Emilia Romaña, el enclave italiano con mayor riesgo hidrogeológico y la falta de prevención

Italia vive aún una emergencia, voluntarios, protección civil y bomberos trabajan sin descanso casi una semana después del aluvión que ha golpeado la región nororiental de la Emilia-Romaña. Con el paso de las horas y mientras las aguas se retiran hacia los canales, dejando a su paso un mar de fango en terrenos y viviendas, la opinión pública italiana empieza a cuestionarse por qué no se pusieron en marcha unas medidas de prevención adecuadas que, aunque no podía prever la llegada de este fenómeno meteorológico extremo que no se veía en décadas, si podía evitar una catástrofe. En este momento el riesgo de derrumbamiento por la humedad del territorio aún es muy grande, 20 mil personas aún no pueden volver a casa y mientras Conselice, uno de los municipios más afectados, sigue aún inundado.

En la primera mitad del mes la región de la Emilia-Romaña vivió dos aluviones, el primero en los primeros tres días de mayo, el segundo, la pasada semana, cuando los campos ya aún no se habían recuperado de las primeras lluvias torrenciales, generando una situación dramática que ha dejado 14 víctimas. El ministro del Ambiente y de la Seguridad energética Gilberto Pichetto Fratin habló de esta como la región italiana en mayor riesgo hidrogeológico, un dato que cerciora el Instituto superior para la protección y la investigación ambiental (Ispra) que publica una serie de estadísticas sobre la materia. Las últimas pertenecen a 2021 y ya se marca claramente que el 45,6% del territorio se encuentra en riesgo medio de aluvión, el dato mayor entre las regiones y un 11,6% de ese porcentaje está en riesgo alto. 

En la zona cero de la catástrofe muchos agricultores aceptaron renunciar a sus cosechas, con daños aún difíciles de calcular, para salvar los municipios aledaños de unas inundaciones que amenazaban, no solo con generar una situación caótica, sino con aislar pueblos enteros. Los vecinos afectados denuncian desde hace días todas las medidas que los diferentes gobiernos centrales y regionales no han tomado en la última década, limpiando ríos y reforzando diques para evitar el final fatal que se ha consumado y, dicen, se tiene que romper el mito de eficiencia que siempre acompaña al imagen de la Emilia-Romaña, en este caso, como en tantos otros en Italia con administraciones de todos los colores, se ha llegado tarde.

Desde 2010 con Stefania Prestigiacomo en el Ministerio del Ambiente se han establecido planes para proteger “el territorio frágil”, tanto ella como sus sucesores ponen en marcha procedimientos que no llegan nunca, no solo a no completarse, en muchas ocasiones no consiguen ni inciar los trabajos de manutención. El sucesor llega y rehace otro plan de actuación que con una lenta burocracia y una media de duración de los gobiernos en Italia de un año y medio no se ponen nunca en marcha. Un ejemplo reciente son los 8,4 mil millones de euros que puso a disposición el Gobierno Draghi en un Plan nacional de Energía y Clima (Pneic en sus siglas en italiano), que ya heredaba de anteriores ejecutivos desde 2018, pero que tampoco fueron usados. En el caso del actual Gobierno Meloni, que ya ha vivido además del actual desastre de la Emilia Romaña, el aluvión en la isla de Ischia con 12 víctimas el pasado mes de noviembre, ha puesto en marcha un grupo de trabajo interministerial para generar un cuadro de intervenciones, aún sin determinar. 

Entre fondos nacionales y europeos unos 21 mil millones de euros hasta 2030 están destinados a la defensa del territorio, pero por ahora no ha habido controles. Pero la gestión insuficiente en las medidas de prevención no solo depende de las medidas y los fondos destinados a nivel estatal, las regiones tienen también un papel fundamental en las funciones de control del territorio. El periódico digital Open, pocas horas después de que más de 40 ayuntamientos quedasen sumergidos en el agua, publicó un dato muy destacable: la Corte dei Conti (el Tribunal de Cuentas italiano) establece que fueron devueltos más de 55 millones de euros de los 71,9 recibidos por el Ministerio de Infraestructuras, para la manutención y seguridad de los cursos de agua de la región, por no haber podido ser gastados en los plazos preestablecidos. 

La región de Emilia-Romaña con Stefano Bonaccini, del Partido Democratico, al mando desde 2014, ha explicado tras la publicación de estas cifras, que define como “engañosas”, que no tienen que ver con el riesgo hidrogeológico y que estaban destinados a la navegación por el Río Po, el más importante del país y que también pasa por la región en cuestión. Esta justificación intenta explicar que el drama ocurrido no se puede vincular directamente como una consecuencia de esos fondos que no fueron usados. El Tribunal de Cuentas ha aclarado a otros medios italianos que no intentaba transmitir un causa-efecto, pero que se trabaja para determinar cuánto haya podido afectar esa financiación que nunca llegó a gastarse. 

Mientras tanto Codacons, la principal asociación por la defensa en la defensa de los consumidores, ha puesto una denuncia ante la fiscalía de Bolonia, Ravenna y Forlì para aclarar las responsabilidades civiles y penales de las autoridades locales en el uso correcto de los fondos públicos y las acciones de prevención que podrían haber evitado que tras estas lluvias extraordinarias, que los meteorólogos ya relacionan sin duda al cambio climático, hayan destruido este enclave italiano.