El último ha sido el Consejo de Estado de Italia, hace solo unos días, que ha intervenido con una sentencia en la que prohíbe al Gobierno prorrogar, una vez más, las concesiones en la gestión de las playas privadas, los llamadas "establecimientos balnearios", que caducarán este 31 de diciembre. Pero no es el único, el mismo presidente de la República, Sergio Mattarella, pidió una intervención en el tema en una carta a los presidentes de la Cámara y del Senado el pasado 24 de febrero. Lo había hecho, además, en diversas declaraciones públicas recientes donde señalaba también que la apertura de los mercados era necesaria porque estaba incluida en los objetivos del Recovery Fund (PNRR en sus siglas en italiano). No solo eso, también Europa en numerosas ocasiones ha expresado su perplejidad, la última la Corte de Justicia europea que había señalado que “no es compatible con el derecho europeo la prórroga de las concesiones”. 

Así la norma introducida a través del decreto milleproroghe por el Gobierno Meloni proponía un nueva prórroga en estos contratos, las concesiones a los gestores de estas más de 7.000 playas, según datos del 2022, entrando en contraste directo con lo establecido por Europa. Bruselas espera, concretamente desde la apertura de un proceso de inflación en 2020, una actualización del sistema por parte de Italia. Que se haga, en definitiva, una reforma del sistema que corrija todos los errores marcados estos años en un sistema señalado en numerosas ocasiones como parcial, que hace ganar a unas pocas familias desde hace demasiado tiempo. Europa quiere que los países de la Unión modernicen sus legislaciones nacionales en el sector, en ningún caso que las prorroguen. 

Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno Meloni pero, desde hace décadas, el modo en el que las concesiones de las playas privadas son asignadas, renovándose automáticamente por precios muy bajos a las mismas familias, ha sido un problema político. Hace 15 años la Comisión Europea pidió oficialmente a Italia que liberalizase el sistema y diversos gobiernos, de todas los colores, han elegido no afrontar el cambio estructural y dejar la posible solución a los que vendrán. Esto, añadido a la duración media de un ejecutivo en Italia, de poco más de un año, que impide afrontar reformas complejas, ha enrocado el problema. Ahora parece que, al borde del precipicio, afrontarlo sea irremplazable. 

La situación espera ahora una nueva decisión del Gobierno, ante la imposibilidad de prorrogar. En los próximos días se ha convocado una reunión con las partes que, seguramente, ofrecerá nuevas directrices sobre lo que ocurrirá de cara al próximo año. A partir del 1 de enero de 2024 se deberán abrir de nuevo las convocatorias públicas para asignar la gestión de los 19,2 millones de metros cuadrados de playa a emprendedores que cumplan unas reglas aún por definir en la Ley de Competencia. Aspectos que van desde la calidad de los servicios, impacto ambiental, accesos adaptados para para personas con movilidad reducida y al uso libre del mar también para quien no paga sombrilla y hamaca. 

Lo que tantas asociaciones han denunciado durante estos años ha sido el desequilibrio de este negocio que mueve 2 mil millones de euros al año del que el Estado, cediendo su territorio que pertenece a todos los ciudadanos, obtiene una ganancia que ronda sólo los 103 millones. Muchos de los contratos, se calcula un 70%, se han quedado estancados con alquileres de hace décadas que no superan los 200 euros al mes, según los datos de la web de noticias nonsprecare.it. Todo esto cuando, para el usuario, puede llegar costar una sombrilla y una hamaca desde 30 euros por toda la jornada a 400 o 1.000 en los lugares más prestigiosos. El ejemplo es el conocido empresario Flavio Briatore que ha declarado que paga por su concesión unos 17.000 euros al año, un precio tan bajo que él mismo ha reconocido que el alquiler justo sería, al menos, de 100.000 euros al año. Su local a pie de playa, Twingo, uno de los más exclusivos de Italia, ha llegado a facturar, según sus propias palabras, en 2022 10 millones de euros. 

En febrero, la Comisión Europea invitó al Gobierno italiano de nuevo aplicar la llamada “directiva Bolkestein” que en 2006 corrige una normativa de 1992 que había paralizado el acceso a nuevos solicitantes a la gestión de las playas como "establecimientos balnearios". El alcalde de Lecce, ciudad turística de la costa sur de Italia, en la región de Apulia, Carlo Maria Salvemini, apela al Gobierno a cumplir esta directiva europea. Está en el cargo desde 2017 y ha sido siempre defensor de un cambio de ruta definitivo en esta polémica que, dice, va contra los propios propietarios de estas concesiones que, ahora “a solo unos meses de que caduque su gestión, no saben qué será de ellos ni cuáles serán los procesos para volver a concursar”. 

Este nudo, que se arrastra desde hace ya demasiados años, ha tenido un gran peso siempre en la política. “Creo que el poder ha sido sobredimensionado, la comunidad de los gestores de estas playas ha sido muy persuasiva a la hora de convencer a los diversos gobiernos que cumplir la directiva Bolkestein sería dañino para este país, pero esto va solo en contra de la propia categoría y del legislador”, dice el alcalde de Lecce a NIUS.