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La autoridades policiales de Brasil han terminado este lunes de levantar definitivamente el último reducto del campamento levantado hace poco más de dos meses por los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro a la puertas del cuartel general del Ejército en Brasilia, con la última detención de 1.200 personas. Agentes de la Policía Militar de Brasilia y de la Fuerza Nacional de Seguridad han acudido a las 7.00 horas (hora local) de este lunes para advertir a los últimos que persistían en permanecer en el campamento donde se gestó el asalto de las sedes de los tres poderes de que disponían de una hora para dejar el lugar.
La desocupación ha tenido lugar sin enfrentamientos, aunque se han registrado algunas detenciones, una vez la mayoría de quienes habían estado acampados optaron por salir antes del último aviso de las autoridades lideradas por los ministros de Defensa, José Múcio, y de la Casa Civil, Rui Costa, cuentan medios brasileños. El Gobierno de Brasilia ha fletado cerca de cuarenta autobuses para sacar a unos 1.200 rezagados que permanecían todavía en el campamento y ser trasladados a dependencias de la Policía Federal, donde serán interrogados.
A lo largo de la mañana de este lunes, los agentes iniciaron el desmantelamiento de un campamento después de que en la noche del domingo el Ejército no permitiera la entrada de la Policía. Según fuentes del Gobierno a las que tuvo acceso el diario 'O Globo' la negativa podría estar motivada porque muchos de los acampados eran familiares y conocidos de los militares.
En respuesta, el juez del Supremo Alexandre de Moraes, uno de los objetivos de los radicales, ordenó el desmantelamiento del campamento y el cese temporal del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, después de los actos antidemocráticos que se produjeron el domingo, con el asalto de las sedes de los tres poderes. En sustitución de Rocha, será la vicegobernadora Celina Leão quien asumirá el liderazgo de la capital, sobre la que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretó la intervención federal para asumir la competencias de seguridad.
Las fuerzas de seguridad han conseguido recuperar el control, tras más de tres horas en las que los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro han tomado las instituciones. Instituciones como el Congreso, el Palacio de la Presidencia y el Tribunal Supremo, que hace unas horas visitaba Lula da Silva para evaluar los daños, que son muchos. “Las investigaciones siguen hasta que el último integrante sea identificado", ha dicho la Policía Civil de Brasilia. Los arrestados "están siendo identificados" y se les está tomando declaración dentro del proceso que "investiga todos los actos criminales ocurridos" de la capital brasileña.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, ha informado que han decomisado "40 autobuses" que llegaron a la capital brasileña en las últimas horas con cientos de bolsonaristas radicales y que identificaron a los "financiadores" que hicieron posible esos viajes. Asimismo, denunció que "todavía hay personas en Internet hablando de dar continuidad a los actos terroristas" y, en este sentido, anticipó que habrá operaciones policiales contra esos individuos. "¡Esto es terrorismo! ¡Es golpismo!", ha señalado.
Miles de bolsonaristas entraron de forma violenta en las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Supremo, y causaron graves daños en el interior de los mismos durante al menos tres horas, hasta que las fuerzas de seguridad actuaron para dispersarlos. Dino ha indicado que gobernadores de otros estados brasileños están "cediendo" agentes policiales para "fortalecer la seguridad del Distrito Federal" en los próximos días. También ha señalado que pedirán a las Fuerzas Armadas el uso de tropas para apoyar esas labores.
"No vamos a aceptar el camino de la criminalidad para hacer lucha política en Brasil", ha aseverado Dino. El ministro de Justicia también recriminó la actuación de las autoridades del Distrito Federal de Brasilia y advirtió de que serán investigadas posibles "omisiones" en el intento de disuadir a la multitud de radicales bolsonaristas.
Por su parte, el presidente Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de la capital brasileña. La medida, que estará vigente hasta el próximo 31 de enero, implica que los cuerpos y fuerzas de seguridad de Brasilia pasarán ahora a estar bajo control del Gobierno central. Hace solo una semana desde que Lula da Silva asumiera de nuevo la Presidencia de Brasil.
Los hechos vividos en Brasil recuerdan al episodio vivido en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, hace ahora justo dos años, por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump, quien tiene una relación de amistad con Jair Bolsonaro.
Y en España, los hechos ocurridos en Brasil han provocado una nueva tormenta política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este lunes su respaldo al presidente de Brasil, Luiz Inazio Lula da Silva, tras el asalto ocurrido la víspera a las principales instituciones del país y ha alertado de que la mayor amenaza actual a las democracia la constituye "el resurgir de movimientos ultra dispuestos a arrollar con todo", mientras que el PP ha condenado los hechos y ha señalado que la eliminación del delito de sedición supone un claro riesgo como demuestran los hechos en Brasil. Las reacciones a esta apelación no se han hecho esperar.
El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que el "golpe judicial" que perpetra el PP al bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante cuatro años es igualmente grave que el asalto de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro a las sedes del Congreso y el Supremo de Brasil. "Lo que hace Bolsonaro con su turba de fanáticos es lo que hace Feijóo (líder del PP) con los togados", ha lanzado el dirigente de la formación morada este lunes en rueda de prensa, para comparar el "secuestro" del Poder Judicial con los incidentes en Brasil, que a su juicio revela que la derecha "no respeta la democracia".
Mientras, su homóloga Isa Serra ha tildado de "indigno" y "vergonzoso" el tuit reprochando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que los sucesos en Brasil serían "simples desórdenes públicos" en España tras la reforma del Código Penal. Y tras indicar que "minusvalorar lo ocurrido en Brasil es problemátivo y visualiza que la derecha "no tiene respeto por la democracia" y sí por la "tradición golpista", ha acusado al PP de que sus gobiernos autonómicos con apoyo de la extrema derecha, en referencia a Vox, es "un golpe a la democracia" en línea con su actitud respecto al CGPJ. Durante su comparecencia, los dos dirigentes de Podemos han expresado su "condena rotunda" al "golpe de Estado" en Brasil y han mandado todo su apoyo al pueblo brasileño y su nuevo presidente, Lula da Silva.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado de "inquietante" que lo primero que ha hecho el PP haya sido criticar al presidente del Gobierno, en el tuit de ayer de Cuca Gamarra, al advertir de que en España el asalto al Congreso que se ha producido en Brasil serían desordenes públicos agravados. Además, ha advertido hoy de que la "ultraderecha extremista" es "un peligro para la convivencia en Brasil y en el resto del mundo".
Félix Bolaños se ha referido al tuit que ayer escribió la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en el que advierte de que los hechos de Brasil en España estarían tipificados como desordenes públicos agravados tras la última modificación del Código Penal en la que se suprime el delito de sedición. "Me resulta muy inquietante que lo primero que tenga que decir el PP cuando se están produciendo unos hechos tan graves en Brasil sea criticar a Pedro Sánchez y sea criticar con un desconocimiento tan abismal como el que ayer se demostró en ese tuit", ha exclamado el ministro de la Presidencia. Ha dicho temer que "el desconocimiento de los temas no es un problema que aqueja solo a Feijóo, también a los que le rodean".