El Gobierno italiano refuerza la ley contra la violencia de género

Son 49 las mujeres asesinadas en Italia en este 2023, 41 en un ámbito familiar o afectivo, 22 a manos de su pareja o ex pareja. Una dramática cifra que deja de media 8 víctimas por feminicidio al mes, según los últimos datos actualizados del Viminale, el Ministerio del Interior. Giulia Tramontano, embarazada de siete meses, fue asesinada por su pareja, que ha confesado el homicidio, convirtiéndose en la víctima número 41 de este registro. Desde su muerte el pasado 1 de junio, otras dos mujeres más han sido asesinadas en un contador que no deja de subir. La brutalidad de cada uno de estos casos enciende siempre los reflectores sobre un problema enraizado que la política y la justicia tienen que afrontar. El caso de la joven Tramontano, de 29 años, atraviesa ahora la sociedad italiana. La investigación que avanza intenta esclarecer lo sucedido mientras la atención mediática no cesa, desde hace días su caso llena las portadas y programas televisivos en Italia.  

La relevancia pública que ha tenido este caso no ha dejado indiferente a ninguna pieza de la sociedad, tampoco a la política, que es consciente que cada tres días una mujer es asesinada en Italia y que los datos anuales han subido -119 feminicidios en 2020, 120 en 2021 y 126 en 2022-. Lo anunció el ministro del Interior Matteo Piantedosi en una entrevista pocos días después de trascender el asesinado de Giulia Tramontano, el Gobierno estudiaba ya una intervención para llevar al Consejo de Ministros para tutelar en mayor medida a las víctimas, intervención que entendía agilizar dadas las circunstancias. Dicha propuesta de ley fue presentada sucesivamente por el ministro de la Justicia Carlo Nordio y la ministra de Familia e Igualdad Eugenia Roccella. Medidas que están destinadas a aumentar la prevención y que completan la legislación actual, el llamado Código rojo, vigente desde 2019.

La necesidad de un sistema que proteja y ofrezca prevención de manera más transversal a las víctimas es una realidad evidente que la propia ministra Roccella ha expuesto en la presentación del decreto de ley. “No obstante la legislación actual, que es buena, tenemos un número de feminicidios que muestra señales de descenso”, dijo la titular de Familia e Igualdad. La reconstrucción del caso de Giulia Tramontano ha puesto de relevancia, más si cabe, la brutalidad del fenómeno, que no deja de crecer. Durante los últimos años han bajado los datos de criminalidad en Italia, salvo en esta materia. Giulia Tramontano que, explican los investigadores, antes de morir se había encontrado con una ex compañera de trabajo de su pareja, Alessandro Impegnatiello, no pudo salvarse. En ese momento habría descubierto la relación secreta de ambos y que ella había estado también embarazada, aunque había abortado el pasado mes de enero. 

En el encuentro de esa tarde, donde Giulia Tramontano pidió explicaciones a su pareja, fue asesinada. La reconstrucción de los días y horas sucesivas ha determinado que el homicidio fue premeditado, él, antes de cometer el delito, habría realizado búsquedas en Internet relativas al crimen. Alessandro Impagnatiello intentó hacer pasar la ausencia de la joven como una desaparición, intercambió mensajes con su teléfono pidiéndole que volviera. Confesó cuando las pruebas de su autoría eran arrolladoras. En los medios de comunicación los detalles sobre lo ocurrido son concretos, la opinión pública pide mayores penas -lo hacen también algunos miembros del Gobierno como la diputada Rita dalla Chiesa- para Impagnatiello, pero el propio ministro de Interior Piantedosi explicó en su entrevista que “las penas severas son útiles, son necesarias, pero no devuelven a la víctima y no eliminan el problema". “Existe un tema más amplio, que tiene que ver con la formación que tiene que partir desde los primeros años de escuela. El feminicidio no se trata de un aspecto individual, sino social”, añadió el ministro de Meloni. Enfoque compartido entre Gobierno y oposición pero que por ahora aún no ha visto en los últimos años una implementación clara.

El texto de la propuesta de ley aún no ha sido publicado, tendrá que pasar ahora el proceso parlamentario pertinente, pero la ministra Roccella y el ministro Nordio sí han adelantado algunos de los puntos principales. Basando sobre la ley de violencia de género, llamada Código rojo en Italia desde 2019, la ministra de Igualdad y Familia ha heredado del anterior Gobierno Draghi algunas medidas que no habían llegado a tiempo para ponerse en marcha. Esto explica la transversalidad de esta materia en la política italiana y el discurso, con pequeños matices, pero generalmente unitario sobre el fenómeno de los feminicidios. Las medidas pretenden reforzar la llamada “amonestación”, que retira el permiso de armas a personas con sospecha de violencia machista; acelerar los procesos judiciales sobre violencia machista, introducir tiempos más breves para las medidas cautelares, la posibilidad de proceder a la detención en los casos en los que se vulnere la orden de alejamiento y la utilización de herramientas como el brazalete electrónico.

La oposición, liderada por la secretaria general del Partido Democratico Elly Schlein, ha aplaudido las medidas propuestas por Roccella, que, dice, “siguen muchas de las indicaciones de la comisión que sigue el fenómeno de los feminicidios en la que el PD ha contribuido enormemente". Pero falta ahora una parte importante: “una gran inversión para erradicar la cultura patriarcal de las escuelas, para reconocer la violencia y creer a las mujeres, así como una educación a la diversidad”. Además ha remarcado algunos aspectos que las asociaciones especializadas han señalado como, por ejemplo, no lanzar las medidas en medio de la emergencia, puestas en marcha tras el suceso concreto, sino intentar afrontarlas de manera estructural. De hecho, como apunta para NIUS la abogada experta en derechos civiles, Cathy La Torre, "hasta ahora todos los partidos, la sociedad, está de acuerdo en que existe el fenómeno. Pero las medidas puestas en marcha durante los últimos veinte años, por la izquierda o al derecha, no han funcionado". De hecho Italia, como otros países europeos, ha ratificado la herramienta internacional para la lucha contra la violencia de género, el Convenio de Estambul, pero encuentra aún muchos pasos atrás con respecto a la sensibilidad social. Hasta el 1981 existía aún el llamado "delito de honor" por el que el marido podía acceder a una reducción de la pena si asesinaba a su mujer porque, al descubrir una infidelidad, consideraba que ella había ensuciado su honor.

Las polémicas palabras: “No hay que ir a hablar”

Algunos aspectos vinculados al feminicidio de Giulia Tramontano han generado un encendido debate de fondo que pone de relevancia el aspecto sociológico vinculado a los feminicidios. La fiscal adjunta al caso, Letizia Mannella, durante la rueda de prensa donde se explicaba el caso expresó, dirigiéndose a las mujeres, que no aceptasen nunca “el último encuentro clarificador con la pareja”, refiriendo el peligro que podría suponer. Haber centrado el discurso en la mujer y no en el asesino, en este caso, ha generado varias críticas sobre la culpabilidad que en muchos casos se busca en el comportamiento de las mujeres cuando suceden tragedias de este tipo.