El mar Mediterráneo aún devuelve cuerpos del naufragio de hace 15 días en Cutro, en las costas calabresas, que suma ya casi 80 vidas perdidas en el mar, 24 de ellas niños. Mientras tanto un nuevo drama migratorio se ha consumado en las últimas horas, a pocas millas de distancia de esa zona cero, 30 personas han desaparecido y sólo 17 han podido salvarse cuando su barcaza, cercana a las costas de Libia, volcó este pasado fin de semana. La alarma sobre la precaria situación de los migrantes, atrapados entre olas de dos metros y medio y con una fuerza seis en el mar, llegó hace dos días al Centro de Coordinación en Roma por parte de algunas organizaciones. Se avisó, según las primeras reconstrucciones, a la Guardia Costera italiana, maltesa y libia. Pero ninguna salió en su encuentro, sino que alertaron a las naves mercantiles de la zona.

La cercanía orientaba el rescate a Trípoli, que alegó no tener medios suficientes para socorrer a las personas en peligro. Pero, en estos casos, ningún país cercano, incluida Italia, puede rechazar su responsabilidad. En base a la convención SAR de Hamburgo del 1979 entrada en vigor en 1985 las zonas de búsqueda y salvamento no corresponden a las fronteras marítimas existentes y en caso de alarma y evidente peligro, cada estado llamado a intervenir está obligado a hacerlo, aunque solo sea para coordinar el rescate. Libia argumentó la falta de herramientas suficientes para enfrentarse a la dureza del mar, pero es precisamente Italia, desde hace décadas con el acuerdo denominado Memorándum, renovado hace solo algunas semanas, la que financia parte de las operaciones de la Guardia Costera para frenar el flujo migratorio. Italia argumentó que estaba fuera de su zona de salvamento marítima. Bruselas explicó tras la tragedia que incrementará su apoyo a la Guardia Costera de Libia.

El clima es de tensión desde hace semanas en el Ejecutivo, la opinión pública transmite la preocupación por un problema en la gestión migratoria que parece encallado desde hace años. El Gobierno de Meloni visitó 11 días después del naufragio de Calabria la zona cero, Cutro, donde este pasado jueves debía debatir, en un Consejo de Ministros especial sobre el territorio, cuál sería la nueva hoja de ruta en la materia. La premier, decían las indiscreciones de la prensa italiana, acabó cediendo a la línea dura del Ministro de Infraestructuras y socio de coalición, Matteo Salvini, líder de la Liga. La parte más importante del documento hablaba de una verdadera cruzada contra los llamados scafisti, los mafiosos que trafican con las vidas de los migrantes haciéndoles acceder a un peligroso viaje a cambio de un futuro mejor en Europa. 

La norma prevé concretamente un aumento de las penas, que van de 20 a 30 años si pesa la acusación de varias muertes, para los traficantes que son interceptadas conduciendo las barcas en las que llegan los migrantes a las costas. Aunque, en muchas ocasiones, esas personas no permiten reconstruir todo el sistema mafioso que hay detrás en los países de origen. La premier prometió que el empeño del Gobierno era perseguir a estas personas que trafican con la vida de la gente “por todo el globo terráqueo”.

En las medidas incluidas por el Ejecutivo de derechas italiano se añaden otras pequeñas normas vinculadas a disminuir la entrada de los migrantes en Italia, también a través de vías legales. Aunque por un lado se alargan el tiempo para algunas categorías de migrantes que vienen a Italia con un permiso de trabajo, que aumenta de 1 año a 3, por otro no se concreta si aumentan las cuotas para ofrecer más plazas. Además, se anuncia la modificación del permiso de protección especial, que entró en vigor en 2020 con la ministra de Interior del Gobierno Draghi, Luciana Lamorgese, para ofrecer un permiso de residencia por razones humanitarias (si estas personas sufren, por ejemplo, discrimación por etnia o religión en su país de origen). 

Norma ya eliminada anteriormente por Salvini cuando estuvo en el mismo cargo en 2018. Meloni justificaba que esa modalidad había sido desproporcionada y, aunque no tiene efecto retroactivo para las miles de personas que actualmente trabajan en Italia con ese permiso, se debe renovar cada dos años lo cual pone en una situación incierta los que hasta ahora estaban cubiertos por esa normativa. En definitiva, el decreto retoca las modalidades de acogida existentes, pero, sobre todo, se centra en la persecución de los traficantes de migrantes. El discurso de todo el Ejecutivo, especialmente tras el naufragio de Cutro, se ha centrado en declarar la guerra al tráfico de personas. La tensión dentro de la coalición sobre la ruta a seguir en la política migratoria deja abiertas posibles modificaciones, aunque el presidente Mattarella ha ya firmado el decreto para su entrada en vigor.

Muchos más desembarcos en 2023

Las llegadas, a toda la costa sur italiana, siguen siendo constantes. Según datos del Ministerio del Interior a principios de marzo habían llegado ya a Italia más de 15.000 personas, 10.000 más que en el mismo periodo del año pasado. Este fin de semana ha sido un ejemplo especialmente significativo de esta tendencia al alza. Especialmente las llegadas se interceptan desde las costas de Túnez, por la inestabilidad interna. El sábado mil personas desembarcaron en Italia, cifra que suele alcanzarse en los meses de mayor tráfico como el verano, con condiciones climáticas especialmente favorables que actúan como un push factor. Entre los puertos más saturados, como sucede habitualmente, Lampedusa, la isla siciliana más al sur de Italia, a solo escasos 100 km de las costas tunecinas. Allí unas 2.000 personas convivían en pésimas condiciones en centro de acogida de la isla preparado solo para 400 plazas. En la jornada del lunes, de hecho, 700 personas han sido transferidas a otras partes del país.