Las autoridades de Singapur han ejecutado a un preso condenado a muerte por su implicación en el tráfico de poco más de un kilo de cannabis. La sentencia se ha llevado a cabo, a pesar de que en los últimos días asociaciones internacionales reclamaban al país asiático una moratoria sobre este y otros casos
La ONG Amnistía Internacional ha confirmado este miércoles la ejecución de Tangaraju Suppiah, de 46 años. Fue ahorcado en la prisión de Changi, en una medida "ilegal" a ojos de la organización, que ha puesto en cuestión desde las características del proceso al fondo del caso en sí.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2013, cuando Suppiah fue identificado como supuesto coordinador en el tráfico ilícito de 1.017 gramos de cannabis, pese a que nunca llegó a recibir la droga. Su condena, dictada en 2018, se basó principalmente en las declaraciones iniciales ante la Policía, y en el testimonio de los otros dos acusados.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos también ha expresado su "preocupación" por las posibles irregularidades durante el proceso, recordando a Singapur que debe respetar sus "obligaciones internacionales" para garantizar, entre otras cuestiones, que todos acusados tengan "derecho a un juicio justo".
La subdirectora de Amnistía para la región, Ming Yu Hah, ha incidido además en que las políticas antidrogas adoptadas en Singapur "han fracasado no sólo a la hora de atajar su consumo y el acceso a ellas", sino también a la hora de ir más allá y responder a los "daños" asociados a este tipo de sustancias. Ming ha reclamado una moratoria inmediata de las ejecuciones en Singapur como paso previo a la "plena abolición" de la pena de muerte.
Singapur ha ejecutado a 12 personas desde marzo de 2022, después de pausar durante dos años este tipo de castigos. La última pena capital de la que se tenía constancia tuvo lugar en octubre de 2022.