa”, el presidente-dictador Kais Saied ha dicho prácticamente lo mismo coincidiendo con la visita a su país de los representantes europeos.
El mandatario tunecino, que ha repetido que no se plegará a los “dictados” del FMI, ha asegurado que no será el “guarda-fronteras” de Europa y lamentó en presencia de los responsables comunitarios una supuesta propuesta “inhumana e inaceptable” recibida “discretamente” por ciertas partes, aunque sin desvelar a cuáles se refería. Saied, maestro del populismo, se había descolgado a comienzos del pasado mes de marzo asegurando que “hordas de clandestinos” subsaharianos ponían en peligro mediante “un plan criminal” el equilibrio demográfico arabo-musulmán de Túnez. Unas declaraciones que no pasaban desapercibidas en el seno de la opinión pública tunecina y provocaban una oleada de agresiones a migrantes irregulares a lo largo y ancho de todo el país y empujaba a miles de ellos a huir desesperadamente lanzándose al Mediterráneo.
El buen tiempo augura que la ruta migratoria del Mediterráneo central, con Túnez y Libia como puntos de salida principales, marcará los máximos del año en las próximas semanas. Este mismo miércoles las autoridades griegas confirmaban la muerte de al menos 78 personas tras naufragar. La Organización Internacional de Migraciones aseguraba esta semana que en lo que va de año más de 1.160 personas han perdido la vida ahogadas en aguas del Mediterráneo, cifras en la línea de un trágico 2022.
A base de un reguero de millones y de intereses comerciales vinculados a la venta de gas –caso de Marruecos y Argelia-, la UE ha conseguido mantener bajo control la migración irregular en el flanco occidental del Mediterráneo pero se encuentra ahora con el problema tunecino –también el libio, aunque el país norteafricano lleva más de una década inmerso en la zozobra- en su fase crítica. Ahora las autoridades comunitarias tendrán que adoptar decisiones a toda prisa.