España asumirá el 1 de julio la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea de mano de Suecia y antes de pasar el testigo a Bélgica. 22 días después los españoles estamos convocados a las urnas para votar, según repiten incansablemente las encuestas, si continúa el actual Gobierno de coalición o si le sustituye una coalición de las derechas que incluiría por primera vez a nivel nacional en España un partido de extrema derecha.

Para saber cómo afectarán las elecciones a la gestión de la presidencia semestral primero hay que entender qué supone llevar el timón europeo durante seis meses. Spoiler 1: menos de lo que se cree. Spoiler 2: tampoco es la primera vez que pasa.

El 8 de mayo de 2009, en plena presidencia checa, una moción de censura tumbó al primer ministro Mirek Topolanek. Cambió el Gobierno, le sucedió Jan Fischer y no pasó nada grave. La diplomacia checa de 2009 era infinitamente menos potente y estaba mucho menos experimentada en asuntos europeos (el país había ingresado en la Unión Europea en 2004) que la española de 2023.

Las presidencias semestrales tuvieron mucho más poder hasta 2009. El 1 de enero de 2010, con el Tratado de Lisboa ya en vigor, el ex primer ministro belga Herman Van Rompuy inauguró el cargo de presidente del Consejo Europeo. Su principal labor es quitar trabajo a las presidencias semestrales, organizando las cumbres de líderes, asegurando la representación exterior de la Unión Europea en grandes cumbres internacionales y coordinando la posición de los jefes de Gobierno. A Van Rompuy le sucedió el 1 de diciembre de 2014 el ex primer ministro polaco Donald Tusk y a este el 1 de diciembre de 2019 el ex primer belga Charles Michel. Los jefes de Gobierno de las presidencias semestrales perdieron protagonismo. Bélgica organizó su última presidencia semestral “sin Gobierno” (con un Gobierno en funciones con competencias muy limitadas). Fue una de las mejores presidencias de la última década.

La presidencia sigue conservando un papel práctico, de coordinación, mediación y organización de la agenda y de búsqueda de los consensos que los ministros españoles asumirán el 1 de julio. Cada ministro español presidirá los consejos de su ramo, se celebren en Bruselas o en ciudades españolas. Tendrán el poder de incluir o retirar asuntos de la agenda y a cambio deberá respetar la tradición de abstenerse en los asuntos donde haya fuertes divisiones. Pero no todos.

Los Eurogrupo (ministros de Economía y Finanzas de los 20 países de la Eurozona) tienen al irlandés Pascal Donohoe como presidente permanente. Y Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior y de Seguridad, preside todos los consejos de Exteriores y Defensa. El ministro de Exteriores José Manuel Albares debería ser quien coordinara los consejos de asuntos generales (su principal labor es la de preparar las cumbres) y la ministra de Defensa Margarita Robles será la que menos protagonismo tenga, junto a ministros cuyas competencias tienen menos que ver con Bruselas en general como María Jesús Montero en Hacienda o Félix Bolaños en Presidencia y Relaciones con las Cortes.

La primera gran cita de la presidencia semestral llega el 17 y 18 de julio cuando se celebre en Bruselas la cumbre Unión Europea - Celac que une a Europa y América Latina y que no se organizada desde 2015. Es la mayor cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que organiza Bruselas y en ella Pedro Sánchez tendrá un claro protagonismo. Es una de las cumbres que la diplomacia española ha preparado con más mimo. Antes, el día 13, el presidente deberá dar un discurso en el Parlamento Europeo. El Partido Popular y VOX usarán el turno de réplica para convertir la Eurocámara a la bronca nacional. Inciso: es una de las peores cosas a las que se dedican los eurodiputados españoles, unos más que otros aunque todos tienen parte de culpa.

Después de los comicios habría apenas una semana hábil porque las instituciones europeas se paralizan las tres primeras semanas de agosto. A finales de agosto arranca la actividad y en septiembre ya se lanza. Si de las elecciones sale una mayoría clara esta podría tomar posesión antes de que en septiembre arrancara la mayor parte del trabajo. La siguiente gran cita será la cumbre informal de principios de octubre, a celebrar en la Alhambra de Granada ya con la nueva legislatura en marcha y Sánchez revalidado o Feijóo en la Moncloa.

Aún si se ralentiza la formación de Gobierno o si, como en 2019, se repiten las elecciones, eso no debería afectar al día a día de la presidencia semestral porque la inmensa mayoría del trabajo o está hecha o está en manos de funcionarios (principalmente los de la Representación Permanente en Bruselas, a las órdenes del representante permanente Marcos Alonso, este sí un hombre que debe tener la confianza absoluta del Gobierno) que no cambiarán con el cambio de Gobierno. O que no cambiarán a corto plazo. Alonso, que ha visto reforzado su equipo con incorporaciones desde varios ministerios para estos seis meses, será una de las personas que tras las bambalinas tenga más influencia.

El día a día de los funcionarios de la Reper, como se conoce entre los periodistas, es un trabajo de hormiguitas, de dosieres técnicos, de preparar documentos de trabajo, un trabajo muy poco mediático pero esencial para la defensa de los intereses de su diplomacia y en presidencia semestral para el buen funcionamiento de los consejos.

Un cambio de Gobierno que supusiera cambios de caras en los ministerios podría afectar en función de dos variables: de la buena voluntad de los equipos salientes y entrantes de coordinarse y de si el cambio de caras afecta profundamente a las políticas que se defienden. Nadie espera que un ministro de Defensa del PP lleve a Bruselas unas ideas muy diferentes de las que lleva Margarita Robles, que uno de Interior defienda una política migratoria muy distinta a la que defiende Fernando Grande-Marlaska. O que uno de Agricultura vaya a cambiar mucho la agenda de Luis Planas.

Pero podría haber cambios mucho mayores en el eventual sucesor de ministras como Teresa Ribera (es, con Nadia Calviño, la única del Gobierno que pelea muy por encima del peso de España, por experiencia, ascendencia entre sus pares y conocimientos técnicos), Yolanda Díaz (con el vice primer ministro belga Pierre Yves Dermagne se han convertido en los que más mueven las agendas de derechos sociales) o José Luis Escrivá (partidario de aumentar las vías de inmigración legal).

España tiene dosieres importantes que debe manejar, como la abierta reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (Nadia Calviño llevará la batuta) o la reforma del mercado europeo de la electricidad (con Teresa Ribera al mando en uno de los dosieres que más divisiones generan y en el que Alemania y Francia están enfrentados). La reforma del Pacto Migratorio está tan estancada, y desde hace tantos años, que nadie en Bruselas mirará mal a Grande-Marlaska si no sale adelante.

Su gran labor será la de mediar, la de compaginar las ideas alemanas u holandesas sobre gestión de déficits con las de los gobiernos más de izquierdas o hacer que la muy nuclear Francia acepte una reforma eléctrica que convenza también a la muy antinuclear Alemania. Los ministros deberán además demostrar a los socios menores que están al tanto de sus intereses y poner buena cara al mal tiempo porque en muchos dosieres se necesita unanimidad y todos tienen que estar en el barco. También la Hungría de Viktor Orban.

La Comisión Europea recibió la noticia del adelanto electoral sin más comentario oficial que el esperado: se respetan las decisiones nacionales dentro del orden constitucional. Los comisarios europeos, que viajarán en pleno a Madrid la primera semana de julio, mantendrán sus relaciones sin alterar con los ministros del Gobierno. Si cambian las caras empezarán a trabajar con los nuevos. A rey muerto, rey puesto. A nadie se esconderá que un vicepresidente de la Comisión, socialista, como Frans Timmermans, preferirá relacionarse con Teresa Ribera que con un ministro de VOX negacionista del cambio climático, pero si debe hacerlo no tendrá más remedio.

Fuentes comunitarias explican que el adelanto electoral puede perjudicar al buen desarrollo de la presidencia si no hay un resultado claro, si el traspaso de poderes no es todo lo correcto que debe ser o si se deben repetir elecciones pero que también tiene la ventaja de que aclara un panorama político cuando todavía se estará en la primera mitad del semestre y que podría embarrarse aún más si las elecciones se hubieran dejado para diciembre como estaban previstas.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, miembro del Partido Popular Europeo, ha llevado desde que llegó al cargo una muy buena relación con el presidente Pedro Sánchez más allá de las lógicas diferencias ideológicas. Los equilibrios políticos europeos son diferentes a los nacionales y Von der Leyen sabe que Sánchez es clave para los grandes dosieres por su influencia en la familia socialdemócrata, que en Parlamento Europeo además lidera la socialista española Iratxe Gaspar porque la delegación socialista española es la mayor de su grupo parlamentario.

Von der Leyen aspira (aún no oficialmente) a su reelección, que debería aprobarse en el verano de 2024. Para ello necesita que las dos próximas presidencias (España y Bélgica) sean un éxito y salgan adelante los grandes dosieres. Y el apoyo de las grandes familias políticas: conservadores, socialistas y liberales. La extrema derecha no la soporta y un PSOE en la oposición tendría muchos menos incentivos en unirse a los que quisieran su renovación en el cargo.

Si por motivos políticos nacionales España arrastra los pies y Bélgica, que va a las urnas en mayo, el mismo día de las europeas, tampoco acelera, las opciones de Von der Leyen podrían verse limitadas. La alemana sabe también que la derecha española está más cerca de Manfred Weber, líder de los populares en el Parlamento Europeo y su enemigo íntimo. Ella fue quien le quitó la posibilidad de presidir la Comisión Europea.