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La Corte Penal Internacional ha emitido este viernes una orden de detención contra Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Como bien iba anunciando Estados Unidos, el mandatario ruso ha sido acusado de secuestro de miles de niños ucranianos, de los que estaría detrás María Lvova-Belova, con el fin de deportarlos a Rusia. Este crimen de guerra se habría estado produciendo en las zonas que el ejército ruso iba capturando durante la guerra de Ucrania. Unos delitos que el Kremlin niega constantemente.
Por el mismo delito, el Tribunal Penal Internacional (TPI), también habría emitido una orden de arresto contra la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación Rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova, informa la corte a través de un comunicado.
En dicho comunicado, la corte entiende que existen "motivos razonables" para creer que Vladimir Putin estaría detrás del secuestro de menores en Ucrania, un delito por el que tendría "responsabilidad penal individual", ya sea bien por su comisión "directa" o bien por haber sido incapaz de "ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos".
El Kremlin ha desmentido constantemente que esté deportando a menores ucranianos a la fuerza con destino a Rusia, negando las acusaciones vertidas por Kiev y sus aliados. Pero según el Gobierno ucraniano, al menos 16.000 niños han acabado desplazados en contra de su voluntad a territorio ruso desde que dió comienzo la guerra hace ya más de un año.
Por otro lado, un reciente estudio presentado en febrero por la Universidad de Yale denunciaba que al menos 6.000 niños ucranianos habían sido deportados a territorio ruso y repartidos en 40 internados del país.
Las órdenes de arresto de este viernes representan los primeros cargos internacionales presentados desde el comienzo del conflicto y llegan después de meses de trabajo de un equipo especial de investigación a las órdenes del fiscal jefe del TPI, Karim Khan. Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas.
Pero a pesar de las pruebas en su contra, la posibilidad de que el TPI pueda acabar juzgando a Putin por estos delitos es prácticamente imposible por varios motivos: la corte no puede atender casos 'in absentia' -ausencia- del acusado, Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma que sirve de cimiento legal para el tribunal, y el Kremlin no tiene la más mínima intención de entregar a ningún oficial ruso a la corte, como ya ha reiterado en numerosas ocasiones.
Sin embargo, el TPI sí que está capacitado, como mínimo, para imputar a Putin, dado que no reconoce la inmunidad para los jefes de Estado en casos de crímenes de guerra, crimen contra la Humanidad o genocidio.
Como nota particular, el TPI ha hecho un caso excepcional al identificar por nombre a Putin y Lvova-Belova, contra de la doctrina habitual que favorece el anonimato, al indicar que "el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos", particularmente el de la deportación infantil forzada, "que todavía continúa".