Dos años se han cumplido esta semana de una de las mayores crisis migratorias de la historia contemporánea española. Entre los días 17 y 18 de mayo de 2021 en torno a 12.000 jóvenes, la mayoría magrebíes aunque también subsaharianos –y unos 1.500 de ellos menores-, accedieron a la ciudad autónoma de Ceuta gracias a la cooperación de las fuerzas de seguridad marroquíes que custodian la frontera.

Un episodio que marcó el cénit de la última crisis diplomática entre Rabat y Madrid, que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez superó menos de un año después, en marzo del año pasado, al apoyar públicamente mediante una carta enviada al rey Mohamed VI el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. Nunca como entonces en los últimos años las autoridades españolas vieron con tanta crudeza la gravedad del riesgo de no mantener buenas relaciones con Marruecos, guardián de las fronteras españolas y europeas. Unas horas de inhibición marroquí bastaban para crear a España una situación de emergencia nacional.

Durante 48 horas la ciudad autónoma –de casi 85.000 habitantes- se vio completamente desbordada por la situación, que obligó a intervenir al Ejército español en la frontera. Desde los mandos de la Gendarmería marroquí se aseguraba que la incapacidad propia a la hora de controlar la marea humana que acabó cruzando el espigón del Tarajal se debía a la fatiga y el cansancio vinculados al Ramadán, mientras desde el Gobierno de Marruecos se guardaba silencio.

Sin embargo, la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, dejó una frase que no admitía demasiados equívocos, una frase casi para la posteridad: “Hay actos que tienen consecuencias, y se tienen que asumir”; una alusión clara a la decisión de las autoridades españolas de admitir la entrada –para ser tratado en un hospital de Logroño-, una entrada rocambolesca, perfil falso mediante, del líder del Frente Polisario, Ibrahim Ghali. Rabat llamaría a consultas a la diplomática el 18 de mayo de 2021. No regresaría a la capital de España hasta marzo de un año más tarde.

La mayoría de jóvenes, convocados en redes sociales en las horas y días previos y llegados desde todo Marruecos, fundamentalmente desde la provincia de Tetuán –este periodista fue testigo de las historias personales de algunos migrantes que recorrieron el país entero, a pie y en autoestop, hasta alcanzar la fronteriza Castillejos-, abandonaría la ciudad autónoma en las horas y días siguientes al episodio.

Aunque la crisis bilateral tocó fondo en la crisis migratoria de Ceuta, lo cierto es que se había venido gestando desde finales del año anterior, cuando a ojos de la monarquía alauita el ala gubernamental de Unidas Podemos estaban poniendo en peligro la relación entre los dos países al apoyar abiertamente la autodeterminación saharaui. No fue del agrado de Rabat la defensa pública del entonces vicepresidente segundo y líder de Podemos Pablo Iglesias de la celebración –a través de un tuit que publicó el 15 de noviembre de 2020- de un referéndum de autodeterminación para solucionar el problema del Sáhara, una iniciativa que la diplomacia española hacía tiempo que había dejado de apoyar.

El mensaje del líder de la formación morada coincidía además con dos hechos capitales que revolucionarían la política exterior de Marruecos sin los cuales no puede entenderse la crisis con Madrid: la normalización de relaciones con el Estado de Israel dos décadas después de la Segunda Intifada y el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Rabat se adhería en diciembre de 2020 a los Acuerdos de Abraham, mediante los cuales Tel Aviv acababa de establecer por primera vez relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, y empezaba de esta manera, tras un inicio de marcado perfil bajo, una relación entusiasta y ambiciosa con Israel que se manifiesta hoy en los frentes político y económico y también en el ámbito de la defensa y la seguridad –algo inédito entre Israel y los países árabes. Desde entonces Marruecos esperaba de España, su principal socio comercial y vecino, que siguiera los pasos de la Administración Trump. No iba a ocurrir hasta casi un año después.

Lo ocurrido en Ceuta tendría también repercusiones negativas para Marruecos. Las imágenes de la invasión de la ciudad autónoma, incluidas las labores de asistencia a los menores por parte de los militares españoles desplazados a la frontera y de organizaciones como la Cruz Roja, daban la vuelta al mundo. No eran únicamente los medios de comunicación españoles; medios de prestigio internacional como The New York Times mostraban en su portada una instantánea de la playa del Tarajal. El daño a la imagen del reino norteafricano estaba hecho.

Apenas unos días después, el 10 de junio, el Parlamento Europeo aprobaba por unanimidad una resolución en la que se rechazaba la actuación de las autoridades marroquíes en la crisis de Ceuta, en tanto a juicio de los eurodiputados Rabat había hecho uso político de la baza migratoria para ejercer presión contra España. Aunque seguirían meses de zozobra en las relaciones bilaterales, Marruecos no volvería a repetir una acción semejante. En las dos citas de la nueva etapa las dos administraciones se comprometieron a evitar “acciones unilaterales”.

El apacible momento en la frontera sur

Dos años después de vivir su peor momento, las relaciones hispano-marroquíes son hoy, a juzgar por las declaraciones de ambos gobiernos, “excelentes”. El apoyo del Gobierno de Sánchez a Marruecos en el Sáhara –a pesar de las discrepancias en la materia con sus socios de Unidas Podemos; recientemente la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, calificaba a Marruecos de “dictadura” en un programa de televisión- han permitido reducir drásticamente la migración irregular procedente de Marruecos a las costas canarias y andaluzas, amén de en las fronteras de Ceuta y Melilla. Sin duda, el gran quebradero de cabeza para Pedro Sánchez y su ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.

Por otra parte, los temores a que la indisposición con Argelia –el régimen argelino enfureció con el fin de la neutralidad española en el Sáhara y veta desde hace casi un año a los empresarios españoles- supusieran, como medida de represalia, un incremento acusado de la llegada de migrantes irregulares desde Argelia a las costas de Baleares no se han cumplido.

El mayor hito de la nueva etapa en las relaciones bilaterales fue la celebración en Rabat los pasados días 1 y 2 de febrero de la XII Reunión de Alto Nivel España-Marruecos después de más se siete años sin convocarse, aunque la cita, más simbólica que otra cosa, se cerraría con una panoplia de acuerdos menores y sin avanzar en ninguno de los grandes frentes de conflicto entre los dos Estados, entre ellos la delimitación de las fronteras marítimas entre Marruecos y Canarias o la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla. Por primera vez en un encuentro de este tipo, el rey de Marruecos no recibió al presidente del Gobierno, al que emplazó a una nueva visita a Rabat “muy pronto”, algo que no se ha producido aún.

14 meses han transcurrido desde que con su carta al rey Mohamed VI, en la que presidente del Gobierno calificaba la propuesta marroquí de autonomía como “la base más seria, realista y creíble” para la resolución del largo conflicto –el original de la misiva sigue sin hacerse público pese a la insistencia de los diputados de la oposición. El giro en el Sáhara zanjaba la crisis bilateral y restablecía los puentes con Rabat, pero España sigue esperando de Marruecos luz verde para abrir definitivamente las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla –a las que el fin del contrabando, la pandemia y el cierre de fronteras con Marruecos han castigado duramente-, una de las promesas de Sánchez para la nueva etapa. Mucho, casi todo, ha ocurrido en los dos años transcurridos desde la crisis del Tarajal, desde una crisis diplomática descarnada hasta el apacible aunque incierto horizonte actual pasando por una lenta vuelta a la normalidad: nada es ya igual a las vísperas de los infames días de mayo de 2021.