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El fundador de Oath Keepers --una de las milicias ultraderechistas implicadas en los disturbios durante el asalto al Capitolio--, Stewart Rhodes, ha sido este jueves sentenciado a 18 años de prisión por un delito de conspiración sediciosa, en la que es hasta ahora la condena más larga impuesta por estos hechos del 6 de enero de 2021.
"Usted representa una amenaza constante y un peligro para este país y la democracia", ha dicho el juez Amit Mehta antes de leer la sentencia, a la espera de que otro de sus compinches, Kelly Meggs, sepa también en las próximas horas el tiempo que deberá permanecer también en una prisión federal.
"Lo que por supuesto no puede ser es un grupo de ciudadanos que, porque no les gustó el resultado de unas elecciones, no creían que la ley se cumplió como debería ser, fomenten la revolución", ha dicho el juez, quien ha asegurado que desde aquello, Estados Unidos "contiene la respiración" cuando se acercan unos comicios.
Mehta ha señalado que aquellas acciones equivalían a acciones de terrorismo y que el cargo de conspiración sediciosa --con pocos precedentes desde que se estipuló hace siglo y medio-- "es uno de los delitos más graves que puede cometer un estadounidense".
El caso de Rhodes fue la primera acusación importante que cayó sobre un miembro de estas milicias presentes en las revueltas del 6 de enero, hasta que varios de Proud Boys, entre ellos su jefe Enrique Tarrio, fueran también declarados recientemente culpables de conspiración sediciosa, mientras esperan sentencia.
Durante semanas, la acusación mostró mensajes en redes sociales, correos electrónicos, vídeos y registros de llamadas para evidenciar la coordinación entre los acusados antes, durante y después del ataque. Las pruebas reflejan que algunos de ellos viajaron juntos hasta Washington y escondieron armas en Virginia.
"No nos temerán hasta que lleguemos con los rifles en la mano", escribió Rhodes en uno de estos mensajes en vísperas del 6 de enero. Posteriormente, en una de las grabaciones que se presentaron como pruebas se le podía oír lamentarse de no haber estado más y mejor armados aquel día.
Rhodes se mostró prolífico en comentarios de este tipo durante aquellos días. En otro de los mensajes que mostraron los fiscales, que pidieron 25 años de cárcel, este antiguo paracaidista del Ejército afirmó que el día 6 debían, "con o sin Trump", evitar que clavasen "el último clavo en el ataúd de esta república".
Durante su turno de defensa, Rhodes --que no entró en el Capitolio-- intentó desvincularse de los hombres que tuvo a su mando, a quienes llamó "estúpidos" por irrumpir de aquella manera en la sede de la democracia estadounidense. "No tenía ni idea de que algún Oath Keeper estuviera pensando en entrar o que entraría".
Ahora, antes de conocer su sentencia, ha insistido en las teorías de la conspiración y después de calificarse como "preso político", ha asegurado que continuará en prisión "exponiendo la criminalidad del régimen" estadounidense.
"Al igual que el presidente Trump, mi único delito es oponerme a quienes están destruyendo nuestro país", ha dicho durante una intervención de 20 minutos en la que se ha obstinado con la narrativa de que las elecciones que llevaron a Joe Biden a la Casa Blanca estuvieron salpicadas de fraude.
"Creo que este país está increíblemente dividido, y esta acusación, no solo la mía, lo empeora. Creo que son presos políticos y a todos se nos está cobrando de más. Hará que la gente sienta que este gobierno es incluso más ilegítimo que antes", ha expuesto en referencia a sus compañeros que esperan sentencia.
Este viernes se sabrán también las condenas de otros dos de sus secuaces Jessica Watkins, de 40 años, veterana del Ejército que sirvió en Afganistán antes de formar parte del grupo en Ohio; Kenneth Harrelson, de 41 años, mano derecha de Meggs; quienes fueron acusados de obstruir un procedimiento oficial y de complicidad.
La conspiración sediciosa es el cargo más importantes que se ha presentado contra las aproximadamente 850 personas que han sido detenidas por su participación en aquellos disturbios. La principal acusación que han presentado los fiscales es la de ingresar de manera ilegal en un lugar restringido, mientras que el resto de las más recurrentes son por agresión o resistencia a la autoridad.